Sin participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría sellarse la investigación por la fallida licitación del litio, ocurrida durante el año pasado. La querella interpuesta por el organismo fiscalizador fue declarada como “inadmisible” por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por ser considerada “extemporánea”.
La tardía presentación del Consejo en la causa que busca determinar responsabilidades en los procedimientos que terminaron revocando la licitación del Litio a Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, luego que se descubriera que mantenía litigios pendientes con el fisco, permitiría aceptar la solicitud de Víctor Vidal, fiscal a cargo de la investigación, quien en junio pasado pidiera cerrar las pericias en caso de que no se presentaran nuevas diligencias que reforzaran las querellas ya interpuestas.
Desde la Asociación Gremial de Mineros Industriales (ASOGEMIN), querellantes del caso, esperan que el CDE apele a la medida, o bien se pueda abrir una arista paralela de investigación, relativa a la denuncia interpuesta por el organismo fiscalizador. Así lo señaló el abogado representante del gremio, Luis Aguilar.
En este sentido, el abogado de la Asociación Gremial de Mineros Industriales señaló que “el hecho de que la querella la haya presentado el Consejo de Defensa del Estado fuera del plazo, no inhabilita esa querella, le da el carácter de denuncia procesalmente, así que puede abrirse un cuaderno de investigación separado con esos antecedentes, porque además se refiere a un delito distinto, se refiere a un delito d efalsificación de las actas del Consejo”.
Para el presidente de la Asociación, Luis Gallardo, la tardía presentación de los cargos por parte del Consejo, es una muestra de poco profesionalismo.
Por esto, el presidente de ASOGEMIN indicó que “nos llama la atención porque el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, donde se supone que son profesionales de excelencia en consecuencia no podían alegar desconocimiento del código, ni de los procedimiento y también no llama la atención la urgencia que ha tenido el fiscal para cerrar un caso para acoger una petición de sobreseimiento, y el fiscal cuando supo que el CDE se hace parte, lo que obligaba a un mayor celo por parte de la actuación del sistema, pide cerrar el proceso investigativo”.
Más allá de las razones que hayan llevado al CDE a presentar fuera de plazo su querella y que han hecho especular en torno a la decisión, lo cierto es que en lo legal las alternativas se acotan a una apelación del ente para poder ingresar la denuncia en la que aseguran que “todas las irregularidades se encaminan a beneficiar el oferente inhabilitado Soquimich”, responsabilizando directamente a Jimena Bronfman, quien actuaba como Secretaria del Comité Especial de Licitación (CEL), y era la encargada de velar por el cumplimiento del proceso, como también en contra de Pablo Wagner ex Subsecretario de minería, por firmar un “acta ideológicamente falsa”, o bien a abrir una nueva investigación específica con esta información, confirmó el abogado Aguilar.
En cuanto al caso, el próximo mes de septiembre se desarrollará la audiencia en la que se evaluará el sobreseimiento de la causa, instancia que se realizará independiente a la participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante y que decidirá finalmente el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la medida que el CDE presente o no medidas apelatorias a la resolución.
Radio Universidad de Chile intentó, sin éxito, obtener la versión del organismo.
Sin participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría sellarse la investigación por la fallida licitación del litio, ocurrida durante el año pasado. La querella interpuesta por el organismo fiscalizador fue declarada como “inadmisible” por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por ser considerada “extemporánea”.
La tardía presentación del Consejo en la causa que busca determinar responsabilidades en los procedimientos que terminaron revocando la licitación del Litio a Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, luego que se descubriera que mantenía litigios pendientes con el fisco, permitiría aceptar la solicitud de Víctor Vidal, fiscal a cargo de la investigación, quien en junio pasado pidiera cerrar las pericias en caso de que no se presentaran nuevas diligencias que reforzaran las querellas ya interpuestas.
Desde la Asociación Gremial de Mineros Industriales (ASOGEMIN), querellantes del caso, esperan que el CDE apele a la medida, o bien se pueda abrir una arista paralela de investigación, relativa a la denuncia interpuesta por el organismo fiscalizador. Así lo señaló el abogado representante del gremio, Luis Aguilar.
En este sentido, el abogado de la Asociación Gremial de Mineros Industriales señaló que “el hecho de que la querella la haya presentado el Consejo de Defensa del Estado fuera del plazo, no inhabilita esa querella, le da el carácter de denuncia procesalmente, así que puede abrirse un cuaderno de investigación separado con esos antecedentes, porque además se refiere a un delito distinto, se refiere a un delito d efalsificación de las actas del Consejo”.
Para el presidente de la Asociación, Luis Gallardo, la tardía presentación de los cargos por parte del Consejo, es una muestra de poco profesionalismo.
Por esto, el presidente de ASOGEMIN indicó que “nos llama la atención porque el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, donde se supone que son profesionales de excelencia en consecuencia no podían alegar desconocimiento del código, ni de los procedimiento y también no llama la atención la urgencia que ha tenido el fiscal para cerrar un caso para acoger una petición de sobreseimiento, y el fiscal cuando supo que el CDE se hace parte, lo que obligaba a un mayor celo por parte de la actuación del sistema, pide cerrar el proceso investigativo”.
Más allá de las razones que hayan llevado al CDE a presentar fuera de plazo su querella y que han hecho especular en torno a la decisión, lo cierto es que en lo legal las alternativas se acotan a una apelación del ente para poder ingresar la denuncia en la que aseguran que “todas las irregularidades se encaminan a beneficiar el oferente inhabilitado Soquimich”, responsabilizando directamente a Jimena Bronfman, quien actuaba como Secretaria del Comité Especial de Licitación (CEL), y era la encargada de velar por el cumplimiento del proceso, como también en contra de Pablo Wagner ex Subsecretario de minería, por firmar un “acta ideológicamente falsa”, o bien a abrir una nueva investigación específica con esta información, confirmó el abogado Aguilar.
En cuanto al caso, el próximo mes de septiembre se desarrollará la audiencia en la que se evaluará el sobreseimiento de la causa, instancia que se realizará independiente a la participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante y que decidirá finalmente el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la medida que el CDE presente o no medidas apelatorias a la resolución.
Radio Universidad de Chile intentó, sin éxito, obtener la versión del organismo.
Sin participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría sellarse la investigación por la fallida licitación del litio, ocurrida durante el año pasado. La querella interpuesta por el organismo fiscalizador fue declarada como “inadmisible” por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por ser considerada “extemporánea”.
La tardía presentación del Consejo en la causa que busca determinar responsabilidades en los procedimientos que terminaron revocando la licitación del Litio a Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, luego que se descubriera que mantenía litigios pendientes con el fisco, permitiría aceptar la solicitud de Víctor Vidal, fiscal a cargo de la investigación, quien en junio pasado pidiera cerrar las pericias en caso de que no se presentaran nuevas diligencias que reforzaran las querellas ya interpuestas.
Desde la Asociación Gremial de Mineros Industriales (ASOGEMIN), querellantes del caso, esperan que el CDE apele a la medida, o bien se pueda abrir una arista paralela de investigación, relativa a la denuncia interpuesta por el organismo fiscalizador. Así lo señaló el abogado representante del gremio, Luis Aguilar.
En este sentido, el abogado de la Asociación Gremial de Mineros Industriales señaló que “el hecho de que la querella la haya presentado el Consejo de Defensa del Estado fuera del plazo, no inhabilita esa querella, le da el carácter de denuncia procesalmente, así que puede abrirse un cuaderno de investigación separado con esos antecedentes, porque además se refiere a un delito distinto, se refiere a un delito d efalsificación de las actas del Consejo”.
Para el presidente de la Asociación, Luis Gallardo, la tardía presentación de los cargos por parte del Consejo, es una muestra de poco profesionalismo.
Por esto, el presidente de ASOGEMIN indicó que “nos llama la atención porque el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, donde se supone que son profesionales de excelencia en consecuencia no podían alegar desconocimiento del código, ni de los procedimiento y también no llama la atención la urgencia que ha tenido el fiscal para cerrar un caso para acoger una petición de sobreseimiento, y el fiscal cuando supo que el CDE se hace parte, lo que obligaba a un mayor celo por parte de la actuación del sistema, pide cerrar el proceso investigativo”.
Más allá de las razones que hayan llevado al CDE a presentar fuera de plazo su querella y que han hecho especular en torno a la decisión, lo cierto es que en lo legal las alternativas se acotan a una apelación del ente para poder ingresar la denuncia en la que aseguran que “todas las irregularidades se encaminan a beneficiar el oferente inhabilitado Soquimich”, responsabilizando directamente a Jimena Bronfman, quien actuaba como Secretaria del Comité Especial de Licitación (CEL), y era la encargada de velar por el cumplimiento del proceso, como también en contra de Pablo Wagner ex Subsecretario de minería, por firmar un “acta ideológicamente falsa”, o bien a abrir una nueva investigación específica con esta información, confirmó el abogado Aguilar.
En cuanto al caso, el próximo mes de septiembre se desarrollará la audiencia en la que se evaluará el sobreseimiento de la causa, instancia que se realizará independiente a la participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante y que decidirá finalmente el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la medida que el CDE presente o no medidas apelatorias a la resolución.
Radio Universidad de Chile intentó, sin éxito, obtener la versión del organismo.
