Organizaciones en defensa de los derechos humanos salieron al paso de distintas críticas que surgen desde sectores políticos. Lorena Pizarro, entrevistada por Patricio López en nuestro programa Semáforo, apuntó a una campaña desde el Gobierno que invisibiliza la lucha por verdad y justicia.
Lorena Pizarro sostuvo que no existen grandes avances en esta materia durante la administración de Sebastián Piñera, y ejemplificó que distintas situaciones surgidas en los últimos días, como el proyecto de ley que baja las penas de militares en presidio, son una muestra de la gestión del gobierno.
Respecto a Sebastián Piñera, declaró que “no hizo ninguna agresión frontal a nosotras ni al tema. Lo invisibilizó, lo ignoró, estableció condiciones estatales en esa dirección. Lo que hizo el último año es lo que vimos estos días: satanizar la lucha de DDHH, criminalizar a los exonerados, y presentar un proyecto como el de hace dos días. De la derecha, que tiene a golpistas en sus filas, no se puede esperar otra cosa”.
La agrupación está organizando una nueva versión del concierto Vivas Voces, ya que advierten que sólo los artistas y el apoyo ciudadano han mantenido el apoyo a sus iniciativas, sin un respaldo político o un marco legal para sustentar sus actividades.
En esta línea, Alicia Lira, vocera de los familiares de Ejecutados Políticos, señaló que el Estado ha retirado distintos apoyos a estas agrupaciones, los cuales son necesarios para mantener sitios de información, homenaje y recuperación de una verdad histórica.
“Llegó Piñera y cortó los recursos asignados a instituciones específicamente de derechos humanos, sin explicación, pese a una obligación del Estado de mantener estas organizaciones. Es un trabajo permanente, son también casas de verdad y justicia, que tienen información, casas de memoria con la trayectoria de estas agrupaciones y su lucha”, señaló la dirigente.
Por su parte, Erika Hennings, presidenta del espacio de memorias Londres 38, apuntó a la escasa voluntad política de sumar justicia a los delitos de la dictadura militar, donde la Concertación no ha mostrado una real oposición que plantee una arista distinta.
“Ha faltado más firmeza y no sólo tener acciones reactivas ante determinados hechos, tanto a nivel jurídico o político. No hay compromiso con los juicios, la ley de Amnistía se ha ido superando por otras razones, más que una acción parlamentaria, de la clase política. De la Concertación nada que decir, menos de otros”, señaló.
A juicio de las voceras, declaraciones como las del diputado Felipe Ward, quien subrayó que las víctimas de crímenes en dictadura usan al Estado como un “cajero automático”, son las que violentan la democracia, sin representar la visión del país ante estos crímenes, a pocos meses de cumplirse 40 años del Golpe de Estado.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos salieron al paso de distintas críticas que surgen desde sectores políticos. Lorena Pizarro, entrevistada por Patricio López en nuestro programa Semáforo, apuntó a una campaña desde el Gobierno que invisibiliza la lucha por verdad y justicia.
Lorena Pizarro sostuvo que no existen grandes avances en esta materia durante la administración de Sebastián Piñera, y ejemplificó que distintas situaciones surgidas en los últimos días, como el proyecto de ley que baja las penas de militares en presidio, son una muestra de la gestión del gobierno.
Respecto a Sebastián Piñera, declaró que “no hizo ninguna agresión frontal a nosotras ni al tema. Lo invisibilizó, lo ignoró, estableció condiciones estatales en esa dirección. Lo que hizo el último año es lo que vimos estos días: satanizar la lucha de DDHH, criminalizar a los exonerados, y presentar un proyecto como el de hace dos días. De la derecha, que tiene a golpistas en sus filas, no se puede esperar otra cosa”.
La agrupación está organizando una nueva versión del concierto Vivas Voces, ya que advierten que sólo los artistas y el apoyo ciudadano han mantenido el apoyo a sus iniciativas, sin un respaldo político o un marco legal para sustentar sus actividades.
En esta línea, Alicia Lira, vocera de los familiares de Ejecutados Políticos, señaló que el Estado ha retirado distintos apoyos a estas agrupaciones, los cuales son necesarios para mantener sitios de información, homenaje y recuperación de una verdad histórica.
“Llegó Piñera y cortó los recursos asignados a instituciones específicamente de derechos humanos, sin explicación, pese a una obligación del Estado de mantener estas organizaciones. Es un trabajo permanente, son también casas de verdad y justicia, que tienen información, casas de memoria con la trayectoria de estas agrupaciones y su lucha”, señaló la dirigente.
Por su parte, Erika Hennings, presidenta del espacio de memorias Londres 38, apuntó a la escasa voluntad política de sumar justicia a los delitos de la dictadura militar, donde la Concertación no ha mostrado una real oposición que plantee una arista distinta.
“Ha faltado más firmeza y no sólo tener acciones reactivas ante determinados hechos, tanto a nivel jurídico o político. No hay compromiso con los juicios, la ley de Amnistía se ha ido superando por otras razones, más que una acción parlamentaria, de la clase política. De la Concertación nada que decir, menos de otros”, señaló.
A juicio de las voceras, declaraciones como las del diputado Felipe Ward, quien subrayó que las víctimas de crímenes en dictadura usan al Estado como un “cajero automático”, son las que violentan la democracia, sin representar la visión del país ante estos crímenes, a pocos meses de cumplirse 40 años del Golpe de Estado.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos salieron al paso de distintas críticas que surgen desde sectores políticos. Lorena Pizarro, entrevistada por Patricio López en nuestro programa Semáforo, apuntó a una campaña desde el Gobierno que invisibiliza la lucha por verdad y justicia.
Lorena Pizarro sostuvo que no existen grandes avances en esta materia durante la administración de Sebastián Piñera, y ejemplificó que distintas situaciones surgidas en los últimos días, como el proyecto de ley que baja las penas de militares en presidio, son una muestra de la gestión del gobierno.
Respecto a Sebastián Piñera, declaró que “no hizo ninguna agresión frontal a nosotras ni al tema. Lo invisibilizó, lo ignoró, estableció condiciones estatales en esa dirección. Lo que hizo el último año es lo que vimos estos días: satanizar la lucha de DDHH, criminalizar a los exonerados, y presentar un proyecto como el de hace dos días. De la derecha, que tiene a golpistas en sus filas, no se puede esperar otra cosa”.
La agrupación está organizando una nueva versión del concierto Vivas Voces, ya que advierten que sólo los artistas y el apoyo ciudadano han mantenido el apoyo a sus iniciativas, sin un respaldo político o un marco legal para sustentar sus actividades.
En esta línea, Alicia Lira, vocera de los familiares de Ejecutados Políticos, señaló que el Estado ha retirado distintos apoyos a estas agrupaciones, los cuales son necesarios para mantener sitios de información, homenaje y recuperación de una verdad histórica.
“Llegó Piñera y cortó los recursos asignados a instituciones específicamente de derechos humanos, sin explicación, pese a una obligación del Estado de mantener estas organizaciones. Es un trabajo permanente, son también casas de verdad y justicia, que tienen información, casas de memoria con la trayectoria de estas agrupaciones y su lucha”, señaló la dirigente.
Por su parte, Erika Hennings, presidenta del espacio de memorias Londres 38, apuntó a la escasa voluntad política de sumar justicia a los delitos de la dictadura militar, donde la Concertación no ha mostrado una real oposición que plantee una arista distinta.
“Ha faltado más firmeza y no sólo tener acciones reactivas ante determinados hechos, tanto a nivel jurídico o político. No hay compromiso con los juicios, la ley de Amnistía se ha ido superando por otras razones, más que una acción parlamentaria, de la clase política. De la Concertación nada que decir, menos de otros”, señaló.
A juicio de las voceras, declaraciones como las del diputado Felipe Ward, quien subrayó que las víctimas de crímenes en dictadura usan al Estado como un “cajero automático”, son las que violentan la democracia, sin representar la visión del país ante estos crímenes, a pocos meses de cumplirse 40 años del Golpe de Estado.
