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Año XIV, 16 de agosto de 2022

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Gasto electoral: Una “zona gris” que aumenta las desconfianzas

Así describieron organizaciones y expertos la situación relacionada con la información de gasto electoral. Si bien la nueva ley establece ciertos parámetros que obligan a hacer públicas parte de la información de donaciones para las campañas, la mayor parte de los fondos que se entregan siguen siendo una incógnita a la que la sociedad civil no tiene acceso.

Héctor Areyuna

  Sábado 8 de junio 2013 20:59 hrs. 
Gasto electoral

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A fines de mayo, el Servicio Electoral (Servel) definió que el límite de gasto propagandístico para la próxima elección primaria será de casi mil millones de pesos, a invertirse en avisos de prensa, radio, material gráfico, elementos móviles o avisos luminosos.

En el caso de las parlamentarias, se fijó un máximo de gasto que varía según distrito, siendo $9.618.218, para los postulantes del distrito 59 en la región de Aysén, el más bajo; y $19.249.912, correspondientes al distrito 19 de Independencia y Recoleta, el más alto.

Este es un tema que generará conflictividad entre los postulantes a la presidencia y la opinión pública, ya que la ley que regula el gasto describe que existen tres tipos de donaciones: reservadas, anónimas y públicas. Estas últimas, que no pueden exceder las 20 UF o 500 mil pesos, son las únicas en que se considera como información de acceso transparente su procedencia.

Según Juan José Soto, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, esto es un problema, ya que “el Servel tampoco fiscaliza de manera real el límite a los gastos electorales. Entonces, si un candidato tiene un límite legal, perfectamente puede gastar cinco o diez veces esa cantidad y no hay ninguna penalidad. Es decir, en la realidad, no se penaliza”.

Cabe recordar que en el caso de las campañas más grandes, los aportes reservados y anónimos corresponden además a los más significativos, como los de grandes fortunas familiares o grandes empresas. Así, cabe la duda sobre la existencia de conflictos de interés o incluso figuras penales.

Soto agregó que, por esto, la normativa actual no garantiza el acceso a saber quiénes “financian la política chilena”.

“A diferencia, por ejemplo, de los parlamentarios y funcionarios públicos que tienen que hacer una declaración de intereses y la ciudadanía puede tener acceso a esa información, el problema es que al ser gastos reservados y anónimos, más allá de que existan las fuentes públicas, igual no tenemos acceso a quiénes son los que están financiando la política chilena hoy”, explicó.

Por su parte, la académica del INAP de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, agregó que este vacío legal no hace más que sembrar desconfianzas: “Lo que se produce en este momento es un área gris que siembra bastante desconfianza respecto de cómo se financian las campañas políticas. Lamentablemente, esto se convierte en un círculo vicioso: los ciudadanos no confían en cómo están votando sus parlamentarios y eso los empuja a decir que no quieren que las campañas se financien con los impuestos. Eso es un error, porque no tenemos cómo asegurar la imparcialidad de la buena política”, dijo.

En la Fundación Ciudadano Inteligente señalaron no haber recibido ningún tipo de información respecto de las actuales campañas, que ya comenzaron, tanto por parte de los candidatos a primarias como de los que avanzarán a la presidencial final.

Tampoco se refirieron a este tema en el Servicio Electoral, que no contestó las solicitudes de información solicitada.

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