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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Ley que protege a Carabineros es enviada al Congreso

Sebastián Piñera oficializó el envío de un proyecto de ley que aumenta las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones. El texto crea, además, una nueva figura legal para quienes atenten contra recintos o vehículos policiales y otorga mayores beneficios a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Desde el Congreso y la sociedad civil manifestaron su preocupación.

Narayan Vila

  Miércoles 29 de mayo 2013 20:18 hrs. 
carabineros

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En compañía de los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y Justicia, Patricia Pérez, además de los directores de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el mandatario firmó el proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes agredan, verbal o físicamente, a funcionarios policiales.

Según estipula el texto, una persona que insulte a un efectivo arriesga hasta 60 días de cárcel, pena que aumenta para quienes profieran amenazas o atenten contra vehículos o recintos policíacos, delitos que serán sancionados con hasta cinco años de presidio efectivo. En caso de una agresión grave, el castigo oscila entre los 10 y 20 años de reclusión.

Además, el mensaje propone incrementar las indemnizaciones para los funcionarios y sus familias, en caso de invalidez o muerte.

Sebastián Piñera señaló que la iniciativa legal pretende reforzar la imagen de autoridad de los efectivos policiales, lo que, a su juicio, se ha ido perdiendo durante los últimos años. Esto, añadió, “irá en directo beneficio de la ciudadanía”.

“Estoy convencido de que este proyecto de ley va a fortalecer la eficacia de nuestros carabineros, va a protegerlos y compensarlos mejor cuando sean víctimas de agresiones que les signifiquen invalidez o pérdida de la vida. Con este proyecto de ley los ciudadanos de nuestro país van a poder estar más seguros”, expresó.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile, aseguró que “es muy preocupante constatar que la violencia en manifestaciones se está viendo desde un solo lado”, aludiendo a la gran cantidad de denuncias de violencia policial, apremios ilegítimos e incluso torturas y secuestros cometidos por funcionarios policiales.

A juicio de Ana Piquer, la visión del Gobierno es sesgada, ya que estas acusaciones, que incluso han llegado al Ministerio Público, no han contado con la misma enérgica respuesta de parte del Ejecutivo.

“Todo aquello que se demuestre como violencia policial constituye violaciones a los derechos humanos de las personas y eso está siendo cometido por agentes del Estado. Entonces no es equivalente a una agresión a carabineros, porque es el Estado el que está reprimiendo y violando derechos humanos. No significa que el Estado no tenga que controlar el orden público, pero ese control tiene que ser dentro del marco del pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas”, precisó.

La diputada UDI María Angélica Cristi afirmó estar segura que la mayor parte de los chilenos está contenta con este proyecto de ley. Pese a ello, reconoció que el mensaje no genera consenso en la Cámara y difícilmente tenga una ágil tramitación.

Misma percepción tuvo el diputado socialista Alfonso de Urresti, miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, quien calificó la iniciativa, y particularmente el capítulo de sanciones por insultos, como “inconducente”.

“Obviamente no estamos de acuerdo en que se ejerza violencia en contra de carabineros pero también creemos que en un estado democrático, de derecho, se tiene que regular el legítimo derecho a la manifestación pública y ya existen los instrumentos legales para prevenir este tipo de situaciones y también es fundamental resguardar los excesos policiales que se puedan producir”, alertó.

Según aclaró el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la tipificación de un insulto como “grave” quedará al criterio de los jueces.

Consultado por las denuncias de secuestros y torturas, el titular del Interior aseguró que eso está en manos del Ministerio Público y que si los antecedentes arrojan responsabilidades de parte de miembros de la PDI, se aplicarán las medidas administrativas y penales correspondientes.

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