Una investigación por trata de personas derivó en el arresto de Paola Espinoza, quien ingresó de forma fraudulenta a decenas de ciudadanos bolivianos para su empresa contratista en el Maule. Luego del arresto se concedió una visa humanitaria, y los trabajadores pasaron a Elecnor, empresa que realiza instalaciones de torres de alta tensión en la precordillera maulina.
Una de estas torres se derrumbó, con un saldo de dos trabajadores bolivianos fallecidos, y otros tres internados en Talca, dos de ellos con riesgo vital. El accidente reveló que este caso no ha sido solucionado, y muchos extranjeros aún trabajan en el país en condiciones infrahumanas, esto por demanda de mano de obra en sectores como agricultura o minería.
Al respecto, Diego Carrasco, del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó el proyecto de ley de migración que se debate en el Congreso, pero indicó que es necesario mejorar la institucionalidad que regule y fiscalice esta situación en el país.
Carrasco declaró que “el texto tiene algunos elementos positivos como el reconocimiento de igualdad entre chileno y extranjero, reconoce vigencia de derechos para trabajadores migrantes. Pero a su vez utiliza una nomenclatura anticuada en una institucionalidad sujeta al ministerio del Interior, aun cuando en el mundo se entiende como una buena práctica que las direcciones de migración tengan autonomía, para regular los fenómenos cercanos como trata, tráfico y refugio de personas”.
Idenilso Bortolotto, vicepresidente del Instituto Chileno Católico para la Migración (Incami), recalcó en la burocracia de un sistema que exige contrato para tramitar una visa, lo que obliga a muchos a aceptar las condiciones abusivas de un trabajo informal: “Uno de los puntos fundamentales, personas llegan aquí y la regularización es una visa sujeta a contrato, lo que es un fuerte impedimento. Pasa un tiempo sin el permiso, y esa vulnerabilidad lleva a aceptar trabajos del mercado informal”.
La inmigración registró un aumento de 46,8% en las visas otorgadas este año, respecto de 2012. Al respecto, el presidente de la SOFOFA, Roberto Fantuzzi, señaló que falta una legislación acorde a la cifra, fiscalizando empleos de baja calificación en Chile, y graficó que “no cabe duda que determinar un 15% y tener trato específico es una norma de unos 30 años, lo que requiere modificaciones y adecuarlo a la realidad actual”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara, diputado UDI Felipe Salaberry, señaló que este tema requiere un especial debate, ya que la solución no pasa por abrir la frontera, sino en establecer normas para la recepción de nuevos asalariados.
“Hay varias medidas que un país debe abordar cuando se producen situaciones de migración laboral, sobre todo cuando un país recibe migración, como Chile. Más que puertas abiertas, es necesaria una política de puertas reguladas, para evitar que vengan personas en situación precaria. Que vengan con contratos regulares, como cualquier trabajador de nuestro país”, dijo.
Distintos casos exhiben el ingreso ilegal de ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Colombia, trabajando en condiciones precarias y sin opción de acudir a la justicia. La política migratoria es un tema que ha inclinado la balanza en distintas elecciones de Europa.
Una investigación por trata de personas derivó en el arresto de Paola Espinoza, quien ingresó de forma fraudulenta a decenas de ciudadanos bolivianos para su empresa contratista en el Maule. Luego del arresto se concedió una visa humanitaria, y los trabajadores pasaron a Elecnor, empresa que realiza instalaciones de torres de alta tensión en la precordillera maulina.
Una de estas torres se derrumbó, con un saldo de dos trabajadores bolivianos fallecidos, y otros tres internados en Talca, dos de ellos con riesgo vital. El accidente reveló que este caso no ha sido solucionado, y muchos extranjeros aún trabajan en el país en condiciones infrahumanas, esto por demanda de mano de obra en sectores como agricultura o minería.
Al respecto, Diego Carrasco, del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó el proyecto de ley de migración que se debate en el Congreso, pero indicó que es necesario mejorar la institucionalidad que regule y fiscalice esta situación en el país.
Carrasco declaró que “el texto tiene algunos elementos positivos como el reconocimiento de igualdad entre chileno y extranjero, reconoce vigencia de derechos para trabajadores migrantes. Pero a su vez utiliza una nomenclatura anticuada en una institucionalidad sujeta al ministerio del Interior, aun cuando en el mundo se entiende como una buena práctica que las direcciones de migración tengan autonomía, para regular los fenómenos cercanos como trata, tráfico y refugio de personas”.
Idenilso Bortolotto, vicepresidente del Instituto Chileno Católico para la Migración (Incami), recalcó en la burocracia de un sistema que exige contrato para tramitar una visa, lo que obliga a muchos a aceptar las condiciones abusivas de un trabajo informal: “Uno de los puntos fundamentales, personas llegan aquí y la regularización es una visa sujeta a contrato, lo que es un fuerte impedimento. Pasa un tiempo sin el permiso, y esa vulnerabilidad lleva a aceptar trabajos del mercado informal”.
La inmigración registró un aumento de 46,8% en las visas otorgadas este año, respecto de 2012. Al respecto, el presidente de la SOFOFA, Roberto Fantuzzi, señaló que falta una legislación acorde a la cifra, fiscalizando empleos de baja calificación en Chile, y graficó que “no cabe duda que determinar un 15% y tener trato específico es una norma de unos 30 años, lo que requiere modificaciones y adecuarlo a la realidad actual”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara, diputado UDI Felipe Salaberry, señaló que este tema requiere un especial debate, ya que la solución no pasa por abrir la frontera, sino en establecer normas para la recepción de nuevos asalariados.
“Hay varias medidas que un país debe abordar cuando se producen situaciones de migración laboral, sobre todo cuando un país recibe migración, como Chile. Más que puertas abiertas, es necesaria una política de puertas reguladas, para evitar que vengan personas en situación precaria. Que vengan con contratos regulares, como cualquier trabajador de nuestro país”, dijo.
Distintos casos exhiben el ingreso ilegal de ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Colombia, trabajando en condiciones precarias y sin opción de acudir a la justicia. La política migratoria es un tema que ha inclinado la balanza en distintas elecciones de Europa.
Una investigación por trata de personas derivó en el arresto de Paola Espinoza, quien ingresó de forma fraudulenta a decenas de ciudadanos bolivianos para su empresa contratista en el Maule. Luego del arresto se concedió una visa humanitaria, y los trabajadores pasaron a Elecnor, empresa que realiza instalaciones de torres de alta tensión en la precordillera maulina.
Una de estas torres se derrumbó, con un saldo de dos trabajadores bolivianos fallecidos, y otros tres internados en Talca, dos de ellos con riesgo vital. El accidente reveló que este caso no ha sido solucionado, y muchos extranjeros aún trabajan en el país en condiciones infrahumanas, esto por demanda de mano de obra en sectores como agricultura o minería.
Al respecto, Diego Carrasco, del Observatorio Internacional para las Migraciones (OCIM), destacó el proyecto de ley de migración que se debate en el Congreso, pero indicó que es necesario mejorar la institucionalidad que regule y fiscalice esta situación en el país.
Carrasco declaró que “el texto tiene algunos elementos positivos como el reconocimiento de igualdad entre chileno y extranjero, reconoce vigencia de derechos para trabajadores migrantes. Pero a su vez utiliza una nomenclatura anticuada en una institucionalidad sujeta al ministerio del Interior, aun cuando en el mundo se entiende como una buena práctica que las direcciones de migración tengan autonomía, para regular los fenómenos cercanos como trata, tráfico y refugio de personas”.
Idenilso Bortolotto, vicepresidente del Instituto Chileno Católico para la Migración (Incami), recalcó en la burocracia de un sistema que exige contrato para tramitar una visa, lo que obliga a muchos a aceptar las condiciones abusivas de un trabajo informal: “Uno de los puntos fundamentales, personas llegan aquí y la regularización es una visa sujeta a contrato, lo que es un fuerte impedimento. Pasa un tiempo sin el permiso, y esa vulnerabilidad lleva a aceptar trabajos del mercado informal”.
La inmigración registró un aumento de 46,8% en las visas otorgadas este año, respecto de 2012. Al respecto, el presidente de la SOFOFA, Roberto Fantuzzi, señaló que falta una legislación acorde a la cifra, fiscalizando empleos de baja calificación en Chile, y graficó que “no cabe duda que determinar un 15% y tener trato específico es una norma de unos 30 años, lo que requiere modificaciones y adecuarlo a la realidad actual”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara, diputado UDI Felipe Salaberry, señaló que este tema requiere un especial debate, ya que la solución no pasa por abrir la frontera, sino en establecer normas para la recepción de nuevos asalariados.
“Hay varias medidas que un país debe abordar cuando se producen situaciones de migración laboral, sobre todo cuando un país recibe migración, como Chile. Más que puertas abiertas, es necesaria una política de puertas reguladas, para evitar que vengan personas en situación precaria. Que vengan con contratos regulares, como cualquier trabajador de nuestro país”, dijo.
Distintos casos exhiben el ingreso ilegal de ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Colombia, trabajando en condiciones precarias y sin opción de acudir a la justicia. La política migratoria es un tema que ha inclinado la balanza en distintas elecciones de Europa.
