La llamada “Mesa de Consenso” está operando hoy bajo nuevas condiciones. Esto, después de que el viernes pasado los dirigentes de los Pueblos Indígenas que participan en ella amenazaran con retirarse debido a la falta de acuerdos en la forma en que se debe enfrentar la Consulta en el caso de los proyectos de Inversión.
Esta instancia surgió el 2011 después de que el gobierno anunciara su disposición de derogar el polémico Decreto 124 que regulaba la Consulta, con lo que comenzó “la Consulta de la Consulta” con la finalidad de consensuar el mecanismo más adecuado para la ejecutar este procedimiento.
Cecilia Flores, Presidenta del Consejo Nacional Aymara, afirmó que decidieron reintegrarse al organismo, después de una conversación con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
En aquella ocasión, “le planteamos los requerimientos que teníamos para continuar con la mesa, las condiciones porque, si con los representantes que habían puesto se había botado el diálogo era hora de que desde el gobierno elevaran el nivel de discusión en el sentido de las capacidades resolutivas que pudiese tener esa contraparte”, explica la dirigenta.
“En ese contexto es que nosotros solicitamos al gobierno reforzar la mesa con la presencia de dos subsecretarios”, agrega.
Cecilia Flores manifestó que tienen amplias expectativas de poder resolver los artículos en los que presentan diferencias, “sobre la base del mayor reconocimiento de derechos que se pueden generar desde el gobierno mediante este reglamento”.
Sin embargo, y pese a estar de acuerdo con la necesidad de regular la consulta, otros dirigentes criticaron el desarrollo del proceso. Los Pueblos del Norte emitieron una declaración invalidando la Mesa y sus acuerdos y apuntaron también a los comuneros que la integran, calificándolos de “poco representativos”.
En esto coincidió también la organización Pueblos Originarios Unidos (POU), para quienes estos líderes fueron “designados a dedo”. También criticaron que la Mesa se realizara vía CONADI, bajo el sello del consejero urbano, Marcial Colín, cercano al gobierno. Su vocero, Ariel León, declaró nulo el proceso y denunció la presencia de conflictos de interés de sus organizadores.
“Estamos en una campaña para denunciar el mal funcionamiento de la mesa y por cierto también hemos denunciado ante la opinión pública los conflictos de interés que invalidan al interlocutor del gobierno, que es Matías Abogabir Méndez, asesor presidencial de materias indígenas que posee acciones en Endesa e Hidroaysén y tiene lazos familiares con Juan Carlos Délano, dueño del grupo Penta, financista de la UDI y empresario minero”, detalló.
Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados también rechazaron todo articulado que pudiera llegar a aprobar la mesa y afirmaron que ninguna consulta que no considere las propias formas de organización de los indígenas ni a las autoridades tradicionales no es efectivo. Por eso, recomiendan partir desde el comienzo, definiendo una estructura representativa.
“Es una vía de participación democrática de los pueblos indígenas, donde puedan definir su representatividad y podamos definir la forma de participación efectiva que nosotros deseamos llevar y que, dentro del marco de derechos que nos protegen, podemos ejercer”, indicó Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Mapuche.
“Los consejos autónomos por pueblo son una instancia de autoconvocatoria propia de las comunidades, es el mecanismo que nosotros definimos previo a la “Consulta de la consulta””, agregó.
La Coordinadora del Encuentro de Autoridades y de la Asociación de Asociación de Profesionales Indígenas indicó que no es posible que se haya llegado a estas alturas, con un importante cuerpo de avance en el detalle de articulados para regular la Consulta, a través de un procedimiento tan viciado como este.
La llamada “Mesa de Consenso” está operando hoy bajo nuevas condiciones. Esto, después de que el viernes pasado los dirigentes de los Pueblos Indígenas que participan en ella amenazaran con retirarse debido a la falta de acuerdos en la forma en que se debe enfrentar la Consulta en el caso de los proyectos de Inversión.
Esta instancia surgió el 2011 después de que el gobierno anunciara su disposición de derogar el polémico Decreto 124 que regulaba la Consulta, con lo que comenzó “la Consulta de la Consulta” con la finalidad de consensuar el mecanismo más adecuado para la ejecutar este procedimiento.
Cecilia Flores, Presidenta del Consejo Nacional Aymara, afirmó que decidieron reintegrarse al organismo, después de una conversación con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
En aquella ocasión, “le planteamos los requerimientos que teníamos para continuar con la mesa, las condiciones porque, si con los representantes que habían puesto se había botado el diálogo era hora de que desde el gobierno elevaran el nivel de discusión en el sentido de las capacidades resolutivas que pudiese tener esa contraparte”, explica la dirigenta.
“En ese contexto es que nosotros solicitamos al gobierno reforzar la mesa con la presencia de dos subsecretarios”, agrega.
Cecilia Flores manifestó que tienen amplias expectativas de poder resolver los artículos en los que presentan diferencias, “sobre la base del mayor reconocimiento de derechos que se pueden generar desde el gobierno mediante este reglamento”.
Sin embargo, y pese a estar de acuerdo con la necesidad de regular la consulta, otros dirigentes criticaron el desarrollo del proceso. Los Pueblos del Norte emitieron una declaración invalidando la Mesa y sus acuerdos y apuntaron también a los comuneros que la integran, calificándolos de “poco representativos”.
En esto coincidió también la organización Pueblos Originarios Unidos (POU), para quienes estos líderes fueron “designados a dedo”. También criticaron que la Mesa se realizara vía CONADI, bajo el sello del consejero urbano, Marcial Colín, cercano al gobierno. Su vocero, Ariel León, declaró nulo el proceso y denunció la presencia de conflictos de interés de sus organizadores.
“Estamos en una campaña para denunciar el mal funcionamiento de la mesa y por cierto también hemos denunciado ante la opinión pública los conflictos de interés que invalidan al interlocutor del gobierno, que es Matías Abogabir Méndez, asesor presidencial de materias indígenas que posee acciones en Endesa e Hidroaysén y tiene lazos familiares con Juan Carlos Délano, dueño del grupo Penta, financista de la UDI y empresario minero”, detalló.
Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados también rechazaron todo articulado que pudiera llegar a aprobar la mesa y afirmaron que ninguna consulta que no considere las propias formas de organización de los indígenas ni a las autoridades tradicionales no es efectivo. Por eso, recomiendan partir desde el comienzo, definiendo una estructura representativa.
“Es una vía de participación democrática de los pueblos indígenas, donde puedan definir su representatividad y podamos definir la forma de participación efectiva que nosotros deseamos llevar y que, dentro del marco de derechos que nos protegen, podemos ejercer”, indicó Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Mapuche.
“Los consejos autónomos por pueblo son una instancia de autoconvocatoria propia de las comunidades, es el mecanismo que nosotros definimos previo a la “Consulta de la consulta””, agregó.
La Coordinadora del Encuentro de Autoridades y de la Asociación de Asociación de Profesionales Indígenas indicó que no es posible que se haya llegado a estas alturas, con un importante cuerpo de avance en el detalle de articulados para regular la Consulta, a través de un procedimiento tan viciado como este.
La llamada “Mesa de Consenso” está operando hoy bajo nuevas condiciones. Esto, después de que el viernes pasado los dirigentes de los Pueblos Indígenas que participan en ella amenazaran con retirarse debido a la falta de acuerdos en la forma en que se debe enfrentar la Consulta en el caso de los proyectos de Inversión.
Esta instancia surgió el 2011 después de que el gobierno anunciara su disposición de derogar el polémico Decreto 124 que regulaba la Consulta, con lo que comenzó “la Consulta de la Consulta” con la finalidad de consensuar el mecanismo más adecuado para la ejecutar este procedimiento.
Cecilia Flores, Presidenta del Consejo Nacional Aymara, afirmó que decidieron reintegrarse al organismo, después de una conversación con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
En aquella ocasión, “le planteamos los requerimientos que teníamos para continuar con la mesa, las condiciones porque, si con los representantes que habían puesto se había botado el diálogo era hora de que desde el gobierno elevaran el nivel de discusión en el sentido de las capacidades resolutivas que pudiese tener esa contraparte”, explica la dirigenta.
“En ese contexto es que nosotros solicitamos al gobierno reforzar la mesa con la presencia de dos subsecretarios”, agrega.
Cecilia Flores manifestó que tienen amplias expectativas de poder resolver los artículos en los que presentan diferencias, “sobre la base del mayor reconocimiento de derechos que se pueden generar desde el gobierno mediante este reglamento”.
Sin embargo, y pese a estar de acuerdo con la necesidad de regular la consulta, otros dirigentes criticaron el desarrollo del proceso. Los Pueblos del Norte emitieron una declaración invalidando la Mesa y sus acuerdos y apuntaron también a los comuneros que la integran, calificándolos de “poco representativos”.
En esto coincidió también la organización Pueblos Originarios Unidos (POU), para quienes estos líderes fueron “designados a dedo”. También criticaron que la Mesa se realizara vía CONADI, bajo el sello del consejero urbano, Marcial Colín, cercano al gobierno. Su vocero, Ariel León, declaró nulo el proceso y denunció la presencia de conflictos de interés de sus organizadores.
“Estamos en una campaña para denunciar el mal funcionamiento de la mesa y por cierto también hemos denunciado ante la opinión pública los conflictos de interés que invalidan al interlocutor del gobierno, que es Matías Abogabir Méndez, asesor presidencial de materias indígenas que posee acciones en Endesa e Hidroaysén y tiene lazos familiares con Juan Carlos Délano, dueño del grupo Penta, financista de la UDI y empresario minero”, detalló.
Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados también rechazaron todo articulado que pudiera llegar a aprobar la mesa y afirmaron que ninguna consulta que no considere las propias formas de organización de los indígenas ni a las autoridades tradicionales no es efectivo. Por eso, recomiendan partir desde el comienzo, definiendo una estructura representativa.
“Es una vía de participación democrática de los pueblos indígenas, donde puedan definir su representatividad y podamos definir la forma de participación efectiva que nosotros deseamos llevar y que, dentro del marco de derechos que nos protegen, podemos ejercer”, indicó Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Mapuche.
“Los consejos autónomos por pueblo son una instancia de autoconvocatoria propia de las comunidades, es el mecanismo que nosotros definimos previo a la “Consulta de la consulta””, agregó.
La Coordinadora del Encuentro de Autoridades y de la Asociación de Asociación de Profesionales Indígenas indicó que no es posible que se haya llegado a estas alturas, con un importante cuerpo de avance en el detalle de articulados para regular la Consulta, a través de un procedimiento tan viciado como este.
