Este mes se cumplió un año de la ocasión en que la Justicia declaró absueltos de todos los cargos a las últimas seis personas acusadas en el juicio conocido como Caso Bombas, tanto de cargos como instalación de artefactos explosivos como de financiamiento terrorista.
Recordemos que cuando se decidió el cierre de este proceso defensores alegaron, entre otras cosas que “hubo una porfía extrema por parte del Ministerio Público en perseguir lo imposible con una asociación ilícita que no existió más que en su imaginación”.
Ya pasado un año los cuestionamientos al trabajo de las policías y del Ministerio Público persisten, en cuanto a la falta de rigurosidad y de profesionalismo.
Rodrigo Román, abogado coordinador de la Defensoría Popular, manifestó a radio Universidad de Chile que en escenarios posteriores y casos similares, este comportamiento se repite: “La misma Fiscalía que acusó en Caso Bombas es la que investigó en caso Pitronello, en el caso de Carla Verdugo. En esos tres escenarios el Ministerio Público y las policías mostraron un pésimo desempeño, la calificación jurídica no fue la pretendida. Se reveló la falta de profesionalismo de las policías a ese respecto”.
Por otra parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que el trato a algunos funcionarios fue injusto, insistiendo en descartar cualquier tipo de montaje en el caso.
“Los oficiales adjuntos dieron su mejor esfuerzo, hicieron una investigación seria. Si no se logró condena, el tribunal no dio por acreditado los hechos, teniendo una convicción distinta a los fiscales, pero de ahí a hablar de montaje, no hay antecedentes serios para ellos, y para los colegas fiscales resulta injurioso”, señaló.
De todas formas, Lucía Dammert, experta en seguridad, dijo que estos procesos deben ser tratados con independencia del poder político, considerando que este en caso el ministerio del Interior era querellante, la activa participación del ex titular de la cartera Rodrigo Hinzpeter y la posterior integración del ex fiscal Alejandro Peña en la división de estudios de la secretaría de Estado.
La especialista agregó que además, el Ministerio Público debe contar con instancias de revisión y autocrítica en estos casos: “Acá hemos visto una acumulación de situaciones que generan inquietud por conocerse en los medios. Pero el Ministerio Público debiera tener sistemas internos de evaluación de la labor de los fiscales y sus conclusiones, por cómo se avanza en algunos casos y sus procesos han dejado mucho que desear”.
Esto, en reparo de que en el proceso, según Lucía Dammert, lo único claro es que “hubo bombas en algún minuto”, mientras que los resultados de la investigación no dejaron certeza alguna.
Este mes se cumplió un año de la ocasión en que la Justicia declaró absueltos de todos los cargos a las últimas seis personas acusadas en el juicio conocido como Caso Bombas, tanto de cargos como instalación de artefactos explosivos como de financiamiento terrorista.
Recordemos que cuando se decidió el cierre de este proceso defensores alegaron, entre otras cosas que “hubo una porfía extrema por parte del Ministerio Público en perseguir lo imposible con una asociación ilícita que no existió más que en su imaginación”.
Ya pasado un año los cuestionamientos al trabajo de las policías y del Ministerio Público persisten, en cuanto a la falta de rigurosidad y de profesionalismo.
Rodrigo Román, abogado coordinador de la Defensoría Popular, manifestó a radio Universidad de Chile que en escenarios posteriores y casos similares, este comportamiento se repite: “La misma Fiscalía que acusó en Caso Bombas es la que investigó en caso Pitronello, en el caso de Carla Verdugo. En esos tres escenarios el Ministerio Público y las policías mostraron un pésimo desempeño, la calificación jurídica no fue la pretendida. Se reveló la falta de profesionalismo de las policías a ese respecto”.
Por otra parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que el trato a algunos funcionarios fue injusto, insistiendo en descartar cualquier tipo de montaje en el caso.
“Los oficiales adjuntos dieron su mejor esfuerzo, hicieron una investigación seria. Si no se logró condena, el tribunal no dio por acreditado los hechos, teniendo una convicción distinta a los fiscales, pero de ahí a hablar de montaje, no hay antecedentes serios para ellos, y para los colegas fiscales resulta injurioso”, señaló.
De todas formas, Lucía Dammert, experta en seguridad, dijo que estos procesos deben ser tratados con independencia del poder político, considerando que este en caso el ministerio del Interior era querellante, la activa participación del ex titular de la cartera Rodrigo Hinzpeter y la posterior integración del ex fiscal Alejandro Peña en la división de estudios de la secretaría de Estado.
La especialista agregó que además, el Ministerio Público debe contar con instancias de revisión y autocrítica en estos casos: “Acá hemos visto una acumulación de situaciones que generan inquietud por conocerse en los medios. Pero el Ministerio Público debiera tener sistemas internos de evaluación de la labor de los fiscales y sus conclusiones, por cómo se avanza en algunos casos y sus procesos han dejado mucho que desear”.
Esto, en reparo de que en el proceso, según Lucía Dammert, lo único claro es que “hubo bombas en algún minuto”, mientras que los resultados de la investigación no dejaron certeza alguna.
Este mes se cumplió un año de la ocasión en que la Justicia declaró absueltos de todos los cargos a las últimas seis personas acusadas en el juicio conocido como Caso Bombas, tanto de cargos como instalación de artefactos explosivos como de financiamiento terrorista.
Recordemos que cuando se decidió el cierre de este proceso defensores alegaron, entre otras cosas que “hubo una porfía extrema por parte del Ministerio Público en perseguir lo imposible con una asociación ilícita que no existió más que en su imaginación”.
Ya pasado un año los cuestionamientos al trabajo de las policías y del Ministerio Público persisten, en cuanto a la falta de rigurosidad y de profesionalismo.
Rodrigo Román, abogado coordinador de la Defensoría Popular, manifestó a radio Universidad de Chile que en escenarios posteriores y casos similares, este comportamiento se repite: “La misma Fiscalía que acusó en Caso Bombas es la que investigó en caso Pitronello, en el caso de Carla Verdugo. En esos tres escenarios el Ministerio Público y las policías mostraron un pésimo desempeño, la calificación jurídica no fue la pretendida. Se reveló la falta de profesionalismo de las policías a ese respecto”.
Por otra parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que el trato a algunos funcionarios fue injusto, insistiendo en descartar cualquier tipo de montaje en el caso.
“Los oficiales adjuntos dieron su mejor esfuerzo, hicieron una investigación seria. Si no se logró condena, el tribunal no dio por acreditado los hechos, teniendo una convicción distinta a los fiscales, pero de ahí a hablar de montaje, no hay antecedentes serios para ellos, y para los colegas fiscales resulta injurioso”, señaló.
De todas formas, Lucía Dammert, experta en seguridad, dijo que estos procesos deben ser tratados con independencia del poder político, considerando que este en caso el ministerio del Interior era querellante, la activa participación del ex titular de la cartera Rodrigo Hinzpeter y la posterior integración del ex fiscal Alejandro Peña en la división de estudios de la secretaría de Estado.
La especialista agregó que además, el Ministerio Público debe contar con instancias de revisión y autocrítica en estos casos: “Acá hemos visto una acumulación de situaciones que generan inquietud por conocerse en los medios. Pero el Ministerio Público debiera tener sistemas internos de evaluación de la labor de los fiscales y sus conclusiones, por cómo se avanza en algunos casos y sus procesos han dejado mucho que desear”.
Esto, en reparo de que en el proceso, según Lucía Dammert, lo único claro es que “hubo bombas en algún minuto”, mientras que los resultados de la investigación no dejaron certeza alguna.
