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Año XIV, 9 de diciembre de 2022

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Ministra Schmidt envía al Ministerio Público antecedentes sobre irregularidades en 59 universidades

El Ministerio de Educación entregó a la Fiscalía la información de los estados financieros auditados de todas las universidades del país, con la finalidad que se indague las transacciones con personas o empresas relacionadas. La autoridad resaltó su falta de atribuciones para fiscalizar el tema y la Fiscalía dijo que hay un vacío legal y que el hecho de que haya transacciones entre empresas relacionadas no necesariamente es delito.

Helmuth Huerta

  Jueves 16 de mayo 2013 21:11 hrs. 
Carolina Schmidt

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La Ministra de Educación, Carolina Schmidt, se entrevistó con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, para entregarle la información de los estados financieros auditados de todas las universidades, para revisar si existen o no irregularidades en las transacciones  con personas o empresas relacionadas.

Se trata de la información de 59 instituciones de educación superior, tanto del Consejo de Rectores como de las privadas, de las cuales 53 tienen transacciones con personas o empresas relacionadas, lo cual “hoy día no están regulado o prohibido por la ley. Es por eso que en el ámbito de las facultades de la Fiscalía se debe investigar para ver la existencia de cualquier irregularidad”, expresó la ministra.

“La ley se debe cumplir en todos los aspectos y las universidades en Chile no pueden lucrar”, enfatizó Schmidt al entregar las carpetas.

La secretaria de Estado explicó, sin embargo, que no existe un delito en tener transacciones con empresas o personas relacionadas, porque la materia no está regulada. “Hoy no existe una regulación en nuestro sistema educacional que permita la entrega de atribuciones al Ministerio de Educación más que para justamente recolectar esta información”, resaltó Schmidt.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, calificó esta irregularidad como remota, ya que a la justicia sólo le compete ver si existen otros delitos detrás de esta información.

“La información que está trayéndose no da cuenta por si misma de delito, porque en Chile las universidades pueden tener empresas relacionadas, decir si eso es bueno o malo no corresponde a la Fiscalía. A la Fiscalía le corresponde investigar si eventualmente, utilizando la posibilidad que otorga la ley se está defraudando a alguien o se está lavando dinero, estafando o configurando algún delito”, expresó.

La limitación legal expresada por el Ministerio de Educación fue refutada por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela, porque a su juicio el Gobierno no envía proyectos para llenar el vacío.

“Es importante reiterar que el Congreso ha ofrecido todas las garantías para legislar en ese sentido y el Ministerio hasta el momento no lo ha querido ejecutar. Aquí lo relevante es como hoy día hay que cambiar este sistema y asegurar que realmente se termine con el lucro en la educación pero para eso necesitamos una Superintendencia de Educación que no lo blanquee sino que realmente termine con él”, acusó Vela.

Los antecedentes sobre empresas relacionadas ya fueron traspasados al fiscal Carlos Gajardo, en Viña del Mar, quien encabeza el equipo que investiga el ‘Caso Lucro en la Universidades’.

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