Para este miércoles quedó aplazada la sesión “hasta despacho total” que analiza en el Senado el proyecto de ley de concesiones eléctricas, el que según sus detractores significa una entrega en bandeja de beneficios para proyectos de transmisión y de generación, específicamente, Hidroaysén.
Los senadores aprobaron gran parte del articulado, pero se logró un acuerdo para tratar en detención cuatro temas que contienen los aspectos más relevantes de la iniciativa: La oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones, la notificación y toma de posesión de los predios, la indivisibilidad de las concesiones, la duración de éstas y el artículo 34 relativo a la consulta a los pueblos originarios.
En esta discusión rige un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la DC, además de la PS Isabel Allende, que apunta a destrabar el debate en varios aspectos.
Por ejemplo la senadora DC Ximena Rincón dijo que se busca establecer parámetros para la presentación de observaciones. Mientras, el senador RN Baldo Procurika explicó por qué se busca reducir este derecho.
“Lo que estamos haciendo es aprobar un procedimiento que evite la multiplicidad de rifleros y piratas que, no siendo propietarios, contratan abogados que todos los conocemos quienes son y suspenden estos proyectos de miles de millones de dólares. ¿Para qué, para proteger el medio ambiente? ¿Para proteger a las comunidades indígenas? No, para protegerse ellos. Y eso es lo que estamos evitando hacer, evitar que un puñado de personas termine paralizando proyectos de mucho dinero y afectando a los consumidores”, señaló.
El senador del MAS, Alejandro Navarro, por su parte, explicó el acuerdo enfatizando que el cariz de los artículos en discusión apuntan a ser una ayuda a los proyectos energéticos en tramitación.
“Hemos votado diez temas generales y hemos dejado cinco áreas muy importantes para discutir, entre ellas el convenio 169, la afectación a los vecinos de las concesiones eléctricas, la duración de las concesiones, el uso de la fuerza pública para el desalojo y también el cálculo de las expropiaciones, todo ello redactado a expreso beneficio de los concesionarios de las líneas de transición eléctrica y, por supuesto, de las generadoras”, precisó.
A su vez, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, quien asistió a la sesión dijo que la aprobación del articulado avanza justamente en la línea contraria a las advertencias hechas por la sociedad civil.
“En general se están aprobando los artículos tal cual salieron de la Comisión, sin resguardar la consulta indígena previa, sin exigir trazados alternativos en áreas silvestres protegidas, sin ampliar la concepción de afectados desde solamente los propietarios a otros interesados y también se redujeron las causales de reclamación”, alertó la ambientalista.
De todas formas se advirtió que parlamentarios podrían presentar reparos de constitucionalidad, ya que la normativa generaría desigualdades ante la ley entre los proponentes eléctricos y los afectados.
Cabe agregar que en este tema los senadores DC Ximena Rincón y Patricio Walker cuentan con cuestionamientos por eventuales conflictos de interés, por relaciones de sus familiares; en el caso de Walker por una empresa de su hermano, mientras que la senadora tenía una participación producto del matrimonio que está en proceso de separación con el diputado Juan Carlos Latorre.
Ambos parlamentarios consultaron la situación al inicio de la sesión y el secretario de la Sala resolvió que una inhabilidad sólo se produce “cuando se trata de situaciones que afectan de índole personal”. A pesar de esto llamó a los diputados a tener “sumo cuidado” con el tema, asegurando que votar o no queda a decisión de los parlamentarios.
Para este miércoles quedó aplazada la sesión “hasta despacho total” que analiza en el Senado el proyecto de ley de concesiones eléctricas, el que según sus detractores significa una entrega en bandeja de beneficios para proyectos de transmisión y de generación, específicamente, Hidroaysén.
Los senadores aprobaron gran parte del articulado, pero se logró un acuerdo para tratar en detención cuatro temas que contienen los aspectos más relevantes de la iniciativa: La oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones, la notificación y toma de posesión de los predios, la indivisibilidad de las concesiones, la duración de éstas y el artículo 34 relativo a la consulta a los pueblos originarios.
En esta discusión rige un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la DC, además de la PS Isabel Allende, que apunta a destrabar el debate en varios aspectos.
Por ejemplo la senadora DC Ximena Rincón dijo que se busca establecer parámetros para la presentación de observaciones. Mientras, el senador RN Baldo Procurika explicó por qué se busca reducir este derecho.
“Lo que estamos haciendo es aprobar un procedimiento que evite la multiplicidad de rifleros y piratas que, no siendo propietarios, contratan abogados que todos los conocemos quienes son y suspenden estos proyectos de miles de millones de dólares. ¿Para qué, para proteger el medio ambiente? ¿Para proteger a las comunidades indígenas? No, para protegerse ellos. Y eso es lo que estamos evitando hacer, evitar que un puñado de personas termine paralizando proyectos de mucho dinero y afectando a los consumidores”, señaló.
El senador del MAS, Alejandro Navarro, por su parte, explicó el acuerdo enfatizando que el cariz de los artículos en discusión apuntan a ser una ayuda a los proyectos energéticos en tramitación.
“Hemos votado diez temas generales y hemos dejado cinco áreas muy importantes para discutir, entre ellas el convenio 169, la afectación a los vecinos de las concesiones eléctricas, la duración de las concesiones, el uso de la fuerza pública para el desalojo y también el cálculo de las expropiaciones, todo ello redactado a expreso beneficio de los concesionarios de las líneas de transición eléctrica y, por supuesto, de las generadoras”, precisó.
A su vez, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, quien asistió a la sesión dijo que la aprobación del articulado avanza justamente en la línea contraria a las advertencias hechas por la sociedad civil.
“En general se están aprobando los artículos tal cual salieron de la Comisión, sin resguardar la consulta indígena previa, sin exigir trazados alternativos en áreas silvestres protegidas, sin ampliar la concepción de afectados desde solamente los propietarios a otros interesados y también se redujeron las causales de reclamación”, alertó la ambientalista.
De todas formas se advirtió que parlamentarios podrían presentar reparos de constitucionalidad, ya que la normativa generaría desigualdades ante la ley entre los proponentes eléctricos y los afectados.
Cabe agregar que en este tema los senadores DC Ximena Rincón y Patricio Walker cuentan con cuestionamientos por eventuales conflictos de interés, por relaciones de sus familiares; en el caso de Walker por una empresa de su hermano, mientras que la senadora tenía una participación producto del matrimonio que está en proceso de separación con el diputado Juan Carlos Latorre.
Ambos parlamentarios consultaron la situación al inicio de la sesión y el secretario de la Sala resolvió que una inhabilidad sólo se produce “cuando se trata de situaciones que afectan de índole personal”. A pesar de esto llamó a los diputados a tener “sumo cuidado” con el tema, asegurando que votar o no queda a decisión de los parlamentarios.
Para este miércoles quedó aplazada la sesión “hasta despacho total” que analiza en el Senado el proyecto de ley de concesiones eléctricas, el que según sus detractores significa una entrega en bandeja de beneficios para proyectos de transmisión y de generación, específicamente, Hidroaysén.
Los senadores aprobaron gran parte del articulado, pero se logró un acuerdo para tratar en detención cuatro temas que contienen los aspectos más relevantes de la iniciativa: La oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones, la notificación y toma de posesión de los predios, la indivisibilidad de las concesiones, la duración de éstas y el artículo 34 relativo a la consulta a los pueblos originarios.
En esta discusión rige un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la DC, además de la PS Isabel Allende, que apunta a destrabar el debate en varios aspectos.
Por ejemplo la senadora DC Ximena Rincón dijo que se busca establecer parámetros para la presentación de observaciones. Mientras, el senador RN Baldo Procurika explicó por qué se busca reducir este derecho.
“Lo que estamos haciendo es aprobar un procedimiento que evite la multiplicidad de rifleros y piratas que, no siendo propietarios, contratan abogados que todos los conocemos quienes son y suspenden estos proyectos de miles de millones de dólares. ¿Para qué, para proteger el medio ambiente? ¿Para proteger a las comunidades indígenas? No, para protegerse ellos. Y eso es lo que estamos evitando hacer, evitar que un puñado de personas termine paralizando proyectos de mucho dinero y afectando a los consumidores”, señaló.
El senador del MAS, Alejandro Navarro, por su parte, explicó el acuerdo enfatizando que el cariz de los artículos en discusión apuntan a ser una ayuda a los proyectos energéticos en tramitación.
“Hemos votado diez temas generales y hemos dejado cinco áreas muy importantes para discutir, entre ellas el convenio 169, la afectación a los vecinos de las concesiones eléctricas, la duración de las concesiones, el uso de la fuerza pública para el desalojo y también el cálculo de las expropiaciones, todo ello redactado a expreso beneficio de los concesionarios de las líneas de transición eléctrica y, por supuesto, de las generadoras”, precisó.
A su vez, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, quien asistió a la sesión dijo que la aprobación del articulado avanza justamente en la línea contraria a las advertencias hechas por la sociedad civil.
“En general se están aprobando los artículos tal cual salieron de la Comisión, sin resguardar la consulta indígena previa, sin exigir trazados alternativos en áreas silvestres protegidas, sin ampliar la concepción de afectados desde solamente los propietarios a otros interesados y también se redujeron las causales de reclamación”, alertó la ambientalista.
De todas formas se advirtió que parlamentarios podrían presentar reparos de constitucionalidad, ya que la normativa generaría desigualdades ante la ley entre los proponentes eléctricos y los afectados.
Cabe agregar que en este tema los senadores DC Ximena Rincón y Patricio Walker cuentan con cuestionamientos por eventuales conflictos de interés, por relaciones de sus familiares; en el caso de Walker por una empresa de su hermano, mientras que la senadora tenía una participación producto del matrimonio que está en proceso de separación con el diputado Juan Carlos Latorre.
Ambos parlamentarios consultaron la situación al inicio de la sesión y el secretario de la Sala resolvió que una inhabilidad sólo se produce “cuando se trata de situaciones que afectan de índole personal”. A pesar de esto llamó a los diputados a tener “sumo cuidado” con el tema, asegurando que votar o no queda a decisión de los parlamentarios.
