La Contraloría General de la República, junto con empresas auditoras y fundaciones, diseñó una guía para fiscalizar las donaciones que reciban frente a catástrofes tanto el Gobierno como el sector privado. Además, creó un sistema de rendición de cuentas.
La iniciativa contempla una guía de auditoría de desastres y una tabla de rendición que fueron diseñadas con las firmas auditoras y quienes son auditados, es decir, con fundaciones y ONG. Esto, debido a la solicitud de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que integra la Contraloría chilena.
El trabajo partió el 16 de marzo del año pasado y concluyó hace poco con la generación de estos instrumentos, que permiten a las entidades públicas y privadas transparentar sus gastos en tiempo de emergencias.
La subcontralora general, Patricia Arriagada, dijo a Radio Universidad de Chile que “hubo un diagnóstico de los donantes, a nivel mundial, de que no tenían certeza de que los fondos que se entregaban se usaban para los fines que se habían dispuesto. Además, normalmente cuando ocurren estos hechos, hay una laxitud natural en todo orden de cosas y en todos los sectores. Por lo tanto, si uno no tiene establecido un sistema de manera previa, que le permita en corto tiempo tomar antecedentes de manera simple, la cosa es más difícil de determinar. Hay menos claridad”.
Si bien la Contraloría no tiene competencia para ordenar o fiscalizar al sector privado, en el diseño participaron las principales auditoras, las que están de acuerdo con el modelo. Esto, porque “trabajan con la confianza”, según afirmó José Ignacio Concha, director de administración y finanzas de Desafío Levantemos Chile, que también integró el grupo de trabajo.
La organización surgió con la necesidad de reconstruir el país después del terremoto de 2010. En ese mismo periodo hubo casos complejos, como cuando Cencosud ingresó mercadería al país como donación y la vendió a la Onemi, tema que terminó en la justicia.
Ante esto, Concha aseguró que la idea es que el modelo se extienda a todos los sectores: “Que se empiece a utilizar este formato de auditoría no solo con las fundaciones que trabajan en los desastres, sino con todas las empresas privadas que trabajan en desastres. Todas las empresas son auditadas, así que también son controladas respecto a esas cosas. Deberían utilizar este trabajo que se hizo con la Contraloría en las empresas privadas para los casos de desastres”, indicó.
De hecho, la misma subcontralora afirmó que, como desafío, espera que el modelo se pueda ampliar no sólo a las donaciones en caso de desastres, sino que en todo tipo de fondos.
Por su parte, Walter Imilan, coordinador del Observatorio para la Reconstrucción, calificó como “un avance todo el esfuerzo en clarificar las donaciones”, lo que permite abrir un debate mayor que traspasa esta área.
“Creo que es el primer paso para abrir un debate que hasta el momento no existía. El tema de las donaciones, a propósito también del incidente de la diputada Isasi, volvió a aparecer en el escenario. La importancia es que las donaciones en general del mundo privado tienen que ser transparentadas cuando involucran intereses públicos. En esos términos, lo veo como algo positivo, pero sin duda hay que profundizar esos cambios institucionales”, sostuvo.
El académico de la Universidad de Chile expresó que a partir de este punto se debe generar un verdadero proceso de modernización de la institucionalidad para transparentar las operaciones y aportar en la reconstrucción de confianzas entre los distintos estamentos de la sociedad.
La Contraloría General de la República, junto con empresas auditoras y fundaciones, diseñó una guía para fiscalizar las donaciones que reciban frente a catástrofes tanto el Gobierno como el sector privado. Además, creó un sistema de rendición de cuentas.
La iniciativa contempla una guía de auditoría de desastres y una tabla de rendición que fueron diseñadas con las firmas auditoras y quienes son auditados, es decir, con fundaciones y ONG. Esto, debido a la solicitud de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que integra la Contraloría chilena.
El trabajo partió el 16 de marzo del año pasado y concluyó hace poco con la generación de estos instrumentos, que permiten a las entidades públicas y privadas transparentar sus gastos en tiempo de emergencias.
La subcontralora general, Patricia Arriagada, dijo a Radio Universidad de Chile que “hubo un diagnóstico de los donantes, a nivel mundial, de que no tenían certeza de que los fondos que se entregaban se usaban para los fines que se habían dispuesto. Además, normalmente cuando ocurren estos hechos, hay una laxitud natural en todo orden de cosas y en todos los sectores. Por lo tanto, si uno no tiene establecido un sistema de manera previa, que le permita en corto tiempo tomar antecedentes de manera simple, la cosa es más difícil de determinar. Hay menos claridad”.
Si bien la Contraloría no tiene competencia para ordenar o fiscalizar al sector privado, en el diseño participaron las principales auditoras, las que están de acuerdo con el modelo. Esto, porque “trabajan con la confianza”, según afirmó José Ignacio Concha, director de administración y finanzas de Desafío Levantemos Chile, que también integró el grupo de trabajo.
La organización surgió con la necesidad de reconstruir el país después del terremoto de 2010. En ese mismo periodo hubo casos complejos, como cuando Cencosud ingresó mercadería al país como donación y la vendió a la Onemi, tema que terminó en la justicia.
Ante esto, Concha aseguró que la idea es que el modelo se extienda a todos los sectores: “Que se empiece a utilizar este formato de auditoría no solo con las fundaciones que trabajan en los desastres, sino con todas las empresas privadas que trabajan en desastres. Todas las empresas son auditadas, así que también son controladas respecto a esas cosas. Deberían utilizar este trabajo que se hizo con la Contraloría en las empresas privadas para los casos de desastres”, indicó.
De hecho, la misma subcontralora afirmó que, como desafío, espera que el modelo se pueda ampliar no sólo a las donaciones en caso de desastres, sino que en todo tipo de fondos.
Por su parte, Walter Imilan, coordinador del Observatorio para la Reconstrucción, calificó como “un avance todo el esfuerzo en clarificar las donaciones”, lo que permite abrir un debate mayor que traspasa esta área.
“Creo que es el primer paso para abrir un debate que hasta el momento no existía. El tema de las donaciones, a propósito también del incidente de la diputada Isasi, volvió a aparecer en el escenario. La importancia es que las donaciones en general del mundo privado tienen que ser transparentadas cuando involucran intereses públicos. En esos términos, lo veo como algo positivo, pero sin duda hay que profundizar esos cambios institucionales”, sostuvo.
El académico de la Universidad de Chile expresó que a partir de este punto se debe generar un verdadero proceso de modernización de la institucionalidad para transparentar las operaciones y aportar en la reconstrucción de confianzas entre los distintos estamentos de la sociedad.
La Contraloría General de la República, junto con empresas auditoras y fundaciones, diseñó una guía para fiscalizar las donaciones que reciban frente a catástrofes tanto el Gobierno como el sector privado. Además, creó un sistema de rendición de cuentas.
La iniciativa contempla una guía de auditoría de desastres y una tabla de rendición que fueron diseñadas con las firmas auditoras y quienes son auditados, es decir, con fundaciones y ONG. Esto, debido a la solicitud de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que integra la Contraloría chilena.
El trabajo partió el 16 de marzo del año pasado y concluyó hace poco con la generación de estos instrumentos, que permiten a las entidades públicas y privadas transparentar sus gastos en tiempo de emergencias.
La subcontralora general, Patricia Arriagada, dijo a Radio Universidad de Chile que “hubo un diagnóstico de los donantes, a nivel mundial, de que no tenían certeza de que los fondos que se entregaban se usaban para los fines que se habían dispuesto. Además, normalmente cuando ocurren estos hechos, hay una laxitud natural en todo orden de cosas y en todos los sectores. Por lo tanto, si uno no tiene establecido un sistema de manera previa, que le permita en corto tiempo tomar antecedentes de manera simple, la cosa es más difícil de determinar. Hay menos claridad”.
Si bien la Contraloría no tiene competencia para ordenar o fiscalizar al sector privado, en el diseño participaron las principales auditoras, las que están de acuerdo con el modelo. Esto, porque “trabajan con la confianza”, según afirmó José Ignacio Concha, director de administración y finanzas de Desafío Levantemos Chile, que también integró el grupo de trabajo.
La organización surgió con la necesidad de reconstruir el país después del terremoto de 2010. En ese mismo periodo hubo casos complejos, como cuando Cencosud ingresó mercadería al país como donación y la vendió a la Onemi, tema que terminó en la justicia.
Ante esto, Concha aseguró que la idea es que el modelo se extienda a todos los sectores: “Que se empiece a utilizar este formato de auditoría no solo con las fundaciones que trabajan en los desastres, sino con todas las empresas privadas que trabajan en desastres. Todas las empresas son auditadas, así que también son controladas respecto a esas cosas. Deberían utilizar este trabajo que se hizo con la Contraloría en las empresas privadas para los casos de desastres”, indicó.
De hecho, la misma subcontralora afirmó que, como desafío, espera que el modelo se pueda ampliar no sólo a las donaciones en caso de desastres, sino que en todo tipo de fondos.
Por su parte, Walter Imilan, coordinador del Observatorio para la Reconstrucción, calificó como “un avance todo el esfuerzo en clarificar las donaciones”, lo que permite abrir un debate mayor que traspasa esta área.
“Creo que es el primer paso para abrir un debate que hasta el momento no existía. El tema de las donaciones, a propósito también del incidente de la diputada Isasi, volvió a aparecer en el escenario. La importancia es que las donaciones en general del mundo privado tienen que ser transparentadas cuando involucran intereses públicos. En esos términos, lo veo como algo positivo, pero sin duda hay que profundizar esos cambios institucionales”, sostuvo.
El académico de la Universidad de Chile expresó que a partir de este punto se debe generar un verdadero proceso de modernización de la institucionalidad para transparentar las operaciones y aportar en la reconstrucción de confianzas entre los distintos estamentos de la sociedad.
