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Año XII, 23 de enero de 2020

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Acuerdo permitirá aplicar Convenio 169 a proyectos de Energías Renovables No Convencionales

Una solución política dialogada ha destrabado el avance del proyecto legal que potencia el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales, como la eólica, la mareomotriz o la geotérmica. Ello, en paralelo a la tramitación de otras iniciativas, más resistidas por los ambientalistas, como la de concesiones eléctricas.

Helmuth Huerta

  Jueves 6 de junio 2013 19:47 hrs. 

El acuerdo parlamentario tiene la firma los partidos del Gobierno: Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional; y de los opositores: Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata y Partido Socialista.

La negociación consistió en que los partidos del Gobierno accedieron a reconocer en la Ley de concesiones eléctricas la supremacía del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los indígenas a ser consultados por las políticas, planes, programas y proyectos que pretendan construirse o aplicarse en sus territorios. Se busca evitar lo sucedido en torno de la construcción de las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco, en el alto Biobío, donde la Ley Eléctrica primó sobre la Ley Indígena.

Por su parte, los partidos de oposición accedieron a postergar el régimen de la Ley de Energías Renovables No Convencionales hasta el año 2025 (Originalmente funcionaría desde el año 2020). Este proyecto legal fija la obligación de todas las empresas generadoras, como por ejemplo la estadounidense Gener, la chilena Colbún y la italiana Endesa, de producir al menos 20% de su energía a través de fuentes renovables no convencionales, como la eólica, la mareomotriz o la geotérmica.

El sentido del acuerdo lo resumió el diputado socialista Marcos Espinoza: “Lo que nosotros tuvimos a la vista a la hora de firmar este acuerdo, es que efectivamente estamos frente a un desafío energético importante, este Gobierno ya está terminando, creemos que es necesario destrabar el tema de una política pública en materia energética para el próximo Gobierno”.

Sobre los obstáculos que ha enfrentado el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, evidencia los intereses económicos del Gobierno.

En este sentido, la ambientalista explicó que “dicen que no, que el país no es capaz, la verdad es que va a encarecer el precio de la energía, tema que está absolutamente probado que no es así. El Gobierno está totalmente dominado por el sector eléctrico tradicional, está muy vinculada al financiamiento de la política, tenemos representantes de aquellas empresas en el Gobierno. Es muy complejo, porque si nosotros seguimos por ese lado, no se va a limpiar la matriz, no se va a diversificar el mercado, no va a haber competencia, por lo tanto, no van a bajar los pecios, y no vamos a tener más energía limpia”.

Algunos sectores indígenas han manifestado que el Convenio 169 de la OIT debería aplicarse tal cual; es decir, sin el mecanismo interpretativo que impulsa el Gobierno. Sobre el tema, el director de la Organización Internacional del Trabajo en el Cono Sur de América Latina, Guillermo Miranda, dijo que es habitual el uso de un mecanismo que haga operativo este Convenio.

Por esto, el ejecutivo de la OIT indicó que “en la mayoría de los países de la región, por ejemplo, Colombia, Perú, donde esto se está implementando hay un mecanismo de consulta. Lo que efectivamente el Convenio 169 establece a partir del reconocimiento de la existencia de nuestros pueblos, es que para que ese reconocimiento sea efectivo, hay que consultarlo frente a medidas económicas, sociales y culturales que afecten o en las cuales ellos tengan algo que ver, por lo tanto, aparece conveniente un cierto mecanismo de consulta, porque sino también pudiera prestarse a una suerte de arbitrariedad”.

El acuerdo tiene el compromiso de respetar al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, para evitar la instalación de proyectos al interior de parques nacionales o reservas, como ya sucedió en el Parque Puyehue o como pretende hacer HidroAysén en el Parque Laguna San Rafael.