El paro de los recolectores de basura terminó bajo la promesa del Ejecutivo de iniciar una mesa de trabajo, que contempla este lunes como día de inicio de las negociaciones, donde participa el Gobierno, los municipios –representados a través de dos asociaciones-, las empresas que prestan este servicio y los propios trabajadores.
Desde la Federación Nacional de Recolectores de Basura, Armando Soto, presidente del gremio, destaca que las mejoras salariales y el estatuto administrativo son los principales temas a tratar en esta mesa, luego de casi treinta años de trabajo no regulado.
“El paro produjo el efecto que esperábamos, el Gobierno accedió a formar parte de la mesa, y ver a través del ministerio del Trabajo la inyección para aumentar los salarios. Es un gran paso, también por formar los estatutos luego de 27 años sin regulación, ahí radica la importancia”, dijo.
El dirigente manifestó su esperanza en que esta mesa rinda frutos concretos en el plazo de 60 días pactado con el Ejecutivo. En esta línea, manifestó su preocupación por la politización del diálogo, considerando la campaña electoral en curso y los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera.
Esta preocupación es compartida desde los propios alcaldes. El edil de Maipú, Cristian Vittori, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de concretar los acuerdos que se logren en esta negociación.
Vittori señaló que “los 60 días propuestos por los trabajadores son para armar una agenda de trabajo. Esperamos que lo que esta mesa proponga, estas propuestas obligarán modificaciones legales, y ahí tiene la palabra el Ejecutivo, para mandar estas indicaciones. También el Parlamento a través de alguna comisión, y que estas propuestas tengan un camino que recoja la demanda de los trabajadores”.
Por su parte, e alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, apunta que la desigualdad territorial no se soluciona, y hoy los municipios con menores ingresos no solucionan su problema de financiamiento para mejorar los salarios.
Navarrete manifestó su molestia con la decisión del Ejecutivo de sumar la agrupación paralela de alcaldes oficialistas, ya que a su juicio, plantea con esto una división previa a las conversaciones: “No sé si se pueda entender que existan dos asociaciones, una con 320 municipios y otra con ocho. El Gobierno se equivoca al introducir una división política a un problema transversal. Tampoco ha habido convocatoria de Gobierno para esta mesa, que debe tener un producto en 60 días. Esperamos que se nos llame, y se tome en cuenta una opinión de los municipios, independiente de su color político”.
Tal como decía el alcalde Navarrete, aún no existe una citación explícita del Gobierno, pese a tener contemplado que hoy, en dependencias del ministerio del Trabajo, se iniciaría esta mesa de negociaciones. Un incierto punto de inicio al diálogo, presionado desde los trabajadores, que no descartan retomar la paralización en caso de no ver respuesta a sus demandas.
El paro de los recolectores de basura terminó bajo la promesa del Ejecutivo de iniciar una mesa de trabajo, que contempla este lunes como día de inicio de las negociaciones, donde participa el Gobierno, los municipios –representados a través de dos asociaciones-, las empresas que prestan este servicio y los propios trabajadores.
Desde la Federación Nacional de Recolectores de Basura, Armando Soto, presidente del gremio, destaca que las mejoras salariales y el estatuto administrativo son los principales temas a tratar en esta mesa, luego de casi treinta años de trabajo no regulado.
“El paro produjo el efecto que esperábamos, el Gobierno accedió a formar parte de la mesa, y ver a través del ministerio del Trabajo la inyección para aumentar los salarios. Es un gran paso, también por formar los estatutos luego de 27 años sin regulación, ahí radica la importancia”, dijo.
El dirigente manifestó su esperanza en que esta mesa rinda frutos concretos en el plazo de 60 días pactado con el Ejecutivo. En esta línea, manifestó su preocupación por la politización del diálogo, considerando la campaña electoral en curso y los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera.
Esta preocupación es compartida desde los propios alcaldes. El edil de Maipú, Cristian Vittori, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de concretar los acuerdos que se logren en esta negociación.
Vittori señaló que “los 60 días propuestos por los trabajadores son para armar una agenda de trabajo. Esperamos que lo que esta mesa proponga, estas propuestas obligarán modificaciones legales, y ahí tiene la palabra el Ejecutivo, para mandar estas indicaciones. También el Parlamento a través de alguna comisión, y que estas propuestas tengan un camino que recoja la demanda de los trabajadores”.
Por su parte, e alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, apunta que la desigualdad territorial no se soluciona, y hoy los municipios con menores ingresos no solucionan su problema de financiamiento para mejorar los salarios.
Navarrete manifestó su molestia con la decisión del Ejecutivo de sumar la agrupación paralela de alcaldes oficialistas, ya que a su juicio, plantea con esto una división previa a las conversaciones: “No sé si se pueda entender que existan dos asociaciones, una con 320 municipios y otra con ocho. El Gobierno se equivoca al introducir una división política a un problema transversal. Tampoco ha habido convocatoria de Gobierno para esta mesa, que debe tener un producto en 60 días. Esperamos que se nos llame, y se tome en cuenta una opinión de los municipios, independiente de su color político”.
Tal como decía el alcalde Navarrete, aún no existe una citación explícita del Gobierno, pese a tener contemplado que hoy, en dependencias del ministerio del Trabajo, se iniciaría esta mesa de negociaciones. Un incierto punto de inicio al diálogo, presionado desde los trabajadores, que no descartan retomar la paralización en caso de no ver respuesta a sus demandas.
El paro de los recolectores de basura terminó bajo la promesa del Ejecutivo de iniciar una mesa de trabajo, que contempla este lunes como día de inicio de las negociaciones, donde participa el Gobierno, los municipios –representados a través de dos asociaciones-, las empresas que prestan este servicio y los propios trabajadores.
Desde la Federación Nacional de Recolectores de Basura, Armando Soto, presidente del gremio, destaca que las mejoras salariales y el estatuto administrativo son los principales temas a tratar en esta mesa, luego de casi treinta años de trabajo no regulado.
“El paro produjo el efecto que esperábamos, el Gobierno accedió a formar parte de la mesa, y ver a través del ministerio del Trabajo la inyección para aumentar los salarios. Es un gran paso, también por formar los estatutos luego de 27 años sin regulación, ahí radica la importancia”, dijo.
El dirigente manifestó su esperanza en que esta mesa rinda frutos concretos en el plazo de 60 días pactado con el Ejecutivo. En esta línea, manifestó su preocupación por la politización del diálogo, considerando la campaña electoral en curso y los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera.
Esta preocupación es compartida desde los propios alcaldes. El edil de Maipú, Cristian Vittori, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de concretar los acuerdos que se logren en esta negociación.
Vittori señaló que “los 60 días propuestos por los trabajadores son para armar una agenda de trabajo. Esperamos que lo que esta mesa proponga, estas propuestas obligarán modificaciones legales, y ahí tiene la palabra el Ejecutivo, para mandar estas indicaciones. También el Parlamento a través de alguna comisión, y que estas propuestas tengan un camino que recoja la demanda de los trabajadores”.
Por su parte, e alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, apunta que la desigualdad territorial no se soluciona, y hoy los municipios con menores ingresos no solucionan su problema de financiamiento para mejorar los salarios.
Navarrete manifestó su molestia con la decisión del Ejecutivo de sumar la agrupación paralela de alcaldes oficialistas, ya que a su juicio, plantea con esto una división previa a las conversaciones: “No sé si se pueda entender que existan dos asociaciones, una con 320 municipios y otra con ocho. El Gobierno se equivoca al introducir una división política a un problema transversal. Tampoco ha habido convocatoria de Gobierno para esta mesa, que debe tener un producto en 60 días. Esperamos que se nos llame, y se tome en cuenta una opinión de los municipios, independiente de su color político”.
Tal como decía el alcalde Navarrete, aún no existe una citación explícita del Gobierno, pese a tener contemplado que hoy, en dependencias del ministerio del Trabajo, se iniciaría esta mesa de negociaciones. Un incierto punto de inicio al diálogo, presionado desde los trabajadores, que no descartan retomar la paralización en caso de no ver respuesta a sus demandas.
