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Año XII, 27 de octubre de 2020

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Caso Maremoto

Fiscal Nacional rechaza petición para inhabilitar a Solange Huerta

El abogado querellante, Raúl Meza, solicitó la inhabilitación de la fiscal por no declarar como “imputable” a la ex presidenta Michelle Bachelet. Los intervinientes fueron notificados este viernes de la decisión del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien destacó el trabajo de Solange Huerta en la investigación por la emergencia del 27 de febrero.

radio.uchile.cl

  Viernes 24 de mayo 2013 18:20 hrs. 
huerta





La Fiscalía Nacional informó a los intervinientes del caso Maremoto que su principal autoridad, Sabas Chahuán, rechazó la petición del abogado querellante, Raúl Meza, de inhabilitar a la fiscal Solange Huerta en este caso.

La petición del abogado responde a la postura de Solange Huerta de negarse en reiteradas ocasiones a interrogar a la ex presidenta Bachelet, en calidad de imputada.

El 20 de mayo, Meza envió una carta a Chahuán, quien tomó la determinación que hoy fue comunicada. En el texto, señala que “una vez analizados los antecedentes del caso, los argumentos esgrimidos y la normativa citada en la presentación del abogado Sr. Meza Rodríguez, este Fiscal Nacional estima que no concurre causa legal alguna de inhabilitación que afecte a la Sra. Fiscal Metropolitana Occidente en términos que hagan necesario o al menos recomendable, dejar sin efecto su designación para referir la referida investigación”.

A renglón seguido, el texto postula que Solange Huerta “ha desarrollado sus funciones en la investigación con extraordinaria diligencia, acuciosidad y objetividad para todos los intervinientes, en la persecución penal encomendada”.

Conocida esta decisión, Raúl Meza declaró que la Fiscalía “tuvo una oportunidad única, irrepetible e histórica para darle a los familiares de las víctimas del tsunami, plenas garantías de independencia y autonomía del órgano persecutor penal. Sin embargo, optó por privilegiar ciegamente el respaldo corporativo institucional hacia un funcionario bajo su dependencia y con ello, postergar las legítimas aspiraciones de justicia de los familiares de las victimas en contra de las máximas autoridades políticas que asumieron el mando político y de autoridad el día 27 de febrero de 2010 en dependencias de la Onemi”.