La comisión externa revisora del Censo 2012, que convocó el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, recomendó realizar una nueva medición de población y vivienda.
La idea es realizar un Censo Abreviado el año 2015 en consideración de las irregularidades que se denunciaron sobre el proceso anterior. Esta nueva medición busca ser más acotada y se plantea que sea de hecho y no de derecho.
La comisión comprobó una tasa de omisión de población que alcanza un 9,3%, lo que triplica el promedio internacional y hace necesario repetir el proceso. Además, David Bravo, miembro de la comisión reconoció que este Censo fue un fracaso en todos los roles que cumple.
“Un censo tiene un rol en el sistema estadístico que no fue logrado con el censo 2012, por lo que necesitamos a la brevedad sustituir esta información que no fue exitosa, porque de otro modo utilizaremos la información de 2002 con proyecciones, algo ineficiente e inesperado para un país como Chile”, dijo el también director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
Frente al adverso escenario, el grupo que también integran los académicos Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano, recomendó además de la nueva medición, que no se utilice la información desprendida como datos oficiales o en la elaboración de política pública.
El problema de la omisión poblacional, que es una proyección conservadora, es que puede ser mucho más elevada en determinadas comunas y podría afectar la caracterización demográfica y socioeconómica, al estar sesgados datos como la escolaridad, ocupación, religión y otras variables relacionadas con el sexo y la edad de las personas.
Como orígenes de las falencias en el Censo 2012 que se realizó bajo la supervisión de Francisco Labbé (director del INE) y Pablo Longueira (ministerio de Economía), la comisión planteó un escaso tiempo de preparación, insuficiencia de presupuesto, un mal clima organizacional y la subestimación de los eventuales efectos del cambio de una encuesta de hecho a una de derecho.
Así lo expuso Osvaldo Larrañaga que enfatizó en los inconvenientes derivados del cambio de metodología: “A menos de ocho meses de salir a terreno, se cambia la metodología por un censo distinto, y es eso lo que nosotros decimos que no hubo tiempo para cambios. No discutimos si el Censo debe hacer un censo de derecho, pero es necesario que estén las garantías absolutas”.
Por su parte la autoridad del INE, Juan Eduardo Coeymans, explicó que se pedirá una segunda opinión antes de implementar cualquier decisión relacionada con una nueva medición.
“Aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de que el Gobierno siga impulsando la modernización del INE, dotándolo de autonomía y recursos. Se hace necesaria la pronta aprobación de la ley que se discute en el Congreso. Nuestro compromiso es que a la brevedad, de manera transparente, ponderaremos el conjunto de elementos para tener datos estadísticos sólidos y fiables”, dijo Juan Eduardo Coeymans.
Por otra parte, el concluyente informe generó reacciones políticas que apuntan a la responsabilidad del Ejecutivo. El presidente del PPD Jaime Quintana dijo que el censo “terminó siendo el más dramático caso de dilapidación de recursos públicos, y un atentado a la imagen institucional de la república”.
Durante la tarde de este miércoles, sesiona la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del INE a la que el director de la entidad está invitado a declarar.
En tanto, el Presidente Sebastián Piñera citó de forma extraordinaria a su comité político en La Moneda a las 16.30 horas para analizar la crisis que desató el informe, el cual tuvo un costo cercano a los 60 millones de dólares.
La comisión externa revisora del Censo 2012, que convocó el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, recomendó realizar una nueva medición de población y vivienda.
La idea es realizar un Censo Abreviado el año 2015 en consideración de las irregularidades que se denunciaron sobre el proceso anterior. Esta nueva medición busca ser más acotada y se plantea que sea de hecho y no de derecho.
La comisión comprobó una tasa de omisión de población que alcanza un 9,3%, lo que triplica el promedio internacional y hace necesario repetir el proceso. Además, David Bravo, miembro de la comisión reconoció que este Censo fue un fracaso en todos los roles que cumple.
“Un censo tiene un rol en el sistema estadístico que no fue logrado con el censo 2012, por lo que necesitamos a la brevedad sustituir esta información que no fue exitosa, porque de otro modo utilizaremos la información de 2002 con proyecciones, algo ineficiente e inesperado para un país como Chile”, dijo el también director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
Frente al adverso escenario, el grupo que también integran los académicos Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano, recomendó además de la nueva medición, que no se utilice la información desprendida como datos oficiales o en la elaboración de política pública.
El problema de la omisión poblacional, que es una proyección conservadora, es que puede ser mucho más elevada en determinadas comunas y podría afectar la caracterización demográfica y socioeconómica, al estar sesgados datos como la escolaridad, ocupación, religión y otras variables relacionadas con el sexo y la edad de las personas.
Como orígenes de las falencias en el Censo 2012 que se realizó bajo la supervisión de Francisco Labbé (director del INE) y Pablo Longueira (ministerio de Economía), la comisión planteó un escaso tiempo de preparación, insuficiencia de presupuesto, un mal clima organizacional y la subestimación de los eventuales efectos del cambio de una encuesta de hecho a una de derecho.
Así lo expuso Osvaldo Larrañaga que enfatizó en los inconvenientes derivados del cambio de metodología: “A menos de ocho meses de salir a terreno, se cambia la metodología por un censo distinto, y es eso lo que nosotros decimos que no hubo tiempo para cambios. No discutimos si el Censo debe hacer un censo de derecho, pero es necesario que estén las garantías absolutas”.
Por su parte la autoridad del INE, Juan Eduardo Coeymans, explicó que se pedirá una segunda opinión antes de implementar cualquier decisión relacionada con una nueva medición.
“Aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de que el Gobierno siga impulsando la modernización del INE, dotándolo de autonomía y recursos. Se hace necesaria la pronta aprobación de la ley que se discute en el Congreso. Nuestro compromiso es que a la brevedad, de manera transparente, ponderaremos el conjunto de elementos para tener datos estadísticos sólidos y fiables”, dijo Juan Eduardo Coeymans.
Por otra parte, el concluyente informe generó reacciones políticas que apuntan a la responsabilidad del Ejecutivo. El presidente del PPD Jaime Quintana dijo que el censo “terminó siendo el más dramático caso de dilapidación de recursos públicos, y un atentado a la imagen institucional de la república”.
Durante la tarde de este miércoles, sesiona la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del INE a la que el director de la entidad está invitado a declarar.
En tanto, el Presidente Sebastián Piñera citó de forma extraordinaria a su comité político en La Moneda a las 16.30 horas para analizar la crisis que desató el informe, el cual tuvo un costo cercano a los 60 millones de dólares.
La comisión externa revisora del Censo 2012, que convocó el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, recomendó realizar una nueva medición de población y vivienda.
La idea es realizar un Censo Abreviado el año 2015 en consideración de las irregularidades que se denunciaron sobre el proceso anterior. Esta nueva medición busca ser más acotada y se plantea que sea de hecho y no de derecho.
La comisión comprobó una tasa de omisión de población que alcanza un 9,3%, lo que triplica el promedio internacional y hace necesario repetir el proceso. Además, David Bravo, miembro de la comisión reconoció que este Censo fue un fracaso en todos los roles que cumple.
“Un censo tiene un rol en el sistema estadístico que no fue logrado con el censo 2012, por lo que necesitamos a la brevedad sustituir esta información que no fue exitosa, porque de otro modo utilizaremos la información de 2002 con proyecciones, algo ineficiente e inesperado para un país como Chile”, dijo el también director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
Frente al adverso escenario, el grupo que también integran los académicos Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano, recomendó además de la nueva medición, que no se utilice la información desprendida como datos oficiales o en la elaboración de política pública.
El problema de la omisión poblacional, que es una proyección conservadora, es que puede ser mucho más elevada en determinadas comunas y podría afectar la caracterización demográfica y socioeconómica, al estar sesgados datos como la escolaridad, ocupación, religión y otras variables relacionadas con el sexo y la edad de las personas.
Como orígenes de las falencias en el Censo 2012 que se realizó bajo la supervisión de Francisco Labbé (director del INE) y Pablo Longueira (ministerio de Economía), la comisión planteó un escaso tiempo de preparación, insuficiencia de presupuesto, un mal clima organizacional y la subestimación de los eventuales efectos del cambio de una encuesta de hecho a una de derecho.
Así lo expuso Osvaldo Larrañaga que enfatizó en los inconvenientes derivados del cambio de metodología: “A menos de ocho meses de salir a terreno, se cambia la metodología por un censo distinto, y es eso lo que nosotros decimos que no hubo tiempo para cambios. No discutimos si el Censo debe hacer un censo de derecho, pero es necesario que estén las garantías absolutas”.
Por su parte la autoridad del INE, Juan Eduardo Coeymans, explicó que se pedirá una segunda opinión antes de implementar cualquier decisión relacionada con una nueva medición.
“Aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de que el Gobierno siga impulsando la modernización del INE, dotándolo de autonomía y recursos. Se hace necesaria la pronta aprobación de la ley que se discute en el Congreso. Nuestro compromiso es que a la brevedad, de manera transparente, ponderaremos el conjunto de elementos para tener datos estadísticos sólidos y fiables”, dijo Juan Eduardo Coeymans.
Por otra parte, el concluyente informe generó reacciones políticas que apuntan a la responsabilidad del Ejecutivo. El presidente del PPD Jaime Quintana dijo que el censo “terminó siendo el más dramático caso de dilapidación de recursos públicos, y un atentado a la imagen institucional de la república”.
Durante la tarde de este miércoles, sesiona la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del INE a la que el director de la entidad está invitado a declarar.
En tanto, el Presidente Sebastián Piñera citó de forma extraordinaria a su comité político en La Moneda a las 16.30 horas para analizar la crisis que desató el informe, el cual tuvo un costo cercano a los 60 millones de dólares.
