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Año XIV, 14 de agosto de 2022

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Gobierno y municipios se traspasan responsabilidad por paro de recolectores

El conflicto político sobre la basura concluyó por ahora con un acuerdo para crear un estatuto laboral específico para los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, con lo cual se buscaría estandarizar la situación de 34 mil trabajadores. Pese a ello, el Gobierno insistió en que este problema es entre las municipalidades y las empresas recolectoras de residuos. Sobre el tema sanitario derivado de acopios espontáneos de basura en diversos puntos del país, se informó que tardaría hasta una semana en superarse.

Helmuth Huerta

  Jueves 1 de agosto 2013 6:51 hrs. 
basura

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El paro nacional de los recolectores de basura tiene la marca de la disputa política entre el Gobierno del Presidente Piñera contra la Asociación Chilena de Municipalidades, que sigue siendo la principal agrupación de alcaldes del país, aun cuando la mayoría de los 112 alcaldes de la Alianza se convocan desde este año en una agrupación alternativa para así alinearse con el discurso del ejecutivo (para oponerse, por ejemplo, a la “desmunicipalización de la educación pública, deslindar la responsabilidad del Ministerio de Salud sobre el funcionamiento de los consultorios de salud municipal, etc.).

Por eso, a un lado estaban los alcaldes de la Alianza, el Ministerio del Trabajo, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, el ministro de Salud Jaime Mañalich, quienes decían que este era un problema entre municipalidades y empresas privadas, y que por eso aplicarían sumarios sanitarios y multas. Al otro lado estaban los 170 alcaldes de la Concertación y el Partido Comunista, que insistían en que este era un problema político que requería la intervención del Gobierno, porque los municipios no tienen más plata para mejorar sueldos.

En este marco, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la comuna de La Cisterna, Santiago Rebolledo, se refirió a lo medular del acuerdo.

“El principal tema de ellos es crear un Estatuto especial que regule la situación laboral y que establezca una norma para todos, que no sea distinto en cada uno de los municipios”, dijo.

El acuerdo aceptado por la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Aseo, Ornato, Jardines y Rellenos Sanitarios, incorpora en definitiva una solución política de fondo, que requiere el apoyo del Gobierno, tanto para el envío de un proyecto legal sobre Estatuto Laboral unitario para los trabajadores recolectores, pero sobre todo que considere los fondos necesarios para uniformar salarios.

Es importante recordar que los recolectores privados tienen un ingreso promedio de 300 a 400 mil pesos, mientras que los recolectores de las municipalidades de Santiago y Providencia tienen estatus de funcionarios públicos y ganan cerca del doble.

Cada municipalidad es obligada por la Fiscalía Nacional Económica a conceder el contrato a la empresa recolectora que cobre menos en cada proceso licitador, lo que impide homogenizar condiciones salariales.

Este motivo es señalado por el líder de los recolectores, Armando Soto, para demandar que el Gobierno siga en las próximas negociaciones, puesto que en su opinión se requiere una ley: “En el fondo, son los municipios los que suman esas peticiones. Nosotros con los municipios agotamos todas las instancias, y no nos quedó más remedio que hacer esta solicitud al Gobierno, al Estado, porque son ellos los benevolentes con las empresas, y además no cumplieron el rol fiscalizador, ya que estamos trabajando doce o catorce horas diarias hace mucho tiempo, entonces por eso la petición va dirigida hacia ellos”.

Finalmente, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, insistió en limitar la responsabilidad del Gobierno respecto de este tema, lo que permite suponer que, pese a la finalización del paro, este conflicto aún no está completamente resuelto.

“Hquí hay que hacer una distinción, hay dos ámbitos de acción. Hay un ámbito que tiene que ver con el marco regulatorio, y nuestro rol es protagonista para proponer y ejecutar los cambios. Hay otras materias que son responsabilidad de municipalidades y empresas, y en ese ámbito nosotros sólo actuamos como facilitador y garante”, dijo el ministro.

El 5 de agosto comenzará a reunirse una mesa de trabajo tripartita (municipalidades, recolectores y Gobierno), que tendrá un plazo de 60 días para generar propuestas específicas de solución. Importa decir que las bases de este movimiento aceptaron a regañadientes el acuerdo, porque esperaban que el resultado fuera un monto concreto de mejora salarial.

Paralelamente, el Minsal anunció que este miércoles comenzó a regir una alerta sanitaria para la totalidad de la Región Metropolitana, la de la Araucanía, a la Provincia de Valparaíso, a la Provincia de Concepción, a la Provincia de Valdivia y a la de Osorno, que se mantendrá, en principio, hasta fines de agosto.

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