Directivos de Editorial Jurídica entregan recomendaciones luego de disolución del organismo
El Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile, encargada de la edición oficial de los Códigos de la República, decidió por unanimidad disolver el organismo, afectado por una fuerte crisis económica, para dar paso a una nueva forma de administración que será regulada a través de una ley proveniente del ministerio de Justicia.
Viernes 10 de mayo 2013 16:33 hrs.
Después de un largo periodo de incertidumbre, se llegó finalmente a un acuerdo. Esto después de que la Contraloría constatara los graves problemas económicos que afectaban a la Editorial Jurídica y que incluso el Senado enviara un acuerdo que disponía su disolución, lo que generó en su momento una fuerte polémica, ya que está establecido en la ley que sólo sus directores pueden acordarlo, y de forma unánime.
Sin embargo, el texto de los parlamentarios solicitaba al ministerio de Justicia que enviara un proyecto de ley disolviendo la editorial, pero después de escuchar al Consejo. Este solicitó a la autoridad una serie de requerimientos, sobre lo que se refirió el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Presidente de la Editorial, Roberto Nahum.
“Se cierra bajo esta forma actual, pero el fondo bibliográfico, el sello Andrés Bello, y el sello Editorial Jurídica de Chile, pasa a ser propiedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, destacó el académico.
Recordemos que el organismo surgió al alero de la facultad junto con la Biblioteca del Congreso Nacional en 1945, y en 1947 la ley le dio un carácter de corporación jurídica de derecho público. Esta designa al director del organismo. Allí fue cuando, debido a malas gestiones, ajenas a la injerencia del actual Consejo Directivo, la editorial cayó en crisis. En ese sentido, el decano de Derecho, reconoció que la ministra, Patricia Pérez, ha tenido “una disposición muy favorable en buscar una solución a este problema”.
Así se pudo llegar a la unanimidad necesaria para abrir la posibilidad de buscar una nueva forma de regulación a través de la ley. Esto después de un proceso largo, complejo y doloroso, según sostuvo la integrante del Consejo y también presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Olga Feliú, quien manifestó su preocupación por el futuro de la editorial y de los trabajadores.
“El Consejo aspira a que se acojan sus recomendaciones, y que esto se tramita con la mayor rapidez. Hay alrededor de 80 trabajadores que le preocupan al Consejo, para aclarar su situación lo antes posible. Que se finiquite su contrato con la editorial, y que puedan continuar sus funciones en la nueva entidad que estará a cargo de estas actividades”, indicó.
Se espera entones que el ministerio de Justicia pueda acoger las solicitudes expresadas por el Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile e incorporarlas en el proyecto de ley que deberá presentar próximamente, con la finalidad de que se pueda preservar, según indicaron los profesionales, la laboriosidad y seguridad jurídica con el que se han confeccionado los documentos oficiales hasta la fecha.
Después de un largo periodo de incertidumbre, se llegó finalmente a un acuerdo. Esto después de que la Contraloría constatara los graves problemas económicos que afectaban a la Editorial Jurídica y que incluso el Senado enviara un acuerdo que disponía su disolución, lo que generó en su momento una fuerte polémica, ya que está establecido en la ley que sólo sus directores pueden acordarlo, y de forma unánime.
Sin embargo, el texto de los parlamentarios solicitaba al ministerio de Justicia que enviara un proyecto de ley disolviendo la editorial, pero después de escuchar al Consejo. Este solicitó a la autoridad una serie de requerimientos, sobre lo que se refirió el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Presidente de la Editorial, Roberto Nahum.
“Se cierra bajo esta forma actual, pero el fondo bibliográfico, el sello Andrés Bello, y el sello Editorial Jurídica de Chile, pasa a ser propiedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, destacó el académico.
Recordemos que el organismo surgió al alero de la facultad junto con la Biblioteca del Congreso Nacional en 1945, y en 1947 la ley le dio un carácter de corporación jurídica de derecho público. Esta designa al director del organismo. Allí fue cuando, debido a malas gestiones, ajenas a la injerencia del actual Consejo Directivo, la editorial cayó en crisis. En ese sentido, el decano de Derecho, reconoció que la ministra, Patricia Pérez, ha tenido “una disposición muy favorable en buscar una solución a este problema”.
Así se pudo llegar a la unanimidad necesaria para abrir la posibilidad de buscar una nueva forma de regulación a través de la ley. Esto después de un proceso largo, complejo y doloroso, según sostuvo la integrante del Consejo y también presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Olga Feliú, quien manifestó su preocupación por el futuro de la editorial y de los trabajadores.
“El Consejo aspira a que se acojan sus recomendaciones, y que esto se tramita con la mayor rapidez. Hay alrededor de 80 trabajadores que le preocupan al Consejo, para aclarar su situación lo antes posible. Que se finiquite su contrato con la editorial, y que puedan continuar sus funciones en la nueva entidad que estará a cargo de estas actividades”, indicó.
Se espera entones que el ministerio de Justicia pueda acoger las solicitudes expresadas por el Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile e incorporarlas en el proyecto de ley que deberá presentar próximamente, con la finalidad de que se pueda preservar, según indicaron los profesionales, la laboriosidad y seguridad jurídica con el que se han confeccionado los documentos oficiales hasta la fecha.
Después de un largo periodo de incertidumbre, se llegó finalmente a un acuerdo. Esto después de que la Contraloría constatara los graves problemas económicos que afectaban a la Editorial Jurídica y que incluso el Senado enviara un acuerdo que disponía su disolución, lo que generó en su momento una fuerte polémica, ya que está establecido en la ley que sólo sus directores pueden acordarlo, y de forma unánime.
Sin embargo, el texto de los parlamentarios solicitaba al ministerio de Justicia que enviara un proyecto de ley disolviendo la editorial, pero después de escuchar al Consejo. Este solicitó a la autoridad una serie de requerimientos, sobre lo que se refirió el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Presidente de la Editorial, Roberto Nahum.
“Se cierra bajo esta forma actual, pero el fondo bibliográfico, el sello Andrés Bello, y el sello Editorial Jurídica de Chile, pasa a ser propiedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, destacó el académico.
Recordemos que el organismo surgió al alero de la facultad junto con la Biblioteca del Congreso Nacional en 1945, y en 1947 la ley le dio un carácter de corporación jurídica de derecho público. Esta designa al director del organismo. Allí fue cuando, debido a malas gestiones, ajenas a la injerencia del actual Consejo Directivo, la editorial cayó en crisis. En ese sentido, el decano de Derecho, reconoció que la ministra, Patricia Pérez, ha tenido “una disposición muy favorable en buscar una solución a este problema”.
Así se pudo llegar a la unanimidad necesaria para abrir la posibilidad de buscar una nueva forma de regulación a través de la ley. Esto después de un proceso largo, complejo y doloroso, según sostuvo la integrante del Consejo y también presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Olga Feliú, quien manifestó su preocupación por el futuro de la editorial y de los trabajadores.
“El Consejo aspira a que se acojan sus recomendaciones, y que esto se tramita con la mayor rapidez. Hay alrededor de 80 trabajadores que le preocupan al Consejo, para aclarar su situación lo antes posible. Que se finiquite su contrato con la editorial, y que puedan continuar sus funciones en la nueva entidad que estará a cargo de estas actividades”, indicó.
Se espera entones que el ministerio de Justicia pueda acoger las solicitudes expresadas por el Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile e incorporarlas en el proyecto de ley que deberá presentar próximamente, con la finalidad de que se pueda preservar, según indicaron los profesionales, la laboriosidad y seguridad jurídica con el que se han confeccionado los documentos oficiales hasta la fecha.
