El trasfondo de los anuncios está dado por las nuevas denuncias que relacionan a la diputada independiente pro Alianza, Marta Isasi, con la empresa pesquera Camanchaca, y los vínculos entre política y negocios denunciados por el programa Contacto, de Canal 13.
Reactivamente, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció que el proyecto de ley de probidad en la gestión pública se va a tramitar con suma urgencia en el Congreso, lo que significa que tanto la Cámara como el Senado tienen 15 días cada uno para resolver sobre el proyecto. Esta iniciativa contempla la obligación de incorporar en toda declaración de intereses y patrimonio, los valores y participación en todo tipo de sociedades.
El proyecto también incluye sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones. En el caso de los parlamentarios, si éste no efectúa de manera oportuna la declaración de intereses y patrimonio, la formaliza de manera incompleta o no la actualiza dentro de plazo, será obligado por la Comisión de Ética y Transparencia, para que lo realice en un lapso de veinte días y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Esa multa se va a reiterar por cada mes de retardo.
El ministro Cristián Larroulet, dijo que este es uno de varios proyectos sobre probidad y transparencia: “Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas, tenemos otra para perfeccionar la Ley de Transparencia, que recoge los debates planteados. También un proyecto que regula el lobby. Trabajamos en distintos frentes, el país está avanzando”.
La comisión de Ética del Senado, encabezada por Hernán Larraín, anunció un conjunto de medidas, entre las cuales destaca la prohibición de contratar a familiares, que a la fecha sólo está vigente para diputados.
“En materia de conflicto de interés, hemos acordado propiciar que las mesas del Congreso asuman con más energía esta materia. Que modifiquemos los reglamentos que existen, que prohibamos la contratación de parientes, aclaremos cómo se realiza la declaración de patrimonio. Vamos a crear una unidad de asesoría y seguimiento para garantizar los compromisos, y actualizar cada vez que sea necesario”, declaró el senador.
Por su parte, la comisión de ética de la Cámara de Diputados, liderada por Patricio Vallespín, anunció que afinarán más los requisitos de las declaraciones de patrimonio y de intereses que deben llenar los parlamentarios.
El diputado indicó que “dado que efectivamente habíamos identificado que en las declaraciones de interés hay diferencias significativas, llegó el minuto de establecer estándares más exigentes, con detalles y precisiones. Que no queden espacios sin llenar por los parlamentarios, que es lo que pasa ahora”.
Aun cuando las declaraciones de patrimonio e intereses se han consolidado desde el año 2010 en adelante, los diputados y senadores no tienen la obligación legal de inhabilitarse de votar cuando tienen intereses económicos sobre un tema, y el secreto bancario impide saber si reciben pagos secretos por parte de empresas.
El trasfondo de los anuncios está dado por las nuevas denuncias que relacionan a la diputada independiente pro Alianza, Marta Isasi, con la empresa pesquera Camanchaca, y los vínculos entre política y negocios denunciados por el programa Contacto, de Canal 13.
Reactivamente, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció que el proyecto de ley de probidad en la gestión pública se va a tramitar con suma urgencia en el Congreso, lo que significa que tanto la Cámara como el Senado tienen 15 días cada uno para resolver sobre el proyecto. Esta iniciativa contempla la obligación de incorporar en toda declaración de intereses y patrimonio, los valores y participación en todo tipo de sociedades.
El proyecto también incluye sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones. En el caso de los parlamentarios, si éste no efectúa de manera oportuna la declaración de intereses y patrimonio, la formaliza de manera incompleta o no la actualiza dentro de plazo, será obligado por la Comisión de Ética y Transparencia, para que lo realice en un lapso de veinte días y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Esa multa se va a reiterar por cada mes de retardo.
El ministro Cristián Larroulet, dijo que este es uno de varios proyectos sobre probidad y transparencia: “Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas, tenemos otra para perfeccionar la Ley de Transparencia, que recoge los debates planteados. También un proyecto que regula el lobby. Trabajamos en distintos frentes, el país está avanzando”.
La comisión de Ética del Senado, encabezada por Hernán Larraín, anunció un conjunto de medidas, entre las cuales destaca la prohibición de contratar a familiares, que a la fecha sólo está vigente para diputados.
“En materia de conflicto de interés, hemos acordado propiciar que las mesas del Congreso asuman con más energía esta materia. Que modifiquemos los reglamentos que existen, que prohibamos la contratación de parientes, aclaremos cómo se realiza la declaración de patrimonio. Vamos a crear una unidad de asesoría y seguimiento para garantizar los compromisos, y actualizar cada vez que sea necesario”, declaró el senador.
Por su parte, la comisión de ética de la Cámara de Diputados, liderada por Patricio Vallespín, anunció que afinarán más los requisitos de las declaraciones de patrimonio y de intereses que deben llenar los parlamentarios.
El diputado indicó que “dado que efectivamente habíamos identificado que en las declaraciones de interés hay diferencias significativas, llegó el minuto de establecer estándares más exigentes, con detalles y precisiones. Que no queden espacios sin llenar por los parlamentarios, que es lo que pasa ahora”.
Aun cuando las declaraciones de patrimonio e intereses se han consolidado desde el año 2010 en adelante, los diputados y senadores no tienen la obligación legal de inhabilitarse de votar cuando tienen intereses económicos sobre un tema, y el secreto bancario impide saber si reciben pagos secretos por parte de empresas.
El trasfondo de los anuncios está dado por las nuevas denuncias que relacionan a la diputada independiente pro Alianza, Marta Isasi, con la empresa pesquera Camanchaca, y los vínculos entre política y negocios denunciados por el programa Contacto, de Canal 13.
Reactivamente, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció que el proyecto de ley de probidad en la gestión pública se va a tramitar con suma urgencia en el Congreso, lo que significa que tanto la Cámara como el Senado tienen 15 días cada uno para resolver sobre el proyecto. Esta iniciativa contempla la obligación de incorporar en toda declaración de intereses y patrimonio, los valores y participación en todo tipo de sociedades.
El proyecto también incluye sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones. En el caso de los parlamentarios, si éste no efectúa de manera oportuna la declaración de intereses y patrimonio, la formaliza de manera incompleta o no la actualiza dentro de plazo, será obligado por la Comisión de Ética y Transparencia, para que lo realice en un lapso de veinte días y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Esa multa se va a reiterar por cada mes de retardo.
El ministro Cristián Larroulet, dijo que este es uno de varios proyectos sobre probidad y transparencia: “Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas, tenemos otra para perfeccionar la Ley de Transparencia, que recoge los debates planteados. También un proyecto que regula el lobby. Trabajamos en distintos frentes, el país está avanzando”.
La comisión de Ética del Senado, encabezada por Hernán Larraín, anunció un conjunto de medidas, entre las cuales destaca la prohibición de contratar a familiares, que a la fecha sólo está vigente para diputados.
“En materia de conflicto de interés, hemos acordado propiciar que las mesas del Congreso asuman con más energía esta materia. Que modifiquemos los reglamentos que existen, que prohibamos la contratación de parientes, aclaremos cómo se realiza la declaración de patrimonio. Vamos a crear una unidad de asesoría y seguimiento para garantizar los compromisos, y actualizar cada vez que sea necesario”, declaró el senador.
Por su parte, la comisión de ética de la Cámara de Diputados, liderada por Patricio Vallespín, anunció que afinarán más los requisitos de las declaraciones de patrimonio y de intereses que deben llenar los parlamentarios.
El diputado indicó que “dado que efectivamente habíamos identificado que en las declaraciones de interés hay diferencias significativas, llegó el minuto de establecer estándares más exigentes, con detalles y precisiones. Que no queden espacios sin llenar por los parlamentarios, que es lo que pasa ahora”.
Aun cuando las declaraciones de patrimonio e intereses se han consolidado desde el año 2010 en adelante, los diputados y senadores no tienen la obligación legal de inhabilitarse de votar cuando tienen intereses económicos sobre un tema, y el secreto bancario impide saber si reciben pagos secretos por parte de empresas.
