Con la intención de acallar las críticas y recuperar, en parte, la confianza perdida, el nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, anunció que, desde este lunes, un organismo interno está auditando los indicadores y procedimientos del Censo 2012.
Mediante un comunicado público, el reemplazante de Francisco Labbé, quien dimitió luego de ser acusado de manipular las cifras de la última encuesta censal, notificó además de la suspensión del sitio electrónico del Censo y de las ediciones impresas aún no distribuidas.
Esto, con el fin de llegar a la convicción de que los datos entregados poseen los niveles de confianza “propios de una institución técnica, profesional y de calidad”, según consigna el documento.
David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dijo que las tres medidas adoptadas por Coeymans son acertadas.
Sin embargo, y junto con afirmar que la indagatoria debe tener plazos acotados, Bravo aseguró que es fundamental, “para la recuperación de las confianzas”, la ejecución de una auditoría externa, tal y como lo solicita la propia Asociación de Funcionarios del INE.
“Esa auditoría tiene que valerse de la investigación que se haga a nivel interno, pero tiene que ser externa al INE y al Gobierno. Acá el principal daño que se ha cometido con el INE es un problema de credibilidad y eso se tiene que restablecer lo antes. Para ello se tienen que nombrar personas que puedan hacer esto de manera independiente al Gobierno”, dijo el experto.
El comunicado del INE concluye que esta entidad “se compromete a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de sus productos y a reforzar todos los mecanismos de validación”.
Esto, en referencia no sólo al Censo 2012, sino que también al IPC, indicador seriamente cuestionado. De acuerdo a información entregada por el INE, se conformará una comisión académica encargada de elaborar la nueva base metodológica de medición.
Sobre este punto, el economista Andrés Solimano, ex director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, evidenció sus reparos por la ausencia de actores relevantes en este tipo de instancias.
“Una comisión de expertos chilenos escogidos por la autoridad de gobierno llama a la pregunta sobre quiénes son los invitados. Hay muchas comisiones donde los integrantes son siempre los mismos. Hay que conversar con actores sociales y los trabajadores porque ellos están más cercanos a los costos de vida en la industria y también en el sector público”, indicó el doctor en Economía.
El experto enfatizó en que, tanto para las hipotéticas falencias del Censo 2012 como para el correcto cálculo del IPC, el Gobierno debería acudir a la asistencia técnica de la ONU o la OCDE.
Todo mientras la arista judicial sigue su curso a cargo de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.
Con la intención de acallar las críticas y recuperar, en parte, la confianza perdida, el nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, anunció que, desde este lunes, un organismo interno está auditando los indicadores y procedimientos del Censo 2012.
Mediante un comunicado público, el reemplazante de Francisco Labbé, quien dimitió luego de ser acusado de manipular las cifras de la última encuesta censal, notificó además de la suspensión del sitio electrónico del Censo y de las ediciones impresas aún no distribuidas.
Esto, con el fin de llegar a la convicción de que los datos entregados poseen los niveles de confianza “propios de una institución técnica, profesional y de calidad”, según consigna el documento.
David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dijo que las tres medidas adoptadas por Coeymans son acertadas.
Sin embargo, y junto con afirmar que la indagatoria debe tener plazos acotados, Bravo aseguró que es fundamental, “para la recuperación de las confianzas”, la ejecución de una auditoría externa, tal y como lo solicita la propia Asociación de Funcionarios del INE.
“Esa auditoría tiene que valerse de la investigación que se haga a nivel interno, pero tiene que ser externa al INE y al Gobierno. Acá el principal daño que se ha cometido con el INE es un problema de credibilidad y eso se tiene que restablecer lo antes. Para ello se tienen que nombrar personas que puedan hacer esto de manera independiente al Gobierno”, dijo el experto.
El comunicado del INE concluye que esta entidad “se compromete a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de sus productos y a reforzar todos los mecanismos de validación”.
Esto, en referencia no sólo al Censo 2012, sino que también al IPC, indicador seriamente cuestionado. De acuerdo a información entregada por el INE, se conformará una comisión académica encargada de elaborar la nueva base metodológica de medición.
Sobre este punto, el economista Andrés Solimano, ex director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, evidenció sus reparos por la ausencia de actores relevantes en este tipo de instancias.
“Una comisión de expertos chilenos escogidos por la autoridad de gobierno llama a la pregunta sobre quiénes son los invitados. Hay muchas comisiones donde los integrantes son siempre los mismos. Hay que conversar con actores sociales y los trabajadores porque ellos están más cercanos a los costos de vida en la industria y también en el sector público”, indicó el doctor en Economía.
El experto enfatizó en que, tanto para las hipotéticas falencias del Censo 2012 como para el correcto cálculo del IPC, el Gobierno debería acudir a la asistencia técnica de la ONU o la OCDE.
Todo mientras la arista judicial sigue su curso a cargo de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.
Con la intención de acallar las críticas y recuperar, en parte, la confianza perdida, el nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, anunció que, desde este lunes, un organismo interno está auditando los indicadores y procedimientos del Censo 2012.
Mediante un comunicado público, el reemplazante de Francisco Labbé, quien dimitió luego de ser acusado de manipular las cifras de la última encuesta censal, notificó además de la suspensión del sitio electrónico del Censo y de las ediciones impresas aún no distribuidas.
Esto, con el fin de llegar a la convicción de que los datos entregados poseen los niveles de confianza “propios de una institución técnica, profesional y de calidad”, según consigna el documento.
David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dijo que las tres medidas adoptadas por Coeymans son acertadas.
Sin embargo, y junto con afirmar que la indagatoria debe tener plazos acotados, Bravo aseguró que es fundamental, “para la recuperación de las confianzas”, la ejecución de una auditoría externa, tal y como lo solicita la propia Asociación de Funcionarios del INE.
“Esa auditoría tiene que valerse de la investigación que se haga a nivel interno, pero tiene que ser externa al INE y al Gobierno. Acá el principal daño que se ha cometido con el INE es un problema de credibilidad y eso se tiene que restablecer lo antes. Para ello se tienen que nombrar personas que puedan hacer esto de manera independiente al Gobierno”, dijo el experto.
El comunicado del INE concluye que esta entidad “se compromete a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de sus productos y a reforzar todos los mecanismos de validación”.
Esto, en referencia no sólo al Censo 2012, sino que también al IPC, indicador seriamente cuestionado. De acuerdo a información entregada por el INE, se conformará una comisión académica encargada de elaborar la nueva base metodológica de medición.
Sobre este punto, el economista Andrés Solimano, ex director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, evidenció sus reparos por la ausencia de actores relevantes en este tipo de instancias.
“Una comisión de expertos chilenos escogidos por la autoridad de gobierno llama a la pregunta sobre quiénes son los invitados. Hay muchas comisiones donde los integrantes son siempre los mismos. Hay que conversar con actores sociales y los trabajadores porque ellos están más cercanos a los costos de vida en la industria y también en el sector público”, indicó el doctor en Economía.
El experto enfatizó en que, tanto para las hipotéticas falencias del Censo 2012 como para el correcto cálculo del IPC, el Gobierno debería acudir a la asistencia técnica de la ONU o la OCDE.
Todo mientras la arista judicial sigue su curso a cargo de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.
