La Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el proyecto de ley que promueven los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) que busca reducir las penas para los autores, encubridores y cómplices condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La instancia determinó que el proyecto tiene, en primer lugar, vicios de fondo, ya que la iniciativa contraviene acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Además, se concluyó que el texto tiene vicios en términos de formas puesto que todo proyecto relacionado con amnistías debe ser ingresado a través del Senado y no de la Cámara Baja.
Previamente el diputado de la UDI, Jorge Ulloa, declaraba que el proyecto era necesario para el país “Lo que procura es dar igualdad completa en Chile, que se comprenda que los tratados internacionales tienen validez a partir de que se ratifican por el Congreso, pero no hacia atrás. Busca que se entienda que llegando a 40 años del desequilibrio institucional, es bueno que pacifiquemos los espíritus”, indicó Ulloa.
En la oposición calificaron el proyecto como una “ley de punto final encubierta” y que no sólo transgrede tratados internacionales y el artículo quinto de la Constitución, sino que contraviene principio éticos y morales y contradice diversos fallos emitidos por el Poder Judicial.
Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, calificó el proyecto como una “amnistía completa para todos los violadores de Derechos Humanos”, y apuntó que “nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en una sociedad donde la convivencia civilizada debe basarse en la verdad, en la justicia, y en que nunca se cometan estos crímenes. En el evento que un proyecto así se apruebe, sería un acicate para que violaciones tan atroces vuelvan a cometerse”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional – Chile, aseguró que la iniciativa atenta contra uno de los pilares fundamentales del lema “verdad, justicia y reparación”.
“La reparación necesita que las personas que fueron condenadas por estos delitos, cumplan una sentencia proporcional a la gravedad. Tratar esto como algo prescriptible, perdonable, no colabora con el derecho a la reparación que tienen las víctimas a las violaciones a los derechos humanos”, indicó Piquer.
Mireya García, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que el proyecto es la parte culmine de una ofensiva impulsada por el oficialismo, de “escalar en la recuperación de todo aquello que tiene que ver con la dictadura militar.
“Ha transformado este país en un estado policiaco, defiende a los violadores a los DDHH, busca bajar las penas e inicia una campaña muy ofensiva en relación con los falsos exonerados. Esta es la acción que faltaba, la acción que hizo cuando era candidato a la presidencia”, señaló.
Ximena Vidal, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, adelantó que la moción, cuya admisibilidad será nuevamente evaluada por la Mesa, recién podría ser revisada a fines de este año.
La inconstitucionalidad debe ser informada a la sala, donde debería ratificarse ya que la oposición es mayoría.
La Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el proyecto de ley que promueven los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) que busca reducir las penas para los autores, encubridores y cómplices condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La instancia determinó que el proyecto tiene, en primer lugar, vicios de fondo, ya que la iniciativa contraviene acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Además, se concluyó que el texto tiene vicios en términos de formas puesto que todo proyecto relacionado con amnistías debe ser ingresado a través del Senado y no de la Cámara Baja.
Previamente el diputado de la UDI, Jorge Ulloa, declaraba que el proyecto era necesario para el país “Lo que procura es dar igualdad completa en Chile, que se comprenda que los tratados internacionales tienen validez a partir de que se ratifican por el Congreso, pero no hacia atrás. Busca que se entienda que llegando a 40 años del desequilibrio institucional, es bueno que pacifiquemos los espíritus”, indicó Ulloa.
En la oposición calificaron el proyecto como una “ley de punto final encubierta” y que no sólo transgrede tratados internacionales y el artículo quinto de la Constitución, sino que contraviene principio éticos y morales y contradice diversos fallos emitidos por el Poder Judicial.
Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, calificó el proyecto como una “amnistía completa para todos los violadores de Derechos Humanos”, y apuntó que “nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en una sociedad donde la convivencia civilizada debe basarse en la verdad, en la justicia, y en que nunca se cometan estos crímenes. En el evento que un proyecto así se apruebe, sería un acicate para que violaciones tan atroces vuelvan a cometerse”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional – Chile, aseguró que la iniciativa atenta contra uno de los pilares fundamentales del lema “verdad, justicia y reparación”.
“La reparación necesita que las personas que fueron condenadas por estos delitos, cumplan una sentencia proporcional a la gravedad. Tratar esto como algo prescriptible, perdonable, no colabora con el derecho a la reparación que tienen las víctimas a las violaciones a los derechos humanos”, indicó Piquer.
Mireya García, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que el proyecto es la parte culmine de una ofensiva impulsada por el oficialismo, de “escalar en la recuperación de todo aquello que tiene que ver con la dictadura militar.
“Ha transformado este país en un estado policiaco, defiende a los violadores a los DDHH, busca bajar las penas e inicia una campaña muy ofensiva en relación con los falsos exonerados. Esta es la acción que faltaba, la acción que hizo cuando era candidato a la presidencia”, señaló.
Ximena Vidal, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, adelantó que la moción, cuya admisibilidad será nuevamente evaluada por la Mesa, recién podría ser revisada a fines de este año.
La inconstitucionalidad debe ser informada a la sala, donde debería ratificarse ya que la oposición es mayoría.
La Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el proyecto de ley que promueven los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) que busca reducir las penas para los autores, encubridores y cómplices condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La instancia determinó que el proyecto tiene, en primer lugar, vicios de fondo, ya que la iniciativa contraviene acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Además, se concluyó que el texto tiene vicios en términos de formas puesto que todo proyecto relacionado con amnistías debe ser ingresado a través del Senado y no de la Cámara Baja.
Previamente el diputado de la UDI, Jorge Ulloa, declaraba que el proyecto era necesario para el país “Lo que procura es dar igualdad completa en Chile, que se comprenda que los tratados internacionales tienen validez a partir de que se ratifican por el Congreso, pero no hacia atrás. Busca que se entienda que llegando a 40 años del desequilibrio institucional, es bueno que pacifiquemos los espíritus”, indicó Ulloa.
En la oposición calificaron el proyecto como una “ley de punto final encubierta” y que no sólo transgrede tratados internacionales y el artículo quinto de la Constitución, sino que contraviene principio éticos y morales y contradice diversos fallos emitidos por el Poder Judicial.
Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, calificó el proyecto como una “amnistía completa para todos los violadores de Derechos Humanos”, y apuntó que “nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en una sociedad donde la convivencia civilizada debe basarse en la verdad, en la justicia, y en que nunca se cometan estos crímenes. En el evento que un proyecto así se apruebe, sería un acicate para que violaciones tan atroces vuelvan a cometerse”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional – Chile, aseguró que la iniciativa atenta contra uno de los pilares fundamentales del lema “verdad, justicia y reparación”.
“La reparación necesita que las personas que fueron condenadas por estos delitos, cumplan una sentencia proporcional a la gravedad. Tratar esto como algo prescriptible, perdonable, no colabora con el derecho a la reparación que tienen las víctimas a las violaciones a los derechos humanos”, indicó Piquer.
Mireya García, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que el proyecto es la parte culmine de una ofensiva impulsada por el oficialismo, de “escalar en la recuperación de todo aquello que tiene que ver con la dictadura militar.
“Ha transformado este país en un estado policiaco, defiende a los violadores a los DDHH, busca bajar las penas e inicia una campaña muy ofensiva en relación con los falsos exonerados. Esta es la acción que faltaba, la acción que hizo cuando era candidato a la presidencia”, señaló.
Ximena Vidal, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, adelantó que la moción, cuya admisibilidad será nuevamente evaluada por la Mesa, recién podría ser revisada a fines de este año.
La inconstitucionalidad debe ser informada a la sala, donde debería ratificarse ya que la oposición es mayoría.
