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Año XI, 24 de agosto de 2019

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Enfoque de la Ficha de Protección Social divide a Gobierno y expertos

La Ficha de Protección Social, que significa beneficios públicos para casi uno de cada tres chilenos, es materia de polarización ideológica entre el Gobierno, que propone que la cobertura social esté más centrada en la pobreza extrema; y expertos, que piensan que debería atenderse también a situaciones de vulnerabilidad e incluso avanzar hacia derechos sociales universales como los que existían antes de la dictadura.

Helmuth Huerta

  Domingo 7 de julio 2013 0:08 hrs. 
Ficha Protección Social

La primera importancia de la Ficha de Protección Social es que significa beneficios para al menos 6 millones de personas (bono por hijo, bono marzo, subsidio habitacional, pensiones, asesoría jurídica, etc.). El conflicto político es que sectores proclives al Gobierno del Presidente Piñera dicen que sólo debería medir “pobreza” a partir del ingreso mensual, mientras que sectores de la oposición dicen que además debería medir “vulnerabilidad”, que es un concepto más amplio. Por ejemplo, una persona puede tener un ingreso mayor al promedio, pero si enfrenta una situación imprevista, como la muerte de un pariente, una enfermedad crónica, una separación, etc., entonces su situación económica se ve abruptamente golpeada. Pero como sigue recibiendo el mismo ingreso, no se considera el cambio.

Puesto que la Ficha ha enfrentado situaciones fraudulentas, el Gobierno va a cambiarla y ya creó un Departamento de Fiscalización, para pesquisar irregularidades. La Fundación para la Superación de la Pobreza (ejecutora del Programa Servicio País y especializada en el tema de la precariedad socioeconómica) no cuestiona esta decisión, pero dice que el Estado pide demasiados datos que muchas veces son absurdos, como requisito para dar beneficios que sí son necesarios.

“Dado que la ficha solo mide carencias, la gente termina engañándola porque si no lo hace se queda sin el beneficio. Un ejemplo de la perversión que puede tener este tipo de instrumento es lo que está sucediendo con las pensiones solidarias. Basta con que el nieto de la persona que recibió esa pensión llegue a cuarto medio, lo que no significa necesariamente que esté trabajando, y a la persona le quitan la pensión. Lo que me parece fatal es que, en definitiva, quien tiene que entregar los datos de la persona tiene que ser el propio Estado. Yo no le puedo pedir a la persona que ella me entregue los datos para acreditar determinadas cuestiones”, explica el director de la entidad, Leonardo Moreno.

El epicentro del debate es que medir pobreza es más fácil que medir vulnerabilidad, y además la postura liberal es que al Estado sólo compete atender situaciones de privación extrema, y no “vulnerabilidad”. “Pero este concepto dice más sobre la realidad de muchos chilenos. Por eso, en vez de pedir puntajes demasiados específicos para la Ficha de Protección Social, deberían usarse los tramos que entrega la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), porque es más abarcadora y no obliga a la gente a forzar los datos para calificar con puntaje”, dice la ex titular del MIDEPLAN (actual Ministerio de Desarrollo Social) y académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez Díaz.

“Otra cosa que hay que hacer es que, en vez de establecer puntajes cerrados, se puedan establecer tramos de puntaje, de acuerdo a otro instrumento que, en el caso de Chile, es la CASEN, la que genera una ordenación de quintiles de ingreso, una línea de pobreza y una línea de indigencia. Y esos tramos se pueden homologar a los puntajes de la Ficha Social. Así se reduce la exigencia absurda de requisitos por parte del Estado, y al mismo tiempo se evita que la gente tenga que forzar datos para que calcen con requisitos puramente formales”, sugiere.

La trabajadora social cuestiona que el Gobierno del Presidente Piñera potencie un enfoque policial a través de la creación de un Departamento de Fiscalización de la Ficha, en vez de avanzar hacia derechos sociales más universales.

En efecto, aunque la Ficha de Protección Social nació con ese nombre en 2007, la idea partió en 1979, cuando la Dictadura de Pinochet creó la Ficha CAS (Comités de Asistencia Social) para desarrollar una “política social residual”, pues antes del Golpe de 1973, no había este tipo de fichas para caracterizar a la gente y dar beneficios focalizados, porque los derechos sociales eran universales.

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