Después de que el miércoles expusieran los interventores y testigos, este jueves se escuchó a tres peritos. A Martin Scheinin, designado por la misma Corte le correspondió abrir la audiencia, dando cuenta de los estándares internacionales y contextualizando la discusión.
Luego, como perito propuesto por la parte querellante, le siguió el Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jorge Contesse, quien se puso acento en la estigmatización que vive el pueblo mapuche y profundizó en las afectaciones individuales y colectivas que tiene el uso de esta ley.
Al ser consultado sobre la reparación que debiera hacer el Estado, el jurista apuntó a normalizar nuestra legislación “el Estado chileno debe adecuar su legislación, y en el caso particular del pueblo Mapuche, hay una falta de comprensión por parte de los operadores del sistema de administración de justicia, por lo que se requiere de acciones de capacitación y de entendimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos”, afirmó.
Contesse afirmó que no hay que perder de vista que la aplicación de la ley es sumamente problemática, desproporcionada y discriminatoria, más aún cuando el pueblo mapuche es un grupo que, conforme al mismo Derecho Internacional, requiere una protección particular.
La audiencia siguió con la intervención del abogado del Estado, Claudio Fuentes Maureira quien contextualizó algunos aspectos del sistema penal en nuestro país y detalló sobre los mecanismos para prevenir los errores judiciales “Se debe implementar un tribunal colegiado, es decir de tres miembros, de esta forma ya no es un solo juez quien soporta todo el peso de la evidencia presentada, son tre jueces quienes observan todo el desarrollo del juicio oral”, apuntó. “
Así, la defensa se basó en la finalidad del sistema judicial chileno y sus garantías. Con esto finalizó el proceso y ahora el tribunal deberá decidir si falla en contra del Estado chileno, para lo que puede tomarse un plazo amplio debido a la magnitud del juicio.
En caso de que así sea, la Corte podría exigir a nuestro país que se tomen medidas para reparar el daño causado y, además, podría apuntar a que se realicen reformas institucionales para asegurar el pleno respeto los derechos de los pueblos indígenas, lo que podría implicar un llamado moderar la aplicación de esta ley e incluso modificarla.
Después de que el miércoles expusieran los interventores y testigos, este jueves se escuchó a tres peritos. A Martin Scheinin, designado por la misma Corte le correspondió abrir la audiencia, dando cuenta de los estándares internacionales y contextualizando la discusión.
Luego, como perito propuesto por la parte querellante, le siguió el Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jorge Contesse, quien se puso acento en la estigmatización que vive el pueblo mapuche y profundizó en las afectaciones individuales y colectivas que tiene el uso de esta ley.
Al ser consultado sobre la reparación que debiera hacer el Estado, el jurista apuntó a normalizar nuestra legislación “el Estado chileno debe adecuar su legislación, y en el caso particular del pueblo Mapuche, hay una falta de comprensión por parte de los operadores del sistema de administración de justicia, por lo que se requiere de acciones de capacitación y de entendimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos”, afirmó.
Contesse afirmó que no hay que perder de vista que la aplicación de la ley es sumamente problemática, desproporcionada y discriminatoria, más aún cuando el pueblo mapuche es un grupo que, conforme al mismo Derecho Internacional, requiere una protección particular.
La audiencia siguió con la intervención del abogado del Estado, Claudio Fuentes Maureira quien contextualizó algunos aspectos del sistema penal en nuestro país y detalló sobre los mecanismos para prevenir los errores judiciales “Se debe implementar un tribunal colegiado, es decir de tres miembros, de esta forma ya no es un solo juez quien soporta todo el peso de la evidencia presentada, son tre jueces quienes observan todo el desarrollo del juicio oral”, apuntó. “
Así, la defensa se basó en la finalidad del sistema judicial chileno y sus garantías. Con esto finalizó el proceso y ahora el tribunal deberá decidir si falla en contra del Estado chileno, para lo que puede tomarse un plazo amplio debido a la magnitud del juicio.
En caso de que así sea, la Corte podría exigir a nuestro país que se tomen medidas para reparar el daño causado y, además, podría apuntar a que se realicen reformas institucionales para asegurar el pleno respeto los derechos de los pueblos indígenas, lo que podría implicar un llamado moderar la aplicación de esta ley e incluso modificarla.
Después de que el miércoles expusieran los interventores y testigos, este jueves se escuchó a tres peritos. A Martin Scheinin, designado por la misma Corte le correspondió abrir la audiencia, dando cuenta de los estándares internacionales y contextualizando la discusión.
Luego, como perito propuesto por la parte querellante, le siguió el Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jorge Contesse, quien se puso acento en la estigmatización que vive el pueblo mapuche y profundizó en las afectaciones individuales y colectivas que tiene el uso de esta ley.
Al ser consultado sobre la reparación que debiera hacer el Estado, el jurista apuntó a normalizar nuestra legislación “el Estado chileno debe adecuar su legislación, y en el caso particular del pueblo Mapuche, hay una falta de comprensión por parte de los operadores del sistema de administración de justicia, por lo que se requiere de acciones de capacitación y de entendimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos”, afirmó.
Contesse afirmó que no hay que perder de vista que la aplicación de la ley es sumamente problemática, desproporcionada y discriminatoria, más aún cuando el pueblo mapuche es un grupo que, conforme al mismo Derecho Internacional, requiere una protección particular.
La audiencia siguió con la intervención del abogado del Estado, Claudio Fuentes Maureira quien contextualizó algunos aspectos del sistema penal en nuestro país y detalló sobre los mecanismos para prevenir los errores judiciales “Se debe implementar un tribunal colegiado, es decir de tres miembros, de esta forma ya no es un solo juez quien soporta todo el peso de la evidencia presentada, son tre jueces quienes observan todo el desarrollo del juicio oral”, apuntó. “
Así, la defensa se basó en la finalidad del sistema judicial chileno y sus garantías. Con esto finalizó el proceso y ahora el tribunal deberá decidir si falla en contra del Estado chileno, para lo que puede tomarse un plazo amplio debido a la magnitud del juicio.
En caso de que así sea, la Corte podría exigir a nuestro país que se tomen medidas para reparar el daño causado y, además, podría apuntar a que se realicen reformas institucionales para asegurar el pleno respeto los derechos de los pueblos indígenas, lo que podría implicar un llamado moderar la aplicación de esta ley e incluso modificarla.
