El Ejecutivo entregará nuevos antecedentes sobre falsos exonerados a Contraloría, advirtiendo que se centrarán en evaluar cuáles son los pasos más efectivos para suspender el beneficio a quienes presenten irregularidades en su condición de exonerados políticos.
Por su parte, el Contralor advirtió que a la entidad que dirige sólo le corresponde un rol administrativo, mientras que el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila insiste en que lo más grave del caso son los violadores a derechos humanos que reciben pensiones.
La ministra del trabajo, Evelyn Matthei y el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, delinearon a grandes rasgos cuáles son los pasos que el gobierno seguirá en el caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, consultar a Contraloría qué hacer para detener de la manera más ágil el pago de beneficios a falsos beneficiarios y el envío de 4 mil 500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo.
Previo a la información entregada desde el gobierno, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, reiteró las responsabilidades administrativas que recaen en la institución, restándose así del debate político y judicial del caso.
“Nosotros sólo buscamos esencialmente irregularidades administrativas. Hicimos el trabajo de poner en la web el informe y las presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados en diciembre de 2011, en el marco de la investigación que estaban realizando los diputados que nos invitaron”, declaró.
En cuanto a las responsabilidades, durante estos días hemos presenciado numerosos episodios en que personeros de ambos sectores políticos se inculpan por las responsabilidades no asumidas en el caso. Sin embargo, para el abogado Roberto Ávila lo realmente grave son el pago de pensiones a violadores de derechos humanos, motivo por el que decidió presentar una querella criminal contra ex miembros de la dictadura que hoy reciben pagos.
“La acción judicial señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo el 1 de mayo de 1983 con un maltrato brutal en la 1° Comisaría de Santiago, junto al ex teniente del Ejército Patricio Kellet Oyarzún, de destacada participación en brutalidades de marca mayor en procesos de guerra en Valdivia, con una larga trayectoria en materia de represión y violación a derechos fundamentales”, señaló.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado los listados de exonerados, para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa aparecen recibiendo compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos” señaló Ávila.
En la arista parlamentaria, luego de que a comienzos de la semana diputados de RN presentaran un proyecto para suspender el pago de beneficios a quienes presentaran irregularidades en su condición de exonerados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente.
“perseguir judicialmente a los falsos exonerados podría tardar años, y a través de esta medida se podría destrabar la situación de muchas personas que voluntariamente renuncien a dicha pensión y conseguir que el Estado deje de entregar dinero a personas que no les corresponden”, dijo el parlamentario en medio de las peleas televisivas que siguen sosteniendo parlamentarios de ambos sectores.
El Ejecutivo entregará nuevos antecedentes sobre falsos exonerados a Contraloría, advirtiendo que se centrarán en evaluar cuáles son los pasos más efectivos para suspender el beneficio a quienes presenten irregularidades en su condición de exonerados políticos.
Por su parte, el Contralor advirtió que a la entidad que dirige sólo le corresponde un rol administrativo, mientras que el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila insiste en que lo más grave del caso son los violadores a derechos humanos que reciben pensiones.
La ministra del trabajo, Evelyn Matthei y el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, delinearon a grandes rasgos cuáles son los pasos que el gobierno seguirá en el caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, consultar a Contraloría qué hacer para detener de la manera más ágil el pago de beneficios a falsos beneficiarios y el envío de 4 mil 500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo.
Previo a la información entregada desde el gobierno, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, reiteró las responsabilidades administrativas que recaen en la institución, restándose así del debate político y judicial del caso.
“Nosotros sólo buscamos esencialmente irregularidades administrativas. Hicimos el trabajo de poner en la web el informe y las presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados en diciembre de 2011, en el marco de la investigación que estaban realizando los diputados que nos invitaron”, declaró.
En cuanto a las responsabilidades, durante estos días hemos presenciado numerosos episodios en que personeros de ambos sectores políticos se inculpan por las responsabilidades no asumidas en el caso. Sin embargo, para el abogado Roberto Ávila lo realmente grave son el pago de pensiones a violadores de derechos humanos, motivo por el que decidió presentar una querella criminal contra ex miembros de la dictadura que hoy reciben pagos.
“La acción judicial señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo el 1 de mayo de 1983 con un maltrato brutal en la 1° Comisaría de Santiago, junto al ex teniente del Ejército Patricio Kellet Oyarzún, de destacada participación en brutalidades de marca mayor en procesos de guerra en Valdivia, con una larga trayectoria en materia de represión y violación a derechos fundamentales”, señaló.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado los listados de exonerados, para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa aparecen recibiendo compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos” señaló Ávila.
En la arista parlamentaria, luego de que a comienzos de la semana diputados de RN presentaran un proyecto para suspender el pago de beneficios a quienes presentaran irregularidades en su condición de exonerados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente.
“perseguir judicialmente a los falsos exonerados podría tardar años, y a través de esta medida se podría destrabar la situación de muchas personas que voluntariamente renuncien a dicha pensión y conseguir que el Estado deje de entregar dinero a personas que no les corresponden”, dijo el parlamentario en medio de las peleas televisivas que siguen sosteniendo parlamentarios de ambos sectores.
El Ejecutivo entregará nuevos antecedentes sobre falsos exonerados a Contraloría, advirtiendo que se centrarán en evaluar cuáles son los pasos más efectivos para suspender el beneficio a quienes presenten irregularidades en su condición de exonerados políticos.
Por su parte, el Contralor advirtió que a la entidad que dirige sólo le corresponde un rol administrativo, mientras que el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila insiste en que lo más grave del caso son los violadores a derechos humanos que reciben pensiones.
La ministra del trabajo, Evelyn Matthei y el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, delinearon a grandes rasgos cuáles son los pasos que el gobierno seguirá en el caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, consultar a Contraloría qué hacer para detener de la manera más ágil el pago de beneficios a falsos beneficiarios y el envío de 4 mil 500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo.
Previo a la información entregada desde el gobierno, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, reiteró las responsabilidades administrativas que recaen en la institución, restándose así del debate político y judicial del caso.
“Nosotros sólo buscamos esencialmente irregularidades administrativas. Hicimos el trabajo de poner en la web el informe y las presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados en diciembre de 2011, en el marco de la investigación que estaban realizando los diputados que nos invitaron”, declaró.
En cuanto a las responsabilidades, durante estos días hemos presenciado numerosos episodios en que personeros de ambos sectores políticos se inculpan por las responsabilidades no asumidas en el caso. Sin embargo, para el abogado Roberto Ávila lo realmente grave son el pago de pensiones a violadores de derechos humanos, motivo por el que decidió presentar una querella criminal contra ex miembros de la dictadura que hoy reciben pagos.
“La acción judicial señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo el 1 de mayo de 1983 con un maltrato brutal en la 1° Comisaría de Santiago, junto al ex teniente del Ejército Patricio Kellet Oyarzún, de destacada participación en brutalidades de marca mayor en procesos de guerra en Valdivia, con una larga trayectoria en materia de represión y violación a derechos fundamentales”, señaló.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado los listados de exonerados, para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa aparecen recibiendo compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos” señaló Ávila.
En la arista parlamentaria, luego de que a comienzos de la semana diputados de RN presentaran un proyecto para suspender el pago de beneficios a quienes presentaran irregularidades en su condición de exonerados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente.
“perseguir judicialmente a los falsos exonerados podría tardar años, y a través de esta medida se podría destrabar la situación de muchas personas que voluntariamente renuncien a dicha pensión y conseguir que el Estado deje de entregar dinero a personas que no les corresponden”, dijo el parlamentario en medio de las peleas televisivas que siguen sosteniendo parlamentarios de ambos sectores.
