El Proyecto Termoeléctrico Castilla, anulado por la Corte Suprema en agosto del año pasado, es recordado porque la empresa MPX (propiedad de la principal fortuna de Brasil, el empresario Eike Batista), lo presentó en su momento como “el HidroAysén a carbón”, pues se pretendía instalar un complejo térmico con capacidad para producir 2.100 MW. Para dimensionar esta cantidad, baste decir que el proyecto eléctrico más grande de Chile es la represa Ralco, propiedad de Endesa, con capacidad de producir 640 MW, mientras que el complejo termoeléctrico más grande es Guacolda, propiedad de Gener, con capacidad de producir 456 MW.
Pese a que el Proyecto Termoeléctrico Castilla ya no tiene permiso ambiental, y si quisiera reactivarse tendría que ingresar nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la empresa MPX decidió renovar un permiso de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Copiapó, en la región de Atacama, lo cual se constituye ahora en toda una señal del empresario Eike Batista, porque no había hecho nada desde que el 28 de agosto de 2012 la Corte Suprema declaró ilegal la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. Esto motivó, como se sabe, una controversia política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, dijo entonces que los jueces no tenían competencia técnica para referirse a temas ambientales.
Respecto de la decisión de renovar el permiso municipal, el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, ve improbable que Eike Batista reactive este proyecto, aunque sí podría venderlo.
“A mí la impresión que me da es que hoy día el contexto por el cual está pasando MPX, que prácticamente el grupo está en quiebra en Brasil, hace de que más bien lo que se busque es mantener un activo pero hay que estar alerta por si se vende. Pero yo veo difícil hacer de nuevo la inversión, porque no tiene plata. Yo creo que si ese proyecto avanzó fue porque las presiones del gobierno de Lula fueron muy fuertes sobre el gobierno de Bachelet e indudablemente que eso cambió cuando llegó el gobierno de Piñera, de centro derecha”, explica.
En la Municipalidad de Copiapó señalaron que esto no significa que el proyecto se pueda volver a construir, pues para eso se necesitan otros permisos. El tema cobró vigencia a nivel local, luego de que las concejalas de Copiapó, Analice Véliz (PS) y Rosa Ahumada (PC), denunciaran que el gobierno comunal, encabezado por el alcalde Maglio Ciccardini, no ha tenido interés en revisar los permisos ni modificar el uso de suelo de la zona donde quiso instalarse la termoeléctrica.
La brasileña Juliana Carvalho, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica, afirma que pese a ciertas pérdidas de las empresas de Batista, sigue teniendo una fortuna muy importante, lo que le permite generar vínculos políticos relevantes para imponer sus negocios.
“Trata de hacer los acuerdos políticos más favorables, si no logra en una parte busca en otra, como la mayoría de la gente que tiene tanto dinero que, por más que haya perdido mucho, no creo que le afecte tanto”, aclara.
En el país hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo y petcoke, con lo cual se abastece al 70% de la matriz eléctrica de Chile. Las principales generadoras de electricidad con estos combustibles fósiles son Endesa (1.789 MW), Colbún (1.636 MW) –ambas propietarias del proyecto HidroAysén- y finalmente Gener (653 MW).
El Proyecto Termoeléctrico Castilla, anulado por la Corte Suprema en agosto del año pasado, es recordado porque la empresa MPX (propiedad de la principal fortuna de Brasil, el empresario Eike Batista), lo presentó en su momento como “el HidroAysén a carbón”, pues se pretendía instalar un complejo térmico con capacidad para producir 2.100 MW. Para dimensionar esta cantidad, baste decir que el proyecto eléctrico más grande de Chile es la represa Ralco, propiedad de Endesa, con capacidad de producir 640 MW, mientras que el complejo termoeléctrico más grande es Guacolda, propiedad de Gener, con capacidad de producir 456 MW.
Pese a que el Proyecto Termoeléctrico Castilla ya no tiene permiso ambiental, y si quisiera reactivarse tendría que ingresar nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la empresa MPX decidió renovar un permiso de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Copiapó, en la región de Atacama, lo cual se constituye ahora en toda una señal del empresario Eike Batista, porque no había hecho nada desde que el 28 de agosto de 2012 la Corte Suprema declaró ilegal la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. Esto motivó, como se sabe, una controversia política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, dijo entonces que los jueces no tenían competencia técnica para referirse a temas ambientales.
Respecto de la decisión de renovar el permiso municipal, el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, ve improbable que Eike Batista reactive este proyecto, aunque sí podría venderlo.
“A mí la impresión que me da es que hoy día el contexto por el cual está pasando MPX, que prácticamente el grupo está en quiebra en Brasil, hace de que más bien lo que se busque es mantener un activo pero hay que estar alerta por si se vende. Pero yo veo difícil hacer de nuevo la inversión, porque no tiene plata. Yo creo que si ese proyecto avanzó fue porque las presiones del gobierno de Lula fueron muy fuertes sobre el gobierno de Bachelet e indudablemente que eso cambió cuando llegó el gobierno de Piñera, de centro derecha”, explica.
En la Municipalidad de Copiapó señalaron que esto no significa que el proyecto se pueda volver a construir, pues para eso se necesitan otros permisos. El tema cobró vigencia a nivel local, luego de que las concejalas de Copiapó, Analice Véliz (PS) y Rosa Ahumada (PC), denunciaran que el gobierno comunal, encabezado por el alcalde Maglio Ciccardini, no ha tenido interés en revisar los permisos ni modificar el uso de suelo de la zona donde quiso instalarse la termoeléctrica.
La brasileña Juliana Carvalho, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica, afirma que pese a ciertas pérdidas de las empresas de Batista, sigue teniendo una fortuna muy importante, lo que le permite generar vínculos políticos relevantes para imponer sus negocios.
“Trata de hacer los acuerdos políticos más favorables, si no logra en una parte busca en otra, como la mayoría de la gente que tiene tanto dinero que, por más que haya perdido mucho, no creo que le afecte tanto”, aclara.
En el país hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo y petcoke, con lo cual se abastece al 70% de la matriz eléctrica de Chile. Las principales generadoras de electricidad con estos combustibles fósiles son Endesa (1.789 MW), Colbún (1.636 MW) –ambas propietarias del proyecto HidroAysén- y finalmente Gener (653 MW).
El Proyecto Termoeléctrico Castilla, anulado por la Corte Suprema en agosto del año pasado, es recordado porque la empresa MPX (propiedad de la principal fortuna de Brasil, el empresario Eike Batista), lo presentó en su momento como “el HidroAysén a carbón”, pues se pretendía instalar un complejo térmico con capacidad para producir 2.100 MW. Para dimensionar esta cantidad, baste decir que el proyecto eléctrico más grande de Chile es la represa Ralco, propiedad de Endesa, con capacidad de producir 640 MW, mientras que el complejo termoeléctrico más grande es Guacolda, propiedad de Gener, con capacidad de producir 456 MW.
Pese a que el Proyecto Termoeléctrico Castilla ya no tiene permiso ambiental, y si quisiera reactivarse tendría que ingresar nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la empresa MPX decidió renovar un permiso de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Copiapó, en la región de Atacama, lo cual se constituye ahora en toda una señal del empresario Eike Batista, porque no había hecho nada desde que el 28 de agosto de 2012 la Corte Suprema declaró ilegal la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. Esto motivó, como se sabe, una controversia política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, dijo entonces que los jueces no tenían competencia técnica para referirse a temas ambientales.
Respecto de la decisión de renovar el permiso municipal, el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, ve improbable que Eike Batista reactive este proyecto, aunque sí podría venderlo.
“A mí la impresión que me da es que hoy día el contexto por el cual está pasando MPX, que prácticamente el grupo está en quiebra en Brasil, hace de que más bien lo que se busque es mantener un activo pero hay que estar alerta por si se vende. Pero yo veo difícil hacer de nuevo la inversión, porque no tiene plata. Yo creo que si ese proyecto avanzó fue porque las presiones del gobierno de Lula fueron muy fuertes sobre el gobierno de Bachelet e indudablemente que eso cambió cuando llegó el gobierno de Piñera, de centro derecha”, explica.
En la Municipalidad de Copiapó señalaron que esto no significa que el proyecto se pueda volver a construir, pues para eso se necesitan otros permisos. El tema cobró vigencia a nivel local, luego de que las concejalas de Copiapó, Analice Véliz (PS) y Rosa Ahumada (PC), denunciaran que el gobierno comunal, encabezado por el alcalde Maglio Ciccardini, no ha tenido interés en revisar los permisos ni modificar el uso de suelo de la zona donde quiso instalarse la termoeléctrica.
La brasileña Juliana Carvalho, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica, afirma que pese a ciertas pérdidas de las empresas de Batista, sigue teniendo una fortuna muy importante, lo que le permite generar vínculos políticos relevantes para imponer sus negocios.
“Trata de hacer los acuerdos políticos más favorables, si no logra en una parte busca en otra, como la mayoría de la gente que tiene tanto dinero que, por más que haya perdido mucho, no creo que le afecte tanto”, aclara.
En el país hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo y petcoke, con lo cual se abastece al 70% de la matriz eléctrica de Chile. Las principales generadoras de electricidad con estos combustibles fósiles son Endesa (1.789 MW), Colbún (1.636 MW) –ambas propietarias del proyecto HidroAysén- y finalmente Gener (653 MW).
