Siguen los coletazos de la decisión adoptada por la Cámara Baja de entrar en un receso durante un mes previo a las elecciones del 17 de noviembre. Para esto se adelantarían sesiones y se aprovecharían dos semanas distritales, en un acuerdo similar al adoptado el año 2009 ad portas de la pasada elección presidencial.
El presidente de la Cámara, el UDI Edmundo Eluchans, afirmó que esta era una medida “realista” y que era mejor “sincerar las cosas” para evitar que no se pudieran realizar sesiones debido a la ausencia de los 60 parlamentarios necesarios para votar proyectos en tabla. El jefe de la bancada de senadores socialistas, Fidel Espinoza, también defendió la medida, la que comparó con una recuperación de clases.
“Nosotros hicimos todos los análisis habidos y por haber, se determinó que efectivamente en otros años ocurrió una situación similar, acomodando las sesiones para no distorsionar la agenda legislativa. Desde ese punto de vista, no hay que montar sobre la opinión pública una situación por evitar sesiones, están determinadas en semanas previas. Esto es como los colegios cuando recuperan clases, pero nosotros estamos adelantando esas sesiones”, indicó.
Sin embargo, el acuerdo no dejó conforme a todos parlamentarios. La diputada RN, Marcela Sabat, manifestó de inmediato su más absoluto rechazo, más aún en un contexto de desconfianza de la ciudadanía a los reales intereses de los integrantes del poder legislativo.
La parlamentaria apuntó que “esto vuelve a enlodar y le da la razón a los que los ponen en último lugar de la tabla de posicionamiento en calificar autoridades. Es reírse de los chilenos, de quienes nos eligieron, a quienes representamos”.
En esa línea, el diputado Pedro Browne, también de Renovación Nacional, afirmó que los alcaldes deben salir por el mes que están en campaña, sin goce de sueldo, con lo que se resuelve el conflicto de una forma “más acorde a los tiempos actuales”, y añadió que tal vez debieran analizar una solución de ese tipo.
Esta crítica ha sido compartida por movimientos sociales que han destacado el enorme grado de ausencias de los legisladores, en particular los días jueves, y los altos ingresos que reciben más allá de si están presentes o no en las sesiones. Además, se ha cuestionado las atribuciones que tienen los diputados y senadores, desde altísimos sueldos al fuero que les permite no ser investigados por la justicia.
Manuel Aris de la organización Ciudadano Inteligente, afirmó que se deben mejorar los mecanismos de acceso a la información: “Hay que tratar de buscar mecanismos para que los ciudadanos conozcamos si nuestros parlamentarios están asistiendo y cómo están invirtiendo los recursos, para evaluarlos y decidir si les entregamos nuestro voto. Estamos trabajando en una herramienta para saber antes de la elección de noviembre sobre la asistencia de los parlamentarios, los conflictos de intereses, para tomar una decisión informada en las próximas elecciones”.
El sociólogo y magíster en estudios políticos latinoamericanos advirtió que hay que estar atentos, ya que los legisladores tienen la opción de utilizar recursos provenientes de su dieta parlamentaria para financiar sus campañas a la relección, conducta que debe ser erradicada.
Siguen los coletazos de la decisión adoptada por la Cámara Baja de entrar en un receso durante un mes previo a las elecciones del 17 de noviembre. Para esto se adelantarían sesiones y se aprovecharían dos semanas distritales, en un acuerdo similar al adoptado el año 2009 ad portas de la pasada elección presidencial.
El presidente de la Cámara, el UDI Edmundo Eluchans, afirmó que esta era una medida “realista” y que era mejor “sincerar las cosas” para evitar que no se pudieran realizar sesiones debido a la ausencia de los 60 parlamentarios necesarios para votar proyectos en tabla. El jefe de la bancada de senadores socialistas, Fidel Espinoza, también defendió la medida, la que comparó con una recuperación de clases.
“Nosotros hicimos todos los análisis habidos y por haber, se determinó que efectivamente en otros años ocurrió una situación similar, acomodando las sesiones para no distorsionar la agenda legislativa. Desde ese punto de vista, no hay que montar sobre la opinión pública una situación por evitar sesiones, están determinadas en semanas previas. Esto es como los colegios cuando recuperan clases, pero nosotros estamos adelantando esas sesiones”, indicó.
Sin embargo, el acuerdo no dejó conforme a todos parlamentarios. La diputada RN, Marcela Sabat, manifestó de inmediato su más absoluto rechazo, más aún en un contexto de desconfianza de la ciudadanía a los reales intereses de los integrantes del poder legislativo.
La parlamentaria apuntó que “esto vuelve a enlodar y le da la razón a los que los ponen en último lugar de la tabla de posicionamiento en calificar autoridades. Es reírse de los chilenos, de quienes nos eligieron, a quienes representamos”.
En esa línea, el diputado Pedro Browne, también de Renovación Nacional, afirmó que los alcaldes deben salir por el mes que están en campaña, sin goce de sueldo, con lo que se resuelve el conflicto de una forma “más acorde a los tiempos actuales”, y añadió que tal vez debieran analizar una solución de ese tipo.
Esta crítica ha sido compartida por movimientos sociales que han destacado el enorme grado de ausencias de los legisladores, en particular los días jueves, y los altos ingresos que reciben más allá de si están presentes o no en las sesiones. Además, se ha cuestionado las atribuciones que tienen los diputados y senadores, desde altísimos sueldos al fuero que les permite no ser investigados por la justicia.
Manuel Aris de la organización Ciudadano Inteligente, afirmó que se deben mejorar los mecanismos de acceso a la información: “Hay que tratar de buscar mecanismos para que los ciudadanos conozcamos si nuestros parlamentarios están asistiendo y cómo están invirtiendo los recursos, para evaluarlos y decidir si les entregamos nuestro voto. Estamos trabajando en una herramienta para saber antes de la elección de noviembre sobre la asistencia de los parlamentarios, los conflictos de intereses, para tomar una decisión informada en las próximas elecciones”.
El sociólogo y magíster en estudios políticos latinoamericanos advirtió que hay que estar atentos, ya que los legisladores tienen la opción de utilizar recursos provenientes de su dieta parlamentaria para financiar sus campañas a la relección, conducta que debe ser erradicada.
Siguen los coletazos de la decisión adoptada por la Cámara Baja de entrar en un receso durante un mes previo a las elecciones del 17 de noviembre. Para esto se adelantarían sesiones y se aprovecharían dos semanas distritales, en un acuerdo similar al adoptado el año 2009 ad portas de la pasada elección presidencial.
El presidente de la Cámara, el UDI Edmundo Eluchans, afirmó que esta era una medida “realista” y que era mejor “sincerar las cosas” para evitar que no se pudieran realizar sesiones debido a la ausencia de los 60 parlamentarios necesarios para votar proyectos en tabla. El jefe de la bancada de senadores socialistas, Fidel Espinoza, también defendió la medida, la que comparó con una recuperación de clases.
“Nosotros hicimos todos los análisis habidos y por haber, se determinó que efectivamente en otros años ocurrió una situación similar, acomodando las sesiones para no distorsionar la agenda legislativa. Desde ese punto de vista, no hay que montar sobre la opinión pública una situación por evitar sesiones, están determinadas en semanas previas. Esto es como los colegios cuando recuperan clases, pero nosotros estamos adelantando esas sesiones”, indicó.
Sin embargo, el acuerdo no dejó conforme a todos parlamentarios. La diputada RN, Marcela Sabat, manifestó de inmediato su más absoluto rechazo, más aún en un contexto de desconfianza de la ciudadanía a los reales intereses de los integrantes del poder legislativo.
La parlamentaria apuntó que “esto vuelve a enlodar y le da la razón a los que los ponen en último lugar de la tabla de posicionamiento en calificar autoridades. Es reírse de los chilenos, de quienes nos eligieron, a quienes representamos”.
En esa línea, el diputado Pedro Browne, también de Renovación Nacional, afirmó que los alcaldes deben salir por el mes que están en campaña, sin goce de sueldo, con lo que se resuelve el conflicto de una forma “más acorde a los tiempos actuales”, y añadió que tal vez debieran analizar una solución de ese tipo.
Esta crítica ha sido compartida por movimientos sociales que han destacado el enorme grado de ausencias de los legisladores, en particular los días jueves, y los altos ingresos que reciben más allá de si están presentes o no en las sesiones. Además, se ha cuestionado las atribuciones que tienen los diputados y senadores, desde altísimos sueldos al fuero que les permite no ser investigados por la justicia.
Manuel Aris de la organización Ciudadano Inteligente, afirmó que se deben mejorar los mecanismos de acceso a la información: “Hay que tratar de buscar mecanismos para que los ciudadanos conozcamos si nuestros parlamentarios están asistiendo y cómo están invirtiendo los recursos, para evaluarlos y decidir si les entregamos nuestro voto. Estamos trabajando en una herramienta para saber antes de la elección de noviembre sobre la asistencia de los parlamentarios, los conflictos de intereses, para tomar una decisión informada en las próximas elecciones”.
El sociólogo y magíster en estudios políticos latinoamericanos advirtió que hay que estar atentos, ya que los legisladores tienen la opción de utilizar recursos provenientes de su dieta parlamentaria para financiar sus campañas a la relección, conducta que debe ser erradicada.
