Un informe pericial, encargado a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, establece que los directivos de La Polar recibieron bonos por utilidades conseguidas entre 2006 y 2011, esto por índices económicos adulterados para simular solvencia financiera. Esta práctica surge en paralelo al escándalo por repactaciones unilaterales en la multitienda.
El peritaje establece que hay distorsión en los informes entregados al directorio, los que registran utilidades ficticias, informadas a los accionistas y difundida en el mercado, aumentando la cartera de clientes y bajando su índice de riesgo.
Por otro lado, se cuestiona la asesoría de PriceWaterhouse Cooper, por auditorías externas que omiten falta de datos por operaciones de crédito, información contable y transacciones, lo que incide en un erróneo diagnóstico del perfil de la empresa.
Por ejemplo, los peritajes establecen que el patrimonio de La Polar se vio afectado con pérdidas que superan los 500 millones de pesos, aun cuando los índices anuales destacan activos inexistentes, por un monto superior a los 700 millones.
Al respecto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que hoy los enjuiciados por este caso deben responder ante estas nuevas irregularidades, y la justicia debería exigir la devolución de los dineros considerados en esta operación.
“Esto va a ser un atenuante mayor, las repactaciones tenían como objetivo inflar las utilidades para que los ejecutivos obtuvieran premios por el resultado económico. En virtud de un delito, que provocó que esta empresa estuviera al borde de la quiebra. La justicia debe hacerse cargo, y debe solicitar la devolución de estos dineros, se sabía que ese es el motivo para incurrir en estos ilícitos”, indicó.
Hay que destacar que los tres ejecutivos en juicio por este caso, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, recibieron bonos que oscilan los mil 300 millones de pesos, cada uno. Además, el directorio recibió incentivos que alcanzan los mil 587 millones.
Respecto de la eventual devolución de estos incentivos, Jean Pierre Matus, académico de la Universidad de Chile experto en derecho penal, señala que esto se haría efectivo sólo en un juicio penal, o bien en un proceso bajo una demanda civil.
Matus apuntó que “podrían ser parte del daño causado a la empresa que hizo esos pagos. Si es por causa ilícita, tiene que hacerse a través de demanda civil, o proceso penal si es la empresa, o en una demanda civil posterior. Ahí la justicia dirime si se persigue o no”.
Estos delitos podrían incluirse en la próxima audiencia de reformalización de cargos, fijada para el próximo 1 de agosto. Los ejecutivos ya están formalizados por infracción al artículo 160, por entrega de información falsa a los bancos para conseguir financiamiento.
Hay que destacar que los académicos Juan Pablo Miranda y Liliana Neriz fueron contactados por la emisora, pero a petición de la Fiscalía Centro-Norte, declinaron de referirse a los detalles del peritaje.
Un informe pericial, encargado a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, establece que los directivos de La Polar recibieron bonos por utilidades conseguidas entre 2006 y 2011, esto por índices económicos adulterados para simular solvencia financiera. Esta práctica surge en paralelo al escándalo por repactaciones unilaterales en la multitienda.
El peritaje establece que hay distorsión en los informes entregados al directorio, los que registran utilidades ficticias, informadas a los accionistas y difundida en el mercado, aumentando la cartera de clientes y bajando su índice de riesgo.
Por otro lado, se cuestiona la asesoría de PriceWaterhouse Cooper, por auditorías externas que omiten falta de datos por operaciones de crédito, información contable y transacciones, lo que incide en un erróneo diagnóstico del perfil de la empresa.
Por ejemplo, los peritajes establecen que el patrimonio de La Polar se vio afectado con pérdidas que superan los 500 millones de pesos, aun cuando los índices anuales destacan activos inexistentes, por un monto superior a los 700 millones.
Al respecto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que hoy los enjuiciados por este caso deben responder ante estas nuevas irregularidades, y la justicia debería exigir la devolución de los dineros considerados en esta operación.
“Esto va a ser un atenuante mayor, las repactaciones tenían como objetivo inflar las utilidades para que los ejecutivos obtuvieran premios por el resultado económico. En virtud de un delito, que provocó que esta empresa estuviera al borde de la quiebra. La justicia debe hacerse cargo, y debe solicitar la devolución de estos dineros, se sabía que ese es el motivo para incurrir en estos ilícitos”, indicó.
Hay que destacar que los tres ejecutivos en juicio por este caso, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, recibieron bonos que oscilan los mil 300 millones de pesos, cada uno. Además, el directorio recibió incentivos que alcanzan los mil 587 millones.
Respecto de la eventual devolución de estos incentivos, Jean Pierre Matus, académico de la Universidad de Chile experto en derecho penal, señala que esto se haría efectivo sólo en un juicio penal, o bien en un proceso bajo una demanda civil.
Matus apuntó que “podrían ser parte del daño causado a la empresa que hizo esos pagos. Si es por causa ilícita, tiene que hacerse a través de demanda civil, o proceso penal si es la empresa, o en una demanda civil posterior. Ahí la justicia dirime si se persigue o no”.
Estos delitos podrían incluirse en la próxima audiencia de reformalización de cargos, fijada para el próximo 1 de agosto. Los ejecutivos ya están formalizados por infracción al artículo 160, por entrega de información falsa a los bancos para conseguir financiamiento.
Hay que destacar que los académicos Juan Pablo Miranda y Liliana Neriz fueron contactados por la emisora, pero a petición de la Fiscalía Centro-Norte, declinaron de referirse a los detalles del peritaje.
Un informe pericial, encargado a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, establece que los directivos de La Polar recibieron bonos por utilidades conseguidas entre 2006 y 2011, esto por índices económicos adulterados para simular solvencia financiera. Esta práctica surge en paralelo al escándalo por repactaciones unilaterales en la multitienda.
El peritaje establece que hay distorsión en los informes entregados al directorio, los que registran utilidades ficticias, informadas a los accionistas y difundida en el mercado, aumentando la cartera de clientes y bajando su índice de riesgo.
Por otro lado, se cuestiona la asesoría de PriceWaterhouse Cooper, por auditorías externas que omiten falta de datos por operaciones de crédito, información contable y transacciones, lo que incide en un erróneo diagnóstico del perfil de la empresa.
Por ejemplo, los peritajes establecen que el patrimonio de La Polar se vio afectado con pérdidas que superan los 500 millones de pesos, aun cuando los índices anuales destacan activos inexistentes, por un monto superior a los 700 millones.
Al respecto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que hoy los enjuiciados por este caso deben responder ante estas nuevas irregularidades, y la justicia debería exigir la devolución de los dineros considerados en esta operación.
“Esto va a ser un atenuante mayor, las repactaciones tenían como objetivo inflar las utilidades para que los ejecutivos obtuvieran premios por el resultado económico. En virtud de un delito, que provocó que esta empresa estuviera al borde de la quiebra. La justicia debe hacerse cargo, y debe solicitar la devolución de estos dineros, se sabía que ese es el motivo para incurrir en estos ilícitos”, indicó.
Hay que destacar que los tres ejecutivos en juicio por este caso, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, recibieron bonos que oscilan los mil 300 millones de pesos, cada uno. Además, el directorio recibió incentivos que alcanzan los mil 587 millones.
Respecto de la eventual devolución de estos incentivos, Jean Pierre Matus, académico de la Universidad de Chile experto en derecho penal, señala que esto se haría efectivo sólo en un juicio penal, o bien en un proceso bajo una demanda civil.
Matus apuntó que “podrían ser parte del daño causado a la empresa que hizo esos pagos. Si es por causa ilícita, tiene que hacerse a través de demanda civil, o proceso penal si es la empresa, o en una demanda civil posterior. Ahí la justicia dirime si se persigue o no”.
Estos delitos podrían incluirse en la próxima audiencia de reformalización de cargos, fijada para el próximo 1 de agosto. Los ejecutivos ya están formalizados por infracción al artículo 160, por entrega de información falsa a los bancos para conseguir financiamiento.
Hay que destacar que los académicos Juan Pablo Miranda y Liliana Neriz fueron contactados por la emisora, pero a petición de la Fiscalía Centro-Norte, declinaron de referirse a los detalles del peritaje.
