Una demanda colectiva de carácter civil presentó, esta mañana, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) en contra de las compañías farmacéuticas Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, por la colusión de 206 medicamentos registrada entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.
El requerimiento busca que estas empresas reparen a las personas afectadas por este delito, por un monto no menor a 27 mil millones de pesos, cifra correspondiente a las rentas líquidas obtenidas por estas tres cadenas de forma ilegítima, según lo estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Ian Gallegos, abogado de Odecu, señaló que, al existir esta resolución y una sentencia judicial, conocida a inicios de este mes, “sólo resta reparar a los principales afectados, que son los consumidores”.
En este sentido, el abogado de la organización de consumidores explicó que “el Tribunal de Libre la Competencia sancionó de una manera el acto anti jurídico que hicieron las farmacias. Ese acto anti jurídico fue sancionado y ese dinero es de beneficio fiscal. Por la otra demanda que entablaron contra las personas que se coludieron, también tiene una apreciación personal de eso, pero resulta que todavía no han sido reparados los consumidores, o sea, tenemos un hecho concreto, acá las farmacias se beneficiaron con 27 mil millones de pesos por este sobre precio, este aumento de precio y es ahí donde nosotros vamos con los consumidores y vamos a la sede civil”.
Stefan Larenas, presidente de Odecu, indicó que las tres principales cadenas farmacéuticas dañaron, gravemente, a los consumidores de todo el país; primero, a quienes debieron pagar sobreprecios; y, segundo, a quienes se vieron impedidos de continuar con su tratamiento o fueron obligados a adquirir productos de menor calidad.
Por ello, según agregó, es que esta demanda colectiva busca una reparación para las personas afectadas identificables y, especialmente, para aquellas consideradas como “difusas”.
Por esto, el máximo dirigente de la organización civil indicó que “el Estado ya ha sido reparado. Sin embargo, después de todos estos años ningún consumidor ha sido reparado. Que devuelvan el dinero apropiado al universo de personas identificables, que son las personas que pueden mostrar que han comprado durante el tiempo de la colusión y personas del universo no identificable, para eso nosotros le pedimos al tribunal que busque una reparación general, una reparación social”.
Larenas planteó que algunos mecanismos de reparación pueden ser la rebaja de los precios de los medicamentos coludidos por un período determinado de tiempo y crear un fondo abierto para las personas con enfermedades crónicas.
Cabe recordar que el TDLC condenó a Salcobrand y a Cruz Verde a pagar una multa de 19 millones de dólares, cada una, y a Farmacias Ahumada, que se acogió a la figura de delación compensada, a cancelar un millón de dólares.
En tanto, a inicios de este mes, los 10 ejecutivos que participaron de la colusión fueron sentenciados a clases de ética empresarial y a donar, en conjunto, 255 millones de pesos a instituciones benéficas.
“Hay una camino recorrido; no falta nada por demostrar”, señaló Stefan Larenas, quien aseguró que esta demanda colectiva puede marcar un precedente judicial en contra de la colusión y a favor de los consumidores.
Una demanda colectiva de carácter civil presentó, esta mañana, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) en contra de las compañías farmacéuticas Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, por la colusión de 206 medicamentos registrada entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.
El requerimiento busca que estas empresas reparen a las personas afectadas por este delito, por un monto no menor a 27 mil millones de pesos, cifra correspondiente a las rentas líquidas obtenidas por estas tres cadenas de forma ilegítima, según lo estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Ian Gallegos, abogado de Odecu, señaló que, al existir esta resolución y una sentencia judicial, conocida a inicios de este mes, “sólo resta reparar a los principales afectados, que son los consumidores”.
En este sentido, el abogado de la organización de consumidores explicó que “el Tribunal de Libre la Competencia sancionó de una manera el acto anti jurídico que hicieron las farmacias. Ese acto anti jurídico fue sancionado y ese dinero es de beneficio fiscal. Por la otra demanda que entablaron contra las personas que se coludieron, también tiene una apreciación personal de eso, pero resulta que todavía no han sido reparados los consumidores, o sea, tenemos un hecho concreto, acá las farmacias se beneficiaron con 27 mil millones de pesos por este sobre precio, este aumento de precio y es ahí donde nosotros vamos con los consumidores y vamos a la sede civil”.
Stefan Larenas, presidente de Odecu, indicó que las tres principales cadenas farmacéuticas dañaron, gravemente, a los consumidores de todo el país; primero, a quienes debieron pagar sobreprecios; y, segundo, a quienes se vieron impedidos de continuar con su tratamiento o fueron obligados a adquirir productos de menor calidad.
Por ello, según agregó, es que esta demanda colectiva busca una reparación para las personas afectadas identificables y, especialmente, para aquellas consideradas como “difusas”.
Por esto, el máximo dirigente de la organización civil indicó que “el Estado ya ha sido reparado. Sin embargo, después de todos estos años ningún consumidor ha sido reparado. Que devuelvan el dinero apropiado al universo de personas identificables, que son las personas que pueden mostrar que han comprado durante el tiempo de la colusión y personas del universo no identificable, para eso nosotros le pedimos al tribunal que busque una reparación general, una reparación social”.
Larenas planteó que algunos mecanismos de reparación pueden ser la rebaja de los precios de los medicamentos coludidos por un período determinado de tiempo y crear un fondo abierto para las personas con enfermedades crónicas.
Cabe recordar que el TDLC condenó a Salcobrand y a Cruz Verde a pagar una multa de 19 millones de dólares, cada una, y a Farmacias Ahumada, que se acogió a la figura de delación compensada, a cancelar un millón de dólares.
En tanto, a inicios de este mes, los 10 ejecutivos que participaron de la colusión fueron sentenciados a clases de ética empresarial y a donar, en conjunto, 255 millones de pesos a instituciones benéficas.
“Hay una camino recorrido; no falta nada por demostrar”, señaló Stefan Larenas, quien aseguró que esta demanda colectiva puede marcar un precedente judicial en contra de la colusión y a favor de los consumidores.
Una demanda colectiva de carácter civil presentó, esta mañana, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) en contra de las compañías farmacéuticas Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, por la colusión de 206 medicamentos registrada entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.
El requerimiento busca que estas empresas reparen a las personas afectadas por este delito, por un monto no menor a 27 mil millones de pesos, cifra correspondiente a las rentas líquidas obtenidas por estas tres cadenas de forma ilegítima, según lo estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Ian Gallegos, abogado de Odecu, señaló que, al existir esta resolución y una sentencia judicial, conocida a inicios de este mes, “sólo resta reparar a los principales afectados, que son los consumidores”.
En este sentido, el abogado de la organización de consumidores explicó que “el Tribunal de Libre la Competencia sancionó de una manera el acto anti jurídico que hicieron las farmacias. Ese acto anti jurídico fue sancionado y ese dinero es de beneficio fiscal. Por la otra demanda que entablaron contra las personas que se coludieron, también tiene una apreciación personal de eso, pero resulta que todavía no han sido reparados los consumidores, o sea, tenemos un hecho concreto, acá las farmacias se beneficiaron con 27 mil millones de pesos por este sobre precio, este aumento de precio y es ahí donde nosotros vamos con los consumidores y vamos a la sede civil”.
Stefan Larenas, presidente de Odecu, indicó que las tres principales cadenas farmacéuticas dañaron, gravemente, a los consumidores de todo el país; primero, a quienes debieron pagar sobreprecios; y, segundo, a quienes se vieron impedidos de continuar con su tratamiento o fueron obligados a adquirir productos de menor calidad.
Por ello, según agregó, es que esta demanda colectiva busca una reparación para las personas afectadas identificables y, especialmente, para aquellas consideradas como “difusas”.
Por esto, el máximo dirigente de la organización civil indicó que “el Estado ya ha sido reparado. Sin embargo, después de todos estos años ningún consumidor ha sido reparado. Que devuelvan el dinero apropiado al universo de personas identificables, que son las personas que pueden mostrar que han comprado durante el tiempo de la colusión y personas del universo no identificable, para eso nosotros le pedimos al tribunal que busque una reparación general, una reparación social”.
Larenas planteó que algunos mecanismos de reparación pueden ser la rebaja de los precios de los medicamentos coludidos por un período determinado de tiempo y crear un fondo abierto para las personas con enfermedades crónicas.
Cabe recordar que el TDLC condenó a Salcobrand y a Cruz Verde a pagar una multa de 19 millones de dólares, cada una, y a Farmacias Ahumada, que se acogió a la figura de delación compensada, a cancelar un millón de dólares.
En tanto, a inicios de este mes, los 10 ejecutivos que participaron de la colusión fueron sentenciados a clases de ética empresarial y a donar, en conjunto, 255 millones de pesos a instituciones benéficas.
“Hay una camino recorrido; no falta nada por demostrar”, señaló Stefan Larenas, quien aseguró que esta demanda colectiva puede marcar un precedente judicial en contra de la colusión y a favor de los consumidores.
