La ministra del trabajo, Evelyn Matthei junto al subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, delinearon los pasos a seguir en la caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, solicitar asesoría a Contraloría sobre cómo proceder en casos proscritos y el envío de 4.500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo, son las tres medidas anunciadas por los Secretarios de Estado.
La jefa de la cartera de Trabajo anunció que el gobierno -a través del Instituto de Previsión Social- iniciará un proceso de revisión de 700 casos de falsos exonerados, en los que se buscará suspender el pago de beneficios. “Dentro de esas 5.917 personas hay aproximadamente 700 que recibieron el beneficio dentro de los dos años a contar de hoy hacia atrás. A esos son los que les podemos revertir los beneficios de forma administrativa”, precisa. Para quienes están fuera del plazo para realizar un cese administrativo de la compensación, el gobierno pedirá asesoría a Contraloría.
Respecto de los 4.500 casos de los que habla el gobierno, el presidente de la Cámara Alta, senador DC Jorge Pizarro, opina que es fundamental dejar que la justicia evalúe los antecedentes. El democratacristiano, además, admitió la posibilidad de presentar una querella contra la ministra Matthei, por declarar que el programa de beneficios “fue diseñado para defraudar al Fisco”.
En este sentido, Pizarro advierte que las irregularidades pueden haber existido, pero en mucho menor cuantía que las cifras entregadas por el gobierno.
“A mí me parece que lo que corresponde de una vez es que, si el gobierno tiene antecedentes claros de delitos e irregularidades, que se las entreguen a la ministra en visita. Y seguramente ahí nos vamos a dar cuenta de que no son todos los casos que dicen tener. Pero lo lógico y natural es que, si hay irregularidades, hay falsedades, hay delitos, los denuncien a la justicia”, expresa.
La opinión del senador continúa en la línea de las declaraciones dadas por la candidata opositora, Michelle Bachelet, quien reconoció que es “probable que se hayan cometido errores”.
Otra de las aristas explotadas durante las últimas jornadas son las molestias expresadas por parlamentarios opositores al ser señalados como beneficiarios de pensiones compensatorias. Sin embargo, para el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila, lo realmente grave es el pago de dineros a violadores de derechos humanos, situación que lo motivó a presentar una querella criminal contra dos perpetradores que hoy reciben pagos en condición de exonerados políticos.
“La acción judicial que yo emprendí señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo a mí junto a otras personas el primero de mayo de 1983, quienes sufrimos un trato brutal en la 1ª Comisaría de Santiago. Inicié acciones también contra el ex teniente del ejército Patricio Kellet Oyarzún, que fue un hombre de destacada participación en brutalidades de marca mayor en los consejos de guerra en Valdivia y que después tuvo una larga trayectoria en materia de represión y vulneración de derechos humanos fundamentales”, denuncia Ávila.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado la nómina de beneficiarios para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, reciben compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos”.
En la arista parlamentaria, el diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente. El diputado aseguró que esta medida puede aplicarse de manera paralela a los pasos designados por el Gobierno, de modo de avanzar lo más prontamente en esclarecer las irregularidades.
La ministra del trabajo, Evelyn Matthei junto al subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, delinearon los pasos a seguir en la caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, solicitar asesoría a Contraloría sobre cómo proceder en casos proscritos y el envío de 4.500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo, son las tres medidas anunciadas por los Secretarios de Estado.
La jefa de la cartera de Trabajo anunció que el gobierno -a través del Instituto de Previsión Social- iniciará un proceso de revisión de 700 casos de falsos exonerados, en los que se buscará suspender el pago de beneficios. “Dentro de esas 5.917 personas hay aproximadamente 700 que recibieron el beneficio dentro de los dos años a contar de hoy hacia atrás. A esos son los que les podemos revertir los beneficios de forma administrativa”, precisa. Para quienes están fuera del plazo para realizar un cese administrativo de la compensación, el gobierno pedirá asesoría a Contraloría.
Respecto de los 4.500 casos de los que habla el gobierno, el presidente de la Cámara Alta, senador DC Jorge Pizarro, opina que es fundamental dejar que la justicia evalúe los antecedentes. El democratacristiano, además, admitió la posibilidad de presentar una querella contra la ministra Matthei, por declarar que el programa de beneficios “fue diseñado para defraudar al Fisco”.
En este sentido, Pizarro advierte que las irregularidades pueden haber existido, pero en mucho menor cuantía que las cifras entregadas por el gobierno.
“A mí me parece que lo que corresponde de una vez es que, si el gobierno tiene antecedentes claros de delitos e irregularidades, que se las entreguen a la ministra en visita. Y seguramente ahí nos vamos a dar cuenta de que no son todos los casos que dicen tener. Pero lo lógico y natural es que, si hay irregularidades, hay falsedades, hay delitos, los denuncien a la justicia”, expresa.
La opinión del senador continúa en la línea de las declaraciones dadas por la candidata opositora, Michelle Bachelet, quien reconoció que es “probable que se hayan cometido errores”.
Otra de las aristas explotadas durante las últimas jornadas son las molestias expresadas por parlamentarios opositores al ser señalados como beneficiarios de pensiones compensatorias. Sin embargo, para el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila, lo realmente grave es el pago de dineros a violadores de derechos humanos, situación que lo motivó a presentar una querella criminal contra dos perpetradores que hoy reciben pagos en condición de exonerados políticos.
“La acción judicial que yo emprendí señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo a mí junto a otras personas el primero de mayo de 1983, quienes sufrimos un trato brutal en la 1ª Comisaría de Santiago. Inicié acciones también contra el ex teniente del ejército Patricio Kellet Oyarzún, que fue un hombre de destacada participación en brutalidades de marca mayor en los consejos de guerra en Valdivia y que después tuvo una larga trayectoria en materia de represión y vulneración de derechos humanos fundamentales”, denuncia Ávila.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado la nómina de beneficiarios para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, reciben compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos”.
En la arista parlamentaria, el diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente. El diputado aseguró que esta medida puede aplicarse de manera paralela a los pasos designados por el Gobierno, de modo de avanzar lo más prontamente en esclarecer las irregularidades.
La ministra del trabajo, Evelyn Matthei junto al subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, delinearon los pasos a seguir en la caso exonerados: Ampliar la denuncia que hicieron hace un año, solicitar asesoría a Contraloría sobre cómo proceder en casos proscritos y el envío de 4.500 antecedentes de falsos exonerados que maneja el Ejecutivo, son las tres medidas anunciadas por los Secretarios de Estado.
La jefa de la cartera de Trabajo anunció que el gobierno -a través del Instituto de Previsión Social- iniciará un proceso de revisión de 700 casos de falsos exonerados, en los que se buscará suspender el pago de beneficios. “Dentro de esas 5.917 personas hay aproximadamente 700 que recibieron el beneficio dentro de los dos años a contar de hoy hacia atrás. A esos son los que les podemos revertir los beneficios de forma administrativa”, precisa. Para quienes están fuera del plazo para realizar un cese administrativo de la compensación, el gobierno pedirá asesoría a Contraloría.
Respecto de los 4.500 casos de los que habla el gobierno, el presidente de la Cámara Alta, senador DC Jorge Pizarro, opina que es fundamental dejar que la justicia evalúe los antecedentes. El democratacristiano, además, admitió la posibilidad de presentar una querella contra la ministra Matthei, por declarar que el programa de beneficios “fue diseñado para defraudar al Fisco”.
En este sentido, Pizarro advierte que las irregularidades pueden haber existido, pero en mucho menor cuantía que las cifras entregadas por el gobierno.
“A mí me parece que lo que corresponde de una vez es que, si el gobierno tiene antecedentes claros de delitos e irregularidades, que se las entreguen a la ministra en visita. Y seguramente ahí nos vamos a dar cuenta de que no son todos los casos que dicen tener. Pero lo lógico y natural es que, si hay irregularidades, hay falsedades, hay delitos, los denuncien a la justicia”, expresa.
La opinión del senador continúa en la línea de las declaraciones dadas por la candidata opositora, Michelle Bachelet, quien reconoció que es “probable que se hayan cometido errores”.
Otra de las aristas explotadas durante las últimas jornadas son las molestias expresadas por parlamentarios opositores al ser señalados como beneficiarios de pensiones compensatorias. Sin embargo, para el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila, lo realmente grave es el pago de dineros a violadores de derechos humanos, situación que lo motivó a presentar una querella criminal contra dos perpetradores que hoy reciben pagos en condición de exonerados políticos.
“La acción judicial que yo emprendí señala al ex capitán de Carabineros, Carlos Gaete Manríquez, quien me detuvo a mí junto a otras personas el primero de mayo de 1983, quienes sufrimos un trato brutal en la 1ª Comisaría de Santiago. Inicié acciones también contra el ex teniente del ejército Patricio Kellet Oyarzún, que fue un hombre de destacada participación en brutalidades de marca mayor en los consejos de guerra en Valdivia y que después tuvo una larga trayectoria en materia de represión y vulneración de derechos humanos fundamentales”, denuncia Ávila.
El jurista aclara que basta revisar con cuidado la nómina de beneficiarios para darse cuenta que personajes como el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, reciben compensaciones económicas por “delitos que cometieron ellos mismos”.
En la arista parlamentaria, el diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe, solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente. El diputado aseguró que esta medida puede aplicarse de manera paralela a los pasos designados por el Gobierno, de modo de avanzar lo más prontamente en esclarecer las irregularidades.
