El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, indicó que la diputada UDI Mónica Zalaquett incurrió en conflicto de interés al votar a favor de la Ley de Pesca, ya que su primo, Rodrigo Sarquis, es dueño y presidente de la empresa Blumar, que tiene concesiones de pesca en la región del Biobío.
El dirigente declaró que la parlamentaria debió informar de su situación, e inhabilitarse de votar a favor del polémico documento. A su juicio, esto se suma a la denuncia que vincula al diputado Jorge Ulloa con esta empresa, cuyos antecedentes están en la comisión de Ética.
Al respecto, el presidente de esta comisión, diputado Patricio Vallespín, informó a Radio Universidad de Chile que la denuncia no ha sido formalizada ante este comité, quien aprovechó de indicar que falta una revisión a la ley para establecer claros parámetros de inhabilitación por lazo familiar.
“Hay que evaluar cuando hay motivos para inhabilitarse, hay conflictos de intereses que no quedan explicitados, y aún no recibimos denuncias por la diputada Zalaquett”, dijo.
Por su parte, la propia diputada respondió a la denuncia, quien señaló a esta emisora que su vínculo familiar está en regla, ya que la ley inhabilita hasta el tercer grado, y un primo supone un cuarto grado de consanguinidad.
Mónica Zalaquett denunció una mala intención a la hora de hacer una denuncia sin fundamento: “Habría conflicto hasta el tercer grado, y con un primo es cuarto grado de consanguinidad. Acá da la impresión que uno no debería tener familia. Yo nunca he tenido algo que ver, lo más importante es que es cuarto grado y la ley es rigurosa. Ante cualquier duda, que la comisión de Ética lo vea, yo soy una mujer que vela por la transparencia y la veracidad”.
Por su parte, el diputado PPD Guillermo Ceroni, integrante también de la comisión de Ética, destacó que se debe revisar acuciosamente este caso. Ceroni subrayó que los votos del Parlamento deben representar a la ciudadanía, y no a las empresas de familiares.
“Aquí nosotros no somos elegidos para defender intereses de sectores económicos o grupos económicos, sino representantes de la gran mayoría de la ciudadanía. En relación al caso de la diputada, no conozco si hay conflicto, pero si lo hubiera, debió declararlo e inhabilitarse de su votación”, indicó.
Al mencionado caso del diputado Jorge Ulloa, quien también registra vínculos con la empresa Blumar, se suman una serie de vínculos entre las siete familias beneficiadas por la Ley de Pesca, y senadores y diputados cuyos nexos han sido ampliamente difundidos, sin que haya inhabilitación a la hora de votar a favor de esta ley.
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, indicó que la diputada UDI Mónica Zalaquett incurrió en conflicto de interés al votar a favor de la Ley de Pesca, ya que su primo, Rodrigo Sarquis, es dueño y presidente de la empresa Blumar, que tiene concesiones de pesca en la región del Biobío.
El dirigente declaró que la parlamentaria debió informar de su situación, e inhabilitarse de votar a favor del polémico documento. A su juicio, esto se suma a la denuncia que vincula al diputado Jorge Ulloa con esta empresa, cuyos antecedentes están en la comisión de Ética.
Al respecto, el presidente de esta comisión, diputado Patricio Vallespín, informó a Radio Universidad de Chile que la denuncia no ha sido formalizada ante este comité, quien aprovechó de indicar que falta una revisión a la ley para establecer claros parámetros de inhabilitación por lazo familiar.
“Hay que evaluar cuando hay motivos para inhabilitarse, hay conflictos de intereses que no quedan explicitados, y aún no recibimos denuncias por la diputada Zalaquett”, dijo.
Por su parte, la propia diputada respondió a la denuncia, quien señaló a esta emisora que su vínculo familiar está en regla, ya que la ley inhabilita hasta el tercer grado, y un primo supone un cuarto grado de consanguinidad.
Mónica Zalaquett denunció una mala intención a la hora de hacer una denuncia sin fundamento: “Habría conflicto hasta el tercer grado, y con un primo es cuarto grado de consanguinidad. Acá da la impresión que uno no debería tener familia. Yo nunca he tenido algo que ver, lo más importante es que es cuarto grado y la ley es rigurosa. Ante cualquier duda, que la comisión de Ética lo vea, yo soy una mujer que vela por la transparencia y la veracidad”.
Por su parte, el diputado PPD Guillermo Ceroni, integrante también de la comisión de Ética, destacó que se debe revisar acuciosamente este caso. Ceroni subrayó que los votos del Parlamento deben representar a la ciudadanía, y no a las empresas de familiares.
“Aquí nosotros no somos elegidos para defender intereses de sectores económicos o grupos económicos, sino representantes de la gran mayoría de la ciudadanía. En relación al caso de la diputada, no conozco si hay conflicto, pero si lo hubiera, debió declararlo e inhabilitarse de su votación”, indicó.
Al mencionado caso del diputado Jorge Ulloa, quien también registra vínculos con la empresa Blumar, se suman una serie de vínculos entre las siete familias beneficiadas por la Ley de Pesca, y senadores y diputados cuyos nexos han sido ampliamente difundidos, sin que haya inhabilitación a la hora de votar a favor de esta ley.
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, indicó que la diputada UDI Mónica Zalaquett incurrió en conflicto de interés al votar a favor de la Ley de Pesca, ya que su primo, Rodrigo Sarquis, es dueño y presidente de la empresa Blumar, que tiene concesiones de pesca en la región del Biobío.
El dirigente declaró que la parlamentaria debió informar de su situación, e inhabilitarse de votar a favor del polémico documento. A su juicio, esto se suma a la denuncia que vincula al diputado Jorge Ulloa con esta empresa, cuyos antecedentes están en la comisión de Ética.
Al respecto, el presidente de esta comisión, diputado Patricio Vallespín, informó a Radio Universidad de Chile que la denuncia no ha sido formalizada ante este comité, quien aprovechó de indicar que falta una revisión a la ley para establecer claros parámetros de inhabilitación por lazo familiar.
“Hay que evaluar cuando hay motivos para inhabilitarse, hay conflictos de intereses que no quedan explicitados, y aún no recibimos denuncias por la diputada Zalaquett”, dijo.
Por su parte, la propia diputada respondió a la denuncia, quien señaló a esta emisora que su vínculo familiar está en regla, ya que la ley inhabilita hasta el tercer grado, y un primo supone un cuarto grado de consanguinidad.
Mónica Zalaquett denunció una mala intención a la hora de hacer una denuncia sin fundamento: “Habría conflicto hasta el tercer grado, y con un primo es cuarto grado de consanguinidad. Acá da la impresión que uno no debería tener familia. Yo nunca he tenido algo que ver, lo más importante es que es cuarto grado y la ley es rigurosa. Ante cualquier duda, que la comisión de Ética lo vea, yo soy una mujer que vela por la transparencia y la veracidad”.
Por su parte, el diputado PPD Guillermo Ceroni, integrante también de la comisión de Ética, destacó que se debe revisar acuciosamente este caso. Ceroni subrayó que los votos del Parlamento deben representar a la ciudadanía, y no a las empresas de familiares.
“Aquí nosotros no somos elegidos para defender intereses de sectores económicos o grupos económicos, sino representantes de la gran mayoría de la ciudadanía. En relación al caso de la diputada, no conozco si hay conflicto, pero si lo hubiera, debió declararlo e inhabilitarse de su votación”, indicó.
Al mencionado caso del diputado Jorge Ulloa, quien también registra vínculos con la empresa Blumar, se suman una serie de vínculos entre las siete familias beneficiadas por la Ley de Pesca, y senadores y diputados cuyos nexos han sido ampliamente difundidos, sin que haya inhabilitación a la hora de votar a favor de esta ley.
