La Comisión de Educación aprobó finalmente un informe concluyente sobre la situación del sistema de acreditación chileno, con una serie de sugerencias técnicas, que poco se diferencian de las señaladas por instituciones como Educación 2020 o el Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.
El documento plantea la necesidad de tramitar un proyecto de ley que contemple la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación terciaria; que se dote a la Comisión Nacional de Acreditación de los recursos humanos y financieros para cumplir de mejor manera sus funciones; y que se amplíen las sanciones para aquellas entidades que no cumplan con la ley. El diputado del PPD Rodrigo González, integrante del comité, sintetizó el tenor general del informe.
“La recomendación de la Comisión es que la agencia de acreditación sea estatal, nombrada por sistema de alta dirección pública y que, por lo tanto, los comisionados no sean representantes de los futuros o supuestos beneficiarios. O sea, no puede haber una relación que se preste a conflictos de interés, en relación con la Comisión de acreditación pero igual con la CNE, con la Comisión o el Consejo Nacional de Educación porque en él se otorgan los licenciamientos”, expuso.
Esta comisión se formó a partir de las acreditaciones falsas, que tuvo su momento más escandaloso cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, ve con benevolencia esta tendencia de mayor transparencia, pero advirtió que es necesario asumir que es un proceso lento.
“Lo que a mí me interesa exponer es que los procesos de transparencia de las universidades respecto de los procesos de transparencia de otras instituciones tienen tiempos. Me explico más concretamente, son tremendamente insumidores de tiempo y de recursos. Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente”, señaló.
La publicación del informe final de la comisión investigadora coincidió con la carta entregada en el Palacio de La Moneda por parte de estudiantes de la Universidad del Mar, donde expresan “el abandono y las promesas incumplidas del Presidente Piñera y el ex ministro Harald Beyer”, según la presidenta del Centro de Alumnos de medicina de esa Universidad, Claudia Vera.
“Él dice los queremos sacar de una universidad que no cumple con la finalidad y a todos los vamos a reubicar, no se va a quedar nadie sin estudiar. Eso lo repitió muchas veces, por lo tanto siempre se sostenía el hecho de que se tenía que decretar el cierre con quince días para ver donde podría ser la reubicación. Después nosotros lo increpamos, le exigimos una respuesta, cuando nos encontrábamos con él en los pasillos, porque nunca nos quiso recibir en una entrevista formal”, agregó.
El mercado de la educación de Chile ha registrado un crecimiento tal que en 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la llamada educación superior, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes, matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica.
La Comisión de Educación aprobó finalmente un informe concluyente sobre la situación del sistema de acreditación chileno, con una serie de sugerencias técnicas, que poco se diferencian de las señaladas por instituciones como Educación 2020 o el Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.
El documento plantea la necesidad de tramitar un proyecto de ley que contemple la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación terciaria; que se dote a la Comisión Nacional de Acreditación de los recursos humanos y financieros para cumplir de mejor manera sus funciones; y que se amplíen las sanciones para aquellas entidades que no cumplan con la ley. El diputado del PPD Rodrigo González, integrante del comité, sintetizó el tenor general del informe.
“La recomendación de la Comisión es que la agencia de acreditación sea estatal, nombrada por sistema de alta dirección pública y que, por lo tanto, los comisionados no sean representantes de los futuros o supuestos beneficiarios. O sea, no puede haber una relación que se preste a conflictos de interés, en relación con la Comisión de acreditación pero igual con la CNE, con la Comisión o el Consejo Nacional de Educación porque en él se otorgan los licenciamientos”, expuso.
Esta comisión se formó a partir de las acreditaciones falsas, que tuvo su momento más escandaloso cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, ve con benevolencia esta tendencia de mayor transparencia, pero advirtió que es necesario asumir que es un proceso lento.
“Lo que a mí me interesa exponer es que los procesos de transparencia de las universidades respecto de los procesos de transparencia de otras instituciones tienen tiempos. Me explico más concretamente, son tremendamente insumidores de tiempo y de recursos. Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente”, señaló.
La publicación del informe final de la comisión investigadora coincidió con la carta entregada en el Palacio de La Moneda por parte de estudiantes de la Universidad del Mar, donde expresan “el abandono y las promesas incumplidas del Presidente Piñera y el ex ministro Harald Beyer”, según la presidenta del Centro de Alumnos de medicina de esa Universidad, Claudia Vera.
“Él dice los queremos sacar de una universidad que no cumple con la finalidad y a todos los vamos a reubicar, no se va a quedar nadie sin estudiar. Eso lo repitió muchas veces, por lo tanto siempre se sostenía el hecho de que se tenía que decretar el cierre con quince días para ver donde podría ser la reubicación. Después nosotros lo increpamos, le exigimos una respuesta, cuando nos encontrábamos con él en los pasillos, porque nunca nos quiso recibir en una entrevista formal”, agregó.
El mercado de la educación de Chile ha registrado un crecimiento tal que en 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la llamada educación superior, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes, matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica.
La Comisión de Educación aprobó finalmente un informe concluyente sobre la situación del sistema de acreditación chileno, con una serie de sugerencias técnicas, que poco se diferencian de las señaladas por instituciones como Educación 2020 o el Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.
El documento plantea la necesidad de tramitar un proyecto de ley que contemple la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación terciaria; que se dote a la Comisión Nacional de Acreditación de los recursos humanos y financieros para cumplir de mejor manera sus funciones; y que se amplíen las sanciones para aquellas entidades que no cumplan con la ley. El diputado del PPD Rodrigo González, integrante del comité, sintetizó el tenor general del informe.
“La recomendación de la Comisión es que la agencia de acreditación sea estatal, nombrada por sistema de alta dirección pública y que, por lo tanto, los comisionados no sean representantes de los futuros o supuestos beneficiarios. O sea, no puede haber una relación que se preste a conflictos de interés, en relación con la Comisión de acreditación pero igual con la CNE, con la Comisión o el Consejo Nacional de Educación porque en él se otorgan los licenciamientos”, expuso.
Esta comisión se formó a partir de las acreditaciones falsas, que tuvo su momento más escandaloso cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, ve con benevolencia esta tendencia de mayor transparencia, pero advirtió que es necesario asumir que es un proceso lento.
“Lo que a mí me interesa exponer es que los procesos de transparencia de las universidades respecto de los procesos de transparencia de otras instituciones tienen tiempos. Me explico más concretamente, son tremendamente insumidores de tiempo y de recursos. Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente”, señaló.
La publicación del informe final de la comisión investigadora coincidió con la carta entregada en el Palacio de La Moneda por parte de estudiantes de la Universidad del Mar, donde expresan “el abandono y las promesas incumplidas del Presidente Piñera y el ex ministro Harald Beyer”, según la presidenta del Centro de Alumnos de medicina de esa Universidad, Claudia Vera.
“Él dice los queremos sacar de una universidad que no cumple con la finalidad y a todos los vamos a reubicar, no se va a quedar nadie sin estudiar. Eso lo repitió muchas veces, por lo tanto siempre se sostenía el hecho de que se tenía que decretar el cierre con quince días para ver donde podría ser la reubicación. Después nosotros lo increpamos, le exigimos una respuesta, cuando nos encontrábamos con él en los pasillos, porque nunca nos quiso recibir en una entrevista formal”, agregó.
El mercado de la educación de Chile ha registrado un crecimiento tal que en 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la llamada educación superior, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes, matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica.
