El nuevo proyecto ingresado a la comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados pretende agilizar el flujo de extranjeros a través de una nueva institucionalidad que reconozca estándares internacionales, ampliando las categorías migratorias.
El documento propone que se flexibilice el límite de un 15 por ciento máximo que tienen las empresas para la contratación de extranjeros ante la demanda en la mano de obra, pero también establece reglas más duras para la trata de personas, y mecanismos más expeditos para la validación de sus títulos profesionales.
Se plantea entonces que las visas actuales sean reemplazadas por dos nuevas categorías generales: permisos de permanencia transitoria y permisos de residencia temporal definitiva.
Respecto del proyecto, Manuel Hidalgo, presidente de la Asociación de Migrantes por la Integración de América y el Caribe (APILA), señaló que “aparece allí algo que eventualmente el Gobierno espera sirva para los efectos de evitar la situación de migrantes en condiciones irregulares, pero que paradojalmente podría significar una traba para su residencia en forma laboral, y en este sentido yo tengo la preocupación de que cierto es realmente una solución para el tema de superar las trabas que imponía la visa sujeta a contrato. Como se sabe es el principal mecanismo de regularización migratoria vigente hoy en Chile”.
Hidalgo añadió que, si bien el proyecto reconoce la entrega de beneficios sociales a los residentes, en líneas generales tiene un enfoque de control y gobernanza, privilegiando factores laborales y economicistas, sin buscar avanzar hacia la conformación de una Ciudadanía Latinoamericana reconocida, algo preocupante, más si se considera la tendencia sostenida al alza de inmigración en nuestro país.
Por otro lado, Diego Carrasco, presidente del directorio del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó que este es el primer proyecto de los seis que se han presentado, que busca generar una política pública en la materia, sin embargo, concordó también en que se queda corto en la mirada.
En este sentido, el jurista explicó que “más parece un proyecto puntual que pretende regular trabajo migratorio, ingreso y salida de personas, cuando en realidad debiera ser un poco abordado con una lógica, algo más integral, siguiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas. Faltan temas, por ejemplo, de participación ciudadana, cómo se van a operacionalizar los temas de Salud, como el Plan AUGE, en materia de Educación el tema de la homologación de los títulos y grados”.
Esto se puede apreciar, indicó el especialista, en que el control del tema sigue radicado en el ministerio del Interior y no una Dirección Nacional como suele suceder en otros países. En tanto, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Rodolfo Noriega, manifestó su inquietud por la falta de urgencia de la iniciativa, cuando el proyecto ingresa a meses de un cambio en el Parlamento.
Por esto, el dirigente de los ciudadanos peruanos residentes en Chile indicó que “yo creo que lo que están haciendo es simplemente cumplir con un compromiso asumido de manera formal. Ingresar un proyecto a la discusión en la Cámara de Diputados, una iniciativa que requiere una aplicación casi inmediata, casi para la contingencia, es simplemente postergar, la reforma que requiere la ley, por lo menos a un período posterior”.
En ese sentido, el dirigente dijo que se deben resolver temas urgentes, como el reconocimiento de los asilados y refugiados, las deportaciones, o las altas filas en extranjería.
El nuevo proyecto ingresado a la comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados pretende agilizar el flujo de extranjeros a través de una nueva institucionalidad que reconozca estándares internacionales, ampliando las categorías migratorias.
El documento propone que se flexibilice el límite de un 15 por ciento máximo que tienen las empresas para la contratación de extranjeros ante la demanda en la mano de obra, pero también establece reglas más duras para la trata de personas, y mecanismos más expeditos para la validación de sus títulos profesionales.
Se plantea entonces que las visas actuales sean reemplazadas por dos nuevas categorías generales: permisos de permanencia transitoria y permisos de residencia temporal definitiva.
Respecto del proyecto, Manuel Hidalgo, presidente de la Asociación de Migrantes por la Integración de América y el Caribe (APILA), señaló que “aparece allí algo que eventualmente el Gobierno espera sirva para los efectos de evitar la situación de migrantes en condiciones irregulares, pero que paradojalmente podría significar una traba para su residencia en forma laboral, y en este sentido yo tengo la preocupación de que cierto es realmente una solución para el tema de superar las trabas que imponía la visa sujeta a contrato. Como se sabe es el principal mecanismo de regularización migratoria vigente hoy en Chile”.
Hidalgo añadió que, si bien el proyecto reconoce la entrega de beneficios sociales a los residentes, en líneas generales tiene un enfoque de control y gobernanza, privilegiando factores laborales y economicistas, sin buscar avanzar hacia la conformación de una Ciudadanía Latinoamericana reconocida, algo preocupante, más si se considera la tendencia sostenida al alza de inmigración en nuestro país.
Por otro lado, Diego Carrasco, presidente del directorio del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó que este es el primer proyecto de los seis que se han presentado, que busca generar una política pública en la materia, sin embargo, concordó también en que se queda corto en la mirada.
En este sentido, el jurista explicó que “más parece un proyecto puntual que pretende regular trabajo migratorio, ingreso y salida de personas, cuando en realidad debiera ser un poco abordado con una lógica, algo más integral, siguiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas. Faltan temas, por ejemplo, de participación ciudadana, cómo se van a operacionalizar los temas de Salud, como el Plan AUGE, en materia de Educación el tema de la homologación de los títulos y grados”.
Esto se puede apreciar, indicó el especialista, en que el control del tema sigue radicado en el ministerio del Interior y no una Dirección Nacional como suele suceder en otros países. En tanto, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Rodolfo Noriega, manifestó su inquietud por la falta de urgencia de la iniciativa, cuando el proyecto ingresa a meses de un cambio en el Parlamento.
Por esto, el dirigente de los ciudadanos peruanos residentes en Chile indicó que “yo creo que lo que están haciendo es simplemente cumplir con un compromiso asumido de manera formal. Ingresar un proyecto a la discusión en la Cámara de Diputados, una iniciativa que requiere una aplicación casi inmediata, casi para la contingencia, es simplemente postergar, la reforma que requiere la ley, por lo menos a un período posterior”.
En ese sentido, el dirigente dijo que se deben resolver temas urgentes, como el reconocimiento de los asilados y refugiados, las deportaciones, o las altas filas en extranjería.
El nuevo proyecto ingresado a la comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados pretende agilizar el flujo de extranjeros a través de una nueva institucionalidad que reconozca estándares internacionales, ampliando las categorías migratorias.
El documento propone que se flexibilice el límite de un 15 por ciento máximo que tienen las empresas para la contratación de extranjeros ante la demanda en la mano de obra, pero también establece reglas más duras para la trata de personas, y mecanismos más expeditos para la validación de sus títulos profesionales.
Se plantea entonces que las visas actuales sean reemplazadas por dos nuevas categorías generales: permisos de permanencia transitoria y permisos de residencia temporal definitiva.
Respecto del proyecto, Manuel Hidalgo, presidente de la Asociación de Migrantes por la Integración de América y el Caribe (APILA), señaló que “aparece allí algo que eventualmente el Gobierno espera sirva para los efectos de evitar la situación de migrantes en condiciones irregulares, pero que paradojalmente podría significar una traba para su residencia en forma laboral, y en este sentido yo tengo la preocupación de que cierto es realmente una solución para el tema de superar las trabas que imponía la visa sujeta a contrato. Como se sabe es el principal mecanismo de regularización migratoria vigente hoy en Chile”.
Hidalgo añadió que, si bien el proyecto reconoce la entrega de beneficios sociales a los residentes, en líneas generales tiene un enfoque de control y gobernanza, privilegiando factores laborales y economicistas, sin buscar avanzar hacia la conformación de una Ciudadanía Latinoamericana reconocida, algo preocupante, más si se considera la tendencia sostenida al alza de inmigración en nuestro país.
Por otro lado, Diego Carrasco, presidente del directorio del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó que este es el primer proyecto de los seis que se han presentado, que busca generar una política pública en la materia, sin embargo, concordó también en que se queda corto en la mirada.
En este sentido, el jurista explicó que “más parece un proyecto puntual que pretende regular trabajo migratorio, ingreso y salida de personas, cuando en realidad debiera ser un poco abordado con una lógica, algo más integral, siguiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas. Faltan temas, por ejemplo, de participación ciudadana, cómo se van a operacionalizar los temas de Salud, como el Plan AUGE, en materia de Educación el tema de la homologación de los títulos y grados”.
Esto se puede apreciar, indicó el especialista, en que el control del tema sigue radicado en el ministerio del Interior y no una Dirección Nacional como suele suceder en otros países. En tanto, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Rodolfo Noriega, manifestó su inquietud por la falta de urgencia de la iniciativa, cuando el proyecto ingresa a meses de un cambio en el Parlamento.
Por esto, el dirigente de los ciudadanos peruanos residentes en Chile indicó que “yo creo que lo que están haciendo es simplemente cumplir con un compromiso asumido de manera formal. Ingresar un proyecto a la discusión en la Cámara de Diputados, una iniciativa que requiere una aplicación casi inmediata, casi para la contingencia, es simplemente postergar, la reforma que requiere la ley, por lo menos a un período posterior”.
En ese sentido, el dirigente dijo que se deben resolver temas urgentes, como el reconocimiento de los asilados y refugiados, las deportaciones, o las altas filas en extranjería.
