La Superintendencia de Educación realizó una fiscalización a 4 mil 211 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 695 presentaron irregularidades en el registro de asistencia. Esta falta reviste especial gravedad, ya que este es el dato que utiliza el ministerio para entregar la subvención escolar a las escuelas del país
Un 17% del total que fue considerado un porcentaje menor, pero que amerita investigación y sanciones de hasta 40 millones de pesos. Registrar como presentes a alumnos que no están en clases, arreglar los datos en el libro de datos o pasar lista con lápiz grafito son parte de las principales anomalías detectadas en la revisión realizada durante marzo y abril.
El Superintendente del ramo, Manuel Casanueva, apuntó que es un objetivo primordial en el ministerio el vigilar hacia dónde se dirigen los fondos estatales, por lo que revisarán la asistencia en los establecimientos, independiente del motivo de la visita o inspección.
“No queremos alumnos presentes que en realidad están ausentes. No queremos alumnos con los cuales se está cobrando subvención del Estado y que finalmente no estén yendo a clases. Lo que más queremos es que los alumnos estén presentes, recibiendo una educación de calidad. Por lo mismo, en todas las visitas que estamos realizando a los colegios, siempre tomamos la asistencia”, explicó.
Para los analistas, la subvención es la punta del iceberg a la hora de analizar el financiamiento de la educación. Manuel Sepúlveda, sociólogo del área de política educativa en la Fundación Educación 2020, apuntó a los motivos que originan este ilícito.
“Lo lamentable es que hay incentivos que desvirtúan el foco de trabajo que debiesen tener los colegios, al estar preocupados los sostenedores de tener los recursos y tener que modificar estos datos para poder tener el financiamiento que necesitan, obviamente se pierde el foco de las cuestiones que son importantes. Lo importante es distinguir que puede haber algunos que estén falseando datos de manera absolutamente irregular y otros que lamentablemente responden al incentivo que tiene el sistema, al no entregar un financiamiento estable a las escuelas”, dijo Sepúlveda.
La diputada Cristina Girardi, integrante de la comisión de Educación en la Cámara Baja, destacó que el rol del Superintendente debe sumar nuevas fiscalizaciones, ya que no existen informes respecto de los gastos que incurren los sostenedores al recibir la subvención.
“Hay un tema que hay que reevaluar de fondo. Yo creo que la Superintendencia está haciendo lo más básico, no profundizando en lo que tiene que ver con la calidad de la educación que se está entregando versus los recursos en general que se están usando en la educación. Que la Superintendencia haga realmente una labor de fiscalización respecto de si los recursos públicos que se están entregando por parte del Estado a todos los establecimientos están cumpliendo el objetivo, si realmente se está invirtiendo en educación o no y de eso no hay ningún informe hasta el día de hoy”, expresó.
Desde el Parlamento existe atención a la labor de la Superintendencia, ya que por este motivo fue acusada y destituida la ex ministra Yasna Provoste, una investigación por desvío de fondos que superó los 600 millones de dólares.
La Superintendencia de Educación realizó una fiscalización a 4 mil 211 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 695 presentaron irregularidades en el registro de asistencia. Esta falta reviste especial gravedad, ya que este es el dato que utiliza el ministerio para entregar la subvención escolar a las escuelas del país
Un 17% del total que fue considerado un porcentaje menor, pero que amerita investigación y sanciones de hasta 40 millones de pesos. Registrar como presentes a alumnos que no están en clases, arreglar los datos en el libro de datos o pasar lista con lápiz grafito son parte de las principales anomalías detectadas en la revisión realizada durante marzo y abril.
El Superintendente del ramo, Manuel Casanueva, apuntó que es un objetivo primordial en el ministerio el vigilar hacia dónde se dirigen los fondos estatales, por lo que revisarán la asistencia en los establecimientos, independiente del motivo de la visita o inspección.
“No queremos alumnos presentes que en realidad están ausentes. No queremos alumnos con los cuales se está cobrando subvención del Estado y que finalmente no estén yendo a clases. Lo que más queremos es que los alumnos estén presentes, recibiendo una educación de calidad. Por lo mismo, en todas las visitas que estamos realizando a los colegios, siempre tomamos la asistencia”, explicó.
Para los analistas, la subvención es la punta del iceberg a la hora de analizar el financiamiento de la educación. Manuel Sepúlveda, sociólogo del área de política educativa en la Fundación Educación 2020, apuntó a los motivos que originan este ilícito.
“Lo lamentable es que hay incentivos que desvirtúan el foco de trabajo que debiesen tener los colegios, al estar preocupados los sostenedores de tener los recursos y tener que modificar estos datos para poder tener el financiamiento que necesitan, obviamente se pierde el foco de las cuestiones que son importantes. Lo importante es distinguir que puede haber algunos que estén falseando datos de manera absolutamente irregular y otros que lamentablemente responden al incentivo que tiene el sistema, al no entregar un financiamiento estable a las escuelas”, dijo Sepúlveda.
La diputada Cristina Girardi, integrante de la comisión de Educación en la Cámara Baja, destacó que el rol del Superintendente debe sumar nuevas fiscalizaciones, ya que no existen informes respecto de los gastos que incurren los sostenedores al recibir la subvención.
“Hay un tema que hay que reevaluar de fondo. Yo creo que la Superintendencia está haciendo lo más básico, no profundizando en lo que tiene que ver con la calidad de la educación que se está entregando versus los recursos en general que se están usando en la educación. Que la Superintendencia haga realmente una labor de fiscalización respecto de si los recursos públicos que se están entregando por parte del Estado a todos los establecimientos están cumpliendo el objetivo, si realmente se está invirtiendo en educación o no y de eso no hay ningún informe hasta el día de hoy”, expresó.
Desde el Parlamento existe atención a la labor de la Superintendencia, ya que por este motivo fue acusada y destituida la ex ministra Yasna Provoste, una investigación por desvío de fondos que superó los 600 millones de dólares.
La Superintendencia de Educación realizó una fiscalización a 4 mil 211 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 695 presentaron irregularidades en el registro de asistencia. Esta falta reviste especial gravedad, ya que este es el dato que utiliza el ministerio para entregar la subvención escolar a las escuelas del país
Un 17% del total que fue considerado un porcentaje menor, pero que amerita investigación y sanciones de hasta 40 millones de pesos. Registrar como presentes a alumnos que no están en clases, arreglar los datos en el libro de datos o pasar lista con lápiz grafito son parte de las principales anomalías detectadas en la revisión realizada durante marzo y abril.
El Superintendente del ramo, Manuel Casanueva, apuntó que es un objetivo primordial en el ministerio el vigilar hacia dónde se dirigen los fondos estatales, por lo que revisarán la asistencia en los establecimientos, independiente del motivo de la visita o inspección.
“No queremos alumnos presentes que en realidad están ausentes. No queremos alumnos con los cuales se está cobrando subvención del Estado y que finalmente no estén yendo a clases. Lo que más queremos es que los alumnos estén presentes, recibiendo una educación de calidad. Por lo mismo, en todas las visitas que estamos realizando a los colegios, siempre tomamos la asistencia”, explicó.
Para los analistas, la subvención es la punta del iceberg a la hora de analizar el financiamiento de la educación. Manuel Sepúlveda, sociólogo del área de política educativa en la Fundación Educación 2020, apuntó a los motivos que originan este ilícito.
“Lo lamentable es que hay incentivos que desvirtúan el foco de trabajo que debiesen tener los colegios, al estar preocupados los sostenedores de tener los recursos y tener que modificar estos datos para poder tener el financiamiento que necesitan, obviamente se pierde el foco de las cuestiones que son importantes. Lo importante es distinguir que puede haber algunos que estén falseando datos de manera absolutamente irregular y otros que lamentablemente responden al incentivo que tiene el sistema, al no entregar un financiamiento estable a las escuelas”, dijo Sepúlveda.
La diputada Cristina Girardi, integrante de la comisión de Educación en la Cámara Baja, destacó que el rol del Superintendente debe sumar nuevas fiscalizaciones, ya que no existen informes respecto de los gastos que incurren los sostenedores al recibir la subvención.
“Hay un tema que hay que reevaluar de fondo. Yo creo que la Superintendencia está haciendo lo más básico, no profundizando en lo que tiene que ver con la calidad de la educación que se está entregando versus los recursos en general que se están usando en la educación. Que la Superintendencia haga realmente una labor de fiscalización respecto de si los recursos públicos que se están entregando por parte del Estado a todos los establecimientos están cumpliendo el objetivo, si realmente se está invirtiendo en educación o no y de eso no hay ningún informe hasta el día de hoy”, expresó.
Desde el Parlamento existe atención a la labor de la Superintendencia, ya que por este motivo fue acusada y destituida la ex ministra Yasna Provoste, una investigación por desvío de fondos que superó los 600 millones de dólares.
