La Fiscalía -organismo judicial encargado de dirigir la investigación de delitos, llevar a los imputados ante los Tribunales y dar protección a víctimas y testigos- fechó para septiembre la presentación de las acusaciones en contra de los ocho ex ejecutivos de la multitienda La Polar, sindicados como los autores de montar un sistema computacional automático de repactaciones unilaterales, con el cual los contratos de las deudas de cerca de un millón de clientes eran modificados sin consultar a los afectados, contraviniendo así la ley y las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El fiscal del ‘caso La Polar’, José Morales, informó que la presentación de acusaciones se concretará una vez acotadas las penas que solicitará para cada uno de los imputados; o sea, cuando cada evidencia y prueba esté alineado con delitos tipificados en la ley. Asimismo, el fiscal aclaró que durante la audiencia de este jueves, se va a reformalizar por los mismos cargos que ya estaban establecidos, pero sumando ahora un cargo respecto de la entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), respecto de la contabilidad de la empresa.
Sobre este anunció, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas, espera que este caso se resuelva con penas de cárcel para que el caso se convierta además en una señal de escarmiento.
Por esto, el dirigente de la organización ciudadana afirmó que “puede servir de escarmiento y sentar un precedente jurídico para que este tipo de delitos nunca más no se vuelvan nunca más a cometer, para que en el caso de que alguien lo piense, tiene que pensarlo varias veces antes de cometerlo. En ese sentido, este tipo de condenas son bastante aleccionadoras”.
Importa repasar que los principales imputados en este caso son el ex presidente de la multitienda La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerenta de administración, María Isabel Farah; el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno; y el ex gerente general, Nicolás Ramírez.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), una de las entidades ciudadanas querellantes que dio a conocer las denuncias de repactaciones unilaterales de la empresa La Polar, declaró, a través de su presidente, Hernán Calderón, que “este caso es diferente al de la colusión de las farmacias SalcoBrand, Cruz Verde y Ahumada, que sólo terminó con multas y condonaciones, porque en el caso La Polar se trata de delitos económicos tipificados con pena de cárcel en el Código Penal”.
En este sentido, el dirigente de la agrupación de consumidores señaló que “nos parece bien de que los delitos de cuello y corbata sean también considerados delitos y no infracciones, y por lo tanto, puedan cumplirse con cárcel efectiva. Aquí hubo alteración y falsificación de estados contables, cuando estamos hablando del caso La Polar. Aquí hubo una medida que tomaron los ejecutivos y directorio de una empresa para obtener utilidades ilegales y poder beneficiarse ellos directamente”.
Por su parte, el abogado Edgardo Gutiérrez, representante de los accionistas afectados, explicó la fase actual del caso.
En esa línea, el abogado de los accionistas perjudicados en el caso indicó que “prácticamente es una gestión que se realiza para ordenar los antecedentes en vías de una posible acusación, por lo tanto, lo más seguro es que este jueves se cierre la investigación o bien se establezca un plazo investigativo de un mes con respecto a que hay delitos con pena de cárcel efectivamente, dentro de los delitos que está imputando la fiscalía está el tema de lavado de activos que con la gravedad de las penas, claramente en la eventualidad de ser imputados los condenados arriesgarían penas efectivas en cárcel”.
Chile, a través de la Fiscalía Nacional Económica, no considera como delito a la colusión para establecer precios, como hicieron las farmacias, pero sí se consideran delitos económicos la adulteración y falsificación de estados financieros y contables, para engañar a la autoridad y a la bolsa donde se transan las acciones.
La Fiscalía -organismo judicial encargado de dirigir la investigación de delitos, llevar a los imputados ante los Tribunales y dar protección a víctimas y testigos- fechó para septiembre la presentación de las acusaciones en contra de los ocho ex ejecutivos de la multitienda La Polar, sindicados como los autores de montar un sistema computacional automático de repactaciones unilaterales, con el cual los contratos de las deudas de cerca de un millón de clientes eran modificados sin consultar a los afectados, contraviniendo así la ley y las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El fiscal del ‘caso La Polar’, José Morales, informó que la presentación de acusaciones se concretará una vez acotadas las penas que solicitará para cada uno de los imputados; o sea, cuando cada evidencia y prueba esté alineado con delitos tipificados en la ley. Asimismo, el fiscal aclaró que durante la audiencia de este jueves, se va a reformalizar por los mismos cargos que ya estaban establecidos, pero sumando ahora un cargo respecto de la entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), respecto de la contabilidad de la empresa.
Sobre este anunció, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas, espera que este caso se resuelva con penas de cárcel para que el caso se convierta además en una señal de escarmiento.
Por esto, el dirigente de la organización ciudadana afirmó que “puede servir de escarmiento y sentar un precedente jurídico para que este tipo de delitos nunca más no se vuelvan nunca más a cometer, para que en el caso de que alguien lo piense, tiene que pensarlo varias veces antes de cometerlo. En ese sentido, este tipo de condenas son bastante aleccionadoras”.
Importa repasar que los principales imputados en este caso son el ex presidente de la multitienda La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerenta de administración, María Isabel Farah; el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno; y el ex gerente general, Nicolás Ramírez.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), una de las entidades ciudadanas querellantes que dio a conocer las denuncias de repactaciones unilaterales de la empresa La Polar, declaró, a través de su presidente, Hernán Calderón, que “este caso es diferente al de la colusión de las farmacias SalcoBrand, Cruz Verde y Ahumada, que sólo terminó con multas y condonaciones, porque en el caso La Polar se trata de delitos económicos tipificados con pena de cárcel en el Código Penal”.
En este sentido, el dirigente de la agrupación de consumidores señaló que “nos parece bien de que los delitos de cuello y corbata sean también considerados delitos y no infracciones, y por lo tanto, puedan cumplirse con cárcel efectiva. Aquí hubo alteración y falsificación de estados contables, cuando estamos hablando del caso La Polar. Aquí hubo una medida que tomaron los ejecutivos y directorio de una empresa para obtener utilidades ilegales y poder beneficiarse ellos directamente”.
Por su parte, el abogado Edgardo Gutiérrez, representante de los accionistas afectados, explicó la fase actual del caso.
En esa línea, el abogado de los accionistas perjudicados en el caso indicó que “prácticamente es una gestión que se realiza para ordenar los antecedentes en vías de una posible acusación, por lo tanto, lo más seguro es que este jueves se cierre la investigación o bien se establezca un plazo investigativo de un mes con respecto a que hay delitos con pena de cárcel efectivamente, dentro de los delitos que está imputando la fiscalía está el tema de lavado de activos que con la gravedad de las penas, claramente en la eventualidad de ser imputados los condenados arriesgarían penas efectivas en cárcel”.
Chile, a través de la Fiscalía Nacional Económica, no considera como delito a la colusión para establecer precios, como hicieron las farmacias, pero sí se consideran delitos económicos la adulteración y falsificación de estados financieros y contables, para engañar a la autoridad y a la bolsa donde se transan las acciones.
La Fiscalía -organismo judicial encargado de dirigir la investigación de delitos, llevar a los imputados ante los Tribunales y dar protección a víctimas y testigos- fechó para septiembre la presentación de las acusaciones en contra de los ocho ex ejecutivos de la multitienda La Polar, sindicados como los autores de montar un sistema computacional automático de repactaciones unilaterales, con el cual los contratos de las deudas de cerca de un millón de clientes eran modificados sin consultar a los afectados, contraviniendo así la ley y las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El fiscal del ‘caso La Polar’, José Morales, informó que la presentación de acusaciones se concretará una vez acotadas las penas que solicitará para cada uno de los imputados; o sea, cuando cada evidencia y prueba esté alineado con delitos tipificados en la ley. Asimismo, el fiscal aclaró que durante la audiencia de este jueves, se va a reformalizar por los mismos cargos que ya estaban establecidos, pero sumando ahora un cargo respecto de la entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), respecto de la contabilidad de la empresa.
Sobre este anunció, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas, espera que este caso se resuelva con penas de cárcel para que el caso se convierta además en una señal de escarmiento.
Por esto, el dirigente de la organización ciudadana afirmó que “puede servir de escarmiento y sentar un precedente jurídico para que este tipo de delitos nunca más no se vuelvan nunca más a cometer, para que en el caso de que alguien lo piense, tiene que pensarlo varias veces antes de cometerlo. En ese sentido, este tipo de condenas son bastante aleccionadoras”.
Importa repasar que los principales imputados en este caso son el ex presidente de la multitienda La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerenta de administración, María Isabel Farah; el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno; y el ex gerente general, Nicolás Ramírez.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), una de las entidades ciudadanas querellantes que dio a conocer las denuncias de repactaciones unilaterales de la empresa La Polar, declaró, a través de su presidente, Hernán Calderón, que “este caso es diferente al de la colusión de las farmacias SalcoBrand, Cruz Verde y Ahumada, que sólo terminó con multas y condonaciones, porque en el caso La Polar se trata de delitos económicos tipificados con pena de cárcel en el Código Penal”.
En este sentido, el dirigente de la agrupación de consumidores señaló que “nos parece bien de que los delitos de cuello y corbata sean también considerados delitos y no infracciones, y por lo tanto, puedan cumplirse con cárcel efectiva. Aquí hubo alteración y falsificación de estados contables, cuando estamos hablando del caso La Polar. Aquí hubo una medida que tomaron los ejecutivos y directorio de una empresa para obtener utilidades ilegales y poder beneficiarse ellos directamente”.
Por su parte, el abogado Edgardo Gutiérrez, representante de los accionistas afectados, explicó la fase actual del caso.
En esa línea, el abogado de los accionistas perjudicados en el caso indicó que “prácticamente es una gestión que se realiza para ordenar los antecedentes en vías de una posible acusación, por lo tanto, lo más seguro es que este jueves se cierre la investigación o bien se establezca un plazo investigativo de un mes con respecto a que hay delitos con pena de cárcel efectivamente, dentro de los delitos que está imputando la fiscalía está el tema de lavado de activos que con la gravedad de las penas, claramente en la eventualidad de ser imputados los condenados arriesgarían penas efectivas en cárcel”.
Chile, a través de la Fiscalía Nacional Económica, no considera como delito a la colusión para establecer precios, como hicieron las farmacias, pero sí se consideran delitos económicos la adulteración y falsificación de estados financieros y contables, para engañar a la autoridad y a la bolsa donde se transan las acciones.
