26 de junio
Los desafíos de Chile en el Día Internacional contra la Tortura
Este miércoles se conmemora el Día Internacional Contra la Tortura, que sorprende a Chile con una serie de debilidades legales que impiden asegurar que ningún ciudadano sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para organizaciones de derechos humanos, la tortura está lejos de ser un tema del pasado. Estudiantes, mapuches y reos son en la actualidad víctimas de torturas, propinadas fundamentalmente por Carabineros y Gendarmería.
Miércoles 26 de junio 2013 20:09 hrs.
En diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.
El Estado de Chile firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el cual entró en vigencia en enero de 2009. Pese a ello, para Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, esta es una práctica que continúa vigente.
Juanita Aguilera explica que, actualmente, la tortura se expresa a través de la represión a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, los cuales “van a ser un grupo considerado un potencial enemigo al que se trata como tal”.
“La tortura, por lo tanto, es parte de esa práctica, que se desarrolló durante la dictadura pero que hoy día vuelve a aparecer, porque la practica una policía que se sabe absolutamente impune. Una policía que, a diferencia tal vez de lo que pasaba con la policía y los militares que actuaron durante la dictadura, tiene la conciencia de que cada vez que aplica una fuerza desmedida y violenta contra personas que se están manifestando, ellos saben que están actuando en contra de la vigencia de los derechos humanos”, acusa.
El artículo 1 de la Convención define como “tortura” “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras”.
Dichos dolores o sufrimientos deben ser cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, para ser considerados como tortura por la Convención.
¿Justicia o impunidad?
Para Juanita Aguilera, los estudiantes, las personas privadas de libertad y el pueblo mapuche serían grupos más afectados por la tortura, ejercida fundamentalmente por Fuerzas Especiales de Carabineros y Gendarmería.
El violento ingreso de Carabineros a la Casa Central de la Universidad de Chile y la amenaza de un desalojo, incluso llevado a cabo por militares, a los secundarios que mantienen tomadas sedes de votación, serían ejemplos recientes de la operación de la tortura física y sicológica.
El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas revisó al Estado de Chile y elaboró un informe el año 2009, con una serie de recomendaciones. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, considera que los esfuerzos por avanzar en el cumplimiento de esas sugerencias han sido “nulos”.
En ese sentido, para Ana Piquer un importante paso sería añadir el delito de tortura al código penal chileno. Pero eso no es todo. La amnistía y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad son, a su juicio, algunos de los temas que debiesen ser revisados con urgencia por el Estado.
“Y quizás otro flanco que va haciendo que casos que podrían calificar como tortura en Chile queden todavía sin sanción es la modificación pendiente a la justicia militar y el hecho de que muchos de los delitos de tortura que puedan ser cometidos por militares o carabineros serían vistos en la justicia militar y no en la justicia ordinaria, lo que no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad”, agrega.
Torturas del pasado
Para Naciones Unidas, la desaparición forzada es considerada como una tortura permanente para los familiares. Así lo explica Gabriela Zúñiga, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), para quien “nuestros jueces y nuestras juezas no han asumido a cabalidad lo que significa la tortura. Por lo tanto, no existen cargos ejemplificadores frente a los victimarios”.
“Cuando digo ejemplificadores es que tienen que darse señales a la sociedad de que esto no puede pasar, que no puede ocurrir en ningún ámbito. No solamente tiene que ver con las torturas que ocurrieron en el pasado, sino que las del pasado, las del presente y las que eventualmente pudieran venir deben ser drásticamente sancionadas para que la sociedad tenga esa señal clara de que estos hechos no pueden ocurrir, que nadie tiene el derecho de torturar a nadie”, explica.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ha solicitado al Estado chileno una nueva revisión, la que se espera sea bastante crítica debido a los escasos avances legislativos en este tema.
En diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.
El Estado de Chile firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el cual entró en vigencia en enero de 2009. Pese a ello, para Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, esta es una práctica que continúa vigente.
Juanita Aguilera explica que, actualmente, la tortura se expresa a través de la represión a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, los cuales “van a ser un grupo considerado un potencial enemigo al que se trata como tal”.
“La tortura, por lo tanto, es parte de esa práctica, que se desarrolló durante la dictadura pero que hoy día vuelve a aparecer, porque la practica una policía que se sabe absolutamente impune. Una policía que, a diferencia tal vez de lo que pasaba con la policía y los militares que actuaron durante la dictadura, tiene la conciencia de que cada vez que aplica una fuerza desmedida y violenta contra personas que se están manifestando, ellos saben que están actuando en contra de la vigencia de los derechos humanos”, acusa.
El artículo 1 de la Convención define como “tortura” “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras”.
Dichos dolores o sufrimientos deben ser cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, para ser considerados como tortura por la Convención.
¿Justicia o impunidad?
Para Juanita Aguilera, los estudiantes, las personas privadas de libertad y el pueblo mapuche serían grupos más afectados por la tortura, ejercida fundamentalmente por Fuerzas Especiales de Carabineros y Gendarmería.
El violento ingreso de Carabineros a la Casa Central de la Universidad de Chile y la amenaza de un desalojo, incluso llevado a cabo por militares, a los secundarios que mantienen tomadas sedes de votación, serían ejemplos recientes de la operación de la tortura física y sicológica.
El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas revisó al Estado de Chile y elaboró un informe el año 2009, con una serie de recomendaciones. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, considera que los esfuerzos por avanzar en el cumplimiento de esas sugerencias han sido “nulos”.
En ese sentido, para Ana Piquer un importante paso sería añadir el delito de tortura al código penal chileno. Pero eso no es todo. La amnistía y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad son, a su juicio, algunos de los temas que debiesen ser revisados con urgencia por el Estado.
“Y quizás otro flanco que va haciendo que casos que podrían calificar como tortura en Chile queden todavía sin sanción es la modificación pendiente a la justicia militar y el hecho de que muchos de los delitos de tortura que puedan ser cometidos por militares o carabineros serían vistos en la justicia militar y no en la justicia ordinaria, lo que no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad”, agrega.
Torturas del pasado
Para Naciones Unidas, la desaparición forzada es considerada como una tortura permanente para los familiares. Así lo explica Gabriela Zúñiga, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), para quien “nuestros jueces y nuestras juezas no han asumido a cabalidad lo que significa la tortura. Por lo tanto, no existen cargos ejemplificadores frente a los victimarios”.
“Cuando digo ejemplificadores es que tienen que darse señales a la sociedad de que esto no puede pasar, que no puede ocurrir en ningún ámbito. No solamente tiene que ver con las torturas que ocurrieron en el pasado, sino que las del pasado, las del presente y las que eventualmente pudieran venir deben ser drásticamente sancionadas para que la sociedad tenga esa señal clara de que estos hechos no pueden ocurrir, que nadie tiene el derecho de torturar a nadie”, explica.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ha solicitado al Estado chileno una nueva revisión, la que se espera sea bastante crítica debido a los escasos avances legislativos en este tema.
En diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.
El Estado de Chile firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el cual entró en vigencia en enero de 2009. Pese a ello, para Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, esta es una práctica que continúa vigente.
Juanita Aguilera explica que, actualmente, la tortura se expresa a través de la represión a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, los cuales “van a ser un grupo considerado un potencial enemigo al que se trata como tal”.
“La tortura, por lo tanto, es parte de esa práctica, que se desarrolló durante la dictadura pero que hoy día vuelve a aparecer, porque la practica una policía que se sabe absolutamente impune. Una policía que, a diferencia tal vez de lo que pasaba con la policía y los militares que actuaron durante la dictadura, tiene la conciencia de que cada vez que aplica una fuerza desmedida y violenta contra personas que se están manifestando, ellos saben que están actuando en contra de la vigencia de los derechos humanos”, acusa.
El artículo 1 de la Convención define como “tortura” “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras”.
Dichos dolores o sufrimientos deben ser cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, para ser considerados como tortura por la Convención.
¿Justicia o impunidad?
Para Juanita Aguilera, los estudiantes, las personas privadas de libertad y el pueblo mapuche serían grupos más afectados por la tortura, ejercida fundamentalmente por Fuerzas Especiales de Carabineros y Gendarmería.
El violento ingreso de Carabineros a la Casa Central de la Universidad de Chile y la amenaza de un desalojo, incluso llevado a cabo por militares, a los secundarios que mantienen tomadas sedes de votación, serían ejemplos recientes de la operación de la tortura física y sicológica.
El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas revisó al Estado de Chile y elaboró un informe el año 2009, con una serie de recomendaciones. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, considera que los esfuerzos por avanzar en el cumplimiento de esas sugerencias han sido “nulos”.
En ese sentido, para Ana Piquer un importante paso sería añadir el delito de tortura al código penal chileno. Pero eso no es todo. La amnistía y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad son, a su juicio, algunos de los temas que debiesen ser revisados con urgencia por el Estado.
“Y quizás otro flanco que va haciendo que casos que podrían calificar como tortura en Chile queden todavía sin sanción es la modificación pendiente a la justicia militar y el hecho de que muchos de los delitos de tortura que puedan ser cometidos por militares o carabineros serían vistos en la justicia militar y no en la justicia ordinaria, lo que no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad”, agrega.
Torturas del pasado
Para Naciones Unidas, la desaparición forzada es considerada como una tortura permanente para los familiares. Así lo explica Gabriela Zúñiga, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), para quien “nuestros jueces y nuestras juezas no han asumido a cabalidad lo que significa la tortura. Por lo tanto, no existen cargos ejemplificadores frente a los victimarios”.
“Cuando digo ejemplificadores es que tienen que darse señales a la sociedad de que esto no puede pasar, que no puede ocurrir en ningún ámbito. No solamente tiene que ver con las torturas que ocurrieron en el pasado, sino que las del pasado, las del presente y las que eventualmente pudieran venir deben ser drásticamente sancionadas para que la sociedad tenga esa señal clara de que estos hechos no pueden ocurrir, que nadie tiene el derecho de torturar a nadie”, explica.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ha solicitado al Estado chileno una nueva revisión, la que se espera sea bastante crítica debido a los escasos avances legislativos en este tema.
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