Una década se ha tomado el Congreso Nacional para discutir una normativa que regule el llamado lobby, referido a las acciones que apuntan a influir en la administración pública para promover decisiones que favorezcan a determinados sectores de la sociedad, principalmente el privado, en los hechos.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado e investigador, Renato Garín, analizó las implicancias de este debate, asegurando que el Gobierno invirtió el espíritu original de la iniciativa, de una regulación a los lobbystas, a una fiscalización a las autoridades afectadas.

Agregó que por la ley nacional, permite que “estén encapuchadas las fuentes del financiamientos de la política”, y que este proyecto sería un avance en el caso de que sea complementada.

“Con una buena ley de lobby, combinada a una ley de transparencia actualizada y buenos recursos judiciales al respecto, podríamos empujar hacia mejor ley de financiamiento, mejor ley de gastos. Pero en este momento, el escampado político que tenemos nos entrega una situación que es el peor de los mundos, porque no sabemos dónde está el dinero en la política, no sabemos cuál es la frontera entre lobby y tráfico de influencias y la única alarma pública que tenemos es bastante histérica, porque se remite a si un ministro de Estado se enoja o no respecto a la resolución y sale gritando por las mesas si hay lobby o no”, graficó.

Garín lamentó además el manto de dudas que hay sobre la relación dinero-poder, el que se ha instalado casi a nivel cultural, tanto así que calificó a Chile como una “democracia del lobby”.

El problema principal sería es que, según el especialista se está llegando tarde a esta normativa, ante un poder privatizado y un régimen que disminuye al sector público.

“Si tuviéramos una ley de lobby mañana igualmente llegaría tarde, porque ya fue discutida la pesca en Chile, la ley de tabaco y de alcoholes, ya han sido discutidos los planos reguladores, es decir, estamos llegando tarde. Yo pondría el acento de aquí a futuro respecto de cómo vamos a hacer para que el dinero no se tome el poder en Chile, porque lo que estamos viendo es que el poder está privatizado”, expresó.

En la Cámara Baja, la iniciativa se discutía en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde estaban bajo acuerdo casi todos los aspectos de la normativa. Sin embargo, diputados socialistas ingresaron una indicación para crear un registro de lobbystas.

Según el DC Jorge Burgos, “más que los registros, es necesario establecer de manera definitiva, clara, precisa y amplia, la publicidad de las agendas públicas de las autoridades de este país en un largo listado. Yo creo que la mejor forma de combatir el lobby es hacer pública esas agendas”, enfatizó.

En esto coincidió el RN Cristián Monckeberg, presidente de la comisión, quien aseguró que ambos aspectos son compatibles.

“El registro de lobbystas no va a aportar en nada a que exista una mejor ley. Va a aportar más información, más antecedentes, va a haber certeza de quienes ejercen el lobby. Pero lo importante es que, más allá de que estén en ese listado, lo importante es que todas las reuniones se conozcan y sean necesariamente publicadas por las autoridades”, manifestó.

Cabe mencionar que los acuerdos alcanzados incluyen incorporar a los sujetos pasivos a la corporación administrativa del Poder Judicial y acota la mencionada actividad como “La promoción de intereses particulares sea remunerada o no remunerada”.

Todo esto seguirá su discusión en las comisiones de Constitución y Hacienda, la primera semana de Julio, para pasar a la Sala de la Cámara Baja y luego al Senado.

Así y todo, parlamentarios creen que, de darse los convenios entre las bancadas, esto se podría dar por aprobado recién a fin de año.