La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de ilegalidad presentado por el Servicio de Impuestos Internos(SII) en contra del Consejo para la Transparencia, en el que invocó el “secreto tributario” para oponerse a entregar información relacionada con el llamado “perdonazo Johnson’s”.
De esta manera, el tribunal de alzada ordenó a Impuestos Internos acatar el fallo del Consejo y entregar al requirente Daniel Velásquez, copia de las resoluciones o actos administrativos dictados durante 2011 y que culminaron en la condonación tributaria a la multitienda, por un monto ascendente a 119 millones de dólares.
Las ministras María Soledad Melo y María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga rechazaron el argumento de “secreto tributario”, enfatizando en que “los legitimados activos para hacerlo son los contribuyentes”.
Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, señaló que este fallo viene a confirmar que muchos de los procedimientos que fueron parte del “perdonazo” no estaban sujetos a esta figura legal.
En este sentido, el dirigente del Servicio indicó que “esto afianza una vez más nuestra visión en términos de que Julio Pereira, Mario Vila y los miembros de la Dirección que estaban comprometidos con este caso, ocuparon todas las herramientas legales posibles de forma abusiva para mantener en secreto sus actuaciones, y hoy la Corte de Apelaciones de la misma manera que lo hizo el Consejo de Transparencia, en su momento, ratifica que lo planteado en documentos públicos, en cuanto vienen a esclarecer, son actuaciones de funcionarios del Estado en cumplimiento de facultades que le están otorgadas”.
Sin embargo, el dirigente advirtió que la entrega de estos documentos no está garantizada.
Por esto, el presidente de los funcionarios del SII enfatizó que “conociendo el actuar de los directivos del Servicio, lo más probable es que busquen formas de apelación para seguir extendiendo este procedimiento de forma inoficiosa. Es claro que la entrega pública de estos antecedentes clarifica algunos elementos que todavía no están claros en la ciudadanía y los funcionarios y tiene que ver con cuáles fueron finalmente las condonaciones que se autorizaron, de qué volumen son, quién las autorizó, cuestión que hasta la fecha ha sido incapaz de esclarecer Julio Pereira”.
La investigación que inició la Contraloría General de la República se encuentra en su etapa final. Cabe recordar que ya se notificó a Julio Pereira que no se levantarían cargos en su contra.
Por ello, el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión investigadora de este caso, dijo esperar que estos antecedentes sirvan para reabrir la etapa investigativa.
En esa perspectiva, el parlamentario dijo que “yo espero que estos antecedentes los pueda revisar Contraloría antes del fallo definitivo porque pueden efectivamente entregar antecedentes que no han estado a la vista, ni en nuestra comisión investigadora, ni de la Contraloría y podría sin duda cambiar un poco el derrotero del tema porque podría entregar antecedentes de que hubo parte del procedimiento en el cual el director estuvo involucrado directamente o instruyó algo respecto del tema y creo que eso cambiaría por completo el escenario”.
El Servicio de Impuestos Internos dispone de 15 días hábiles para recurrir a la Corte Suprema, en caso de no hacerlo deberá, en un plazo de 10 días, entregar toda la información requerida, tal y como lo estableció el Consejo para la Transparencia.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de ilegalidad presentado por el Servicio de Impuestos Internos(SII) en contra del Consejo para la Transparencia, en el que invocó el “secreto tributario” para oponerse a entregar información relacionada con el llamado “perdonazo Johnson’s”.
De esta manera, el tribunal de alzada ordenó a Impuestos Internos acatar el fallo del Consejo y entregar al requirente Daniel Velásquez, copia de las resoluciones o actos administrativos dictados durante 2011 y que culminaron en la condonación tributaria a la multitienda, por un monto ascendente a 119 millones de dólares.
Las ministras María Soledad Melo y María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga rechazaron el argumento de “secreto tributario”, enfatizando en que “los legitimados activos para hacerlo son los contribuyentes”.
Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, señaló que este fallo viene a confirmar que muchos de los procedimientos que fueron parte del “perdonazo” no estaban sujetos a esta figura legal.
En este sentido, el dirigente del Servicio indicó que “esto afianza una vez más nuestra visión en términos de que Julio Pereira, Mario Vila y los miembros de la Dirección que estaban comprometidos con este caso, ocuparon todas las herramientas legales posibles de forma abusiva para mantener en secreto sus actuaciones, y hoy la Corte de Apelaciones de la misma manera que lo hizo el Consejo de Transparencia, en su momento, ratifica que lo planteado en documentos públicos, en cuanto vienen a esclarecer, son actuaciones de funcionarios del Estado en cumplimiento de facultades que le están otorgadas”.
Sin embargo, el dirigente advirtió que la entrega de estos documentos no está garantizada.
Por esto, el presidente de los funcionarios del SII enfatizó que “conociendo el actuar de los directivos del Servicio, lo más probable es que busquen formas de apelación para seguir extendiendo este procedimiento de forma inoficiosa. Es claro que la entrega pública de estos antecedentes clarifica algunos elementos que todavía no están claros en la ciudadanía y los funcionarios y tiene que ver con cuáles fueron finalmente las condonaciones que se autorizaron, de qué volumen son, quién las autorizó, cuestión que hasta la fecha ha sido incapaz de esclarecer Julio Pereira”.
La investigación que inició la Contraloría General de la República se encuentra en su etapa final. Cabe recordar que ya se notificó a Julio Pereira que no se levantarían cargos en su contra.
Por ello, el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión investigadora de este caso, dijo esperar que estos antecedentes sirvan para reabrir la etapa investigativa.
En esa perspectiva, el parlamentario dijo que “yo espero que estos antecedentes los pueda revisar Contraloría antes del fallo definitivo porque pueden efectivamente entregar antecedentes que no han estado a la vista, ni en nuestra comisión investigadora, ni de la Contraloría y podría sin duda cambiar un poco el derrotero del tema porque podría entregar antecedentes de que hubo parte del procedimiento en el cual el director estuvo involucrado directamente o instruyó algo respecto del tema y creo que eso cambiaría por completo el escenario”.
El Servicio de Impuestos Internos dispone de 15 días hábiles para recurrir a la Corte Suprema, en caso de no hacerlo deberá, en un plazo de 10 días, entregar toda la información requerida, tal y como lo estableció el Consejo para la Transparencia.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de ilegalidad presentado por el Servicio de Impuestos Internos(SII) en contra del Consejo para la Transparencia, en el que invocó el “secreto tributario” para oponerse a entregar información relacionada con el llamado “perdonazo Johnson’s”.
De esta manera, el tribunal de alzada ordenó a Impuestos Internos acatar el fallo del Consejo y entregar al requirente Daniel Velásquez, copia de las resoluciones o actos administrativos dictados durante 2011 y que culminaron en la condonación tributaria a la multitienda, por un monto ascendente a 119 millones de dólares.
Las ministras María Soledad Melo y María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga rechazaron el argumento de “secreto tributario”, enfatizando en que “los legitimados activos para hacerlo son los contribuyentes”.
Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, señaló que este fallo viene a confirmar que muchos de los procedimientos que fueron parte del “perdonazo” no estaban sujetos a esta figura legal.
En este sentido, el dirigente del Servicio indicó que “esto afianza una vez más nuestra visión en términos de que Julio Pereira, Mario Vila y los miembros de la Dirección que estaban comprometidos con este caso, ocuparon todas las herramientas legales posibles de forma abusiva para mantener en secreto sus actuaciones, y hoy la Corte de Apelaciones de la misma manera que lo hizo el Consejo de Transparencia, en su momento, ratifica que lo planteado en documentos públicos, en cuanto vienen a esclarecer, son actuaciones de funcionarios del Estado en cumplimiento de facultades que le están otorgadas”.
Sin embargo, el dirigente advirtió que la entrega de estos documentos no está garantizada.
Por esto, el presidente de los funcionarios del SII enfatizó que “conociendo el actuar de los directivos del Servicio, lo más probable es que busquen formas de apelación para seguir extendiendo este procedimiento de forma inoficiosa. Es claro que la entrega pública de estos antecedentes clarifica algunos elementos que todavía no están claros en la ciudadanía y los funcionarios y tiene que ver con cuáles fueron finalmente las condonaciones que se autorizaron, de qué volumen son, quién las autorizó, cuestión que hasta la fecha ha sido incapaz de esclarecer Julio Pereira”.
La investigación que inició la Contraloría General de la República se encuentra en su etapa final. Cabe recordar que ya se notificó a Julio Pereira que no se levantarían cargos en su contra.
Por ello, el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión investigadora de este caso, dijo esperar que estos antecedentes sirvan para reabrir la etapa investigativa.
En esa perspectiva, el parlamentario dijo que “yo espero que estos antecedentes los pueda revisar Contraloría antes del fallo definitivo porque pueden efectivamente entregar antecedentes que no han estado a la vista, ni en nuestra comisión investigadora, ni de la Contraloría y podría sin duda cambiar un poco el derrotero del tema porque podría entregar antecedentes de que hubo parte del procedimiento en el cual el director estuvo involucrado directamente o instruyó algo respecto del tema y creo que eso cambiaría por completo el escenario”.
El Servicio de Impuestos Internos dispone de 15 días hábiles para recurrir a la Corte Suprema, en caso de no hacerlo deberá, en un plazo de 10 días, entregar toda la información requerida, tal y como lo estableció el Consejo para la Transparencia.
