La FIDH pide revertir la anulación del juicio a Ríos Montt en Guatemala
La Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH, solicitó a la justicia guatemalteca revertir el fallo anulatorio de la sentencia que en mayo pasado condenó por genocidio al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. El pedido llega poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandara al gobierno de Guatemala proteger a los tres jueces que dictaron la condena contra el ex dictador.
Viernes 9 de agosto 2013 6:51 hrs.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo pasado a 80 años de prisión por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la etnia maya Ixil, durante su gobierno de facto de tan sólo 12 meses. El 20 de mayo, diez días después de dictada la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó el fallo alegando ‘errores en el proceso’.
Esa es la decisión que ahora pide revisar la Federación Internacional de Derechos Humanos, organismo no gubernamental que solicitó ‘reconsiderar y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria’. Piden así validar la sentencia por genocidio contra Ríos Montt por la mencionada matanza, en donde se calcula murieron unos 1771 indígenas, agregando que de no ser así el proceso tendrá que repetirse, obligando a las víctimas testificar nuevamente, con todo el traumatismo que esto puede ocasionar.
La petición de la FIDH se suma a otra solicitud emanada a fines de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se insta al gobierno guatemalteco a aplicar medidas cautelares para la protección de los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, que dictaran la sentencia contra el ex dictador.
El pedido de la CIDH volvió a salir a la luz pública esta semana ya que el organismo regional habría recibido nuevas informaciones que hablan de falencias en la protección de dichos magistrados. RFI habló con Yassmín Barrios, blanco de amenazas que valieron estas medidas, la jueza dice que ‘el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por la vida e integridad de los tres jueces que integran el tribunal que condenó a Ríos Montt’.
A lo anterior agrega: ‘las medidas cautelares las solicitamos por las amenazas y el riesgo que tuvimos a raíz del debate en el que juzgamos el delito de genocidio’. Precisamente durante el proceso los jueces recibieron presiones y hasta amenazas. No sólo eso, los abogados defensores del ex dictador pusieron en tela de juicio la independencia e imparcialidad de los magistrados. Para Jaime Hernández, uno de los abogados de Ríos Montt, la jueza Barríos ‘debería estar tras las rejas, a cuánta gente ha condenado por presiones políticas, por presiones de activistas indígenas. Pretendemos seguir un juicio en su contra para que ella vea que no es superior a la ley’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha querido revelar qué tipos de medidas se han solicitado para los jueces, sin embargo aclara que las medidas cautelares se aplican en situaciones de gravedad y urgencia ‘para prevenir daños irreparables a las personas’.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo pasado a 80 años de prisión por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la etnia maya Ixil, durante su gobierno de facto de tan sólo 12 meses. El 20 de mayo, diez días después de dictada la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó el fallo alegando ‘errores en el proceso’.
Esa es la decisión que ahora pide revisar la Federación Internacional de Derechos Humanos, organismo no gubernamental que solicitó ‘reconsiderar y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria’. Piden así validar la sentencia por genocidio contra Ríos Montt por la mencionada matanza, en donde se calcula murieron unos 1771 indígenas, agregando que de no ser así el proceso tendrá que repetirse, obligando a las víctimas testificar nuevamente, con todo el traumatismo que esto puede ocasionar.
La petición de la FIDH se suma a otra solicitud emanada a fines de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se insta al gobierno guatemalteco a aplicar medidas cautelares para la protección de los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, que dictaran la sentencia contra el ex dictador.
El pedido de la CIDH volvió a salir a la luz pública esta semana ya que el organismo regional habría recibido nuevas informaciones que hablan de falencias en la protección de dichos magistrados. RFI habló con Yassmín Barrios, blanco de amenazas que valieron estas medidas, la jueza dice que ‘el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por la vida e integridad de los tres jueces que integran el tribunal que condenó a Ríos Montt’.
A lo anterior agrega: ‘las medidas cautelares las solicitamos por las amenazas y el riesgo que tuvimos a raíz del debate en el que juzgamos el delito de genocidio’. Precisamente durante el proceso los jueces recibieron presiones y hasta amenazas. No sólo eso, los abogados defensores del ex dictador pusieron en tela de juicio la independencia e imparcialidad de los magistrados. Para Jaime Hernández, uno de los abogados de Ríos Montt, la jueza Barríos ‘debería estar tras las rejas, a cuánta gente ha condenado por presiones políticas, por presiones de activistas indígenas. Pretendemos seguir un juicio en su contra para que ella vea que no es superior a la ley’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha querido revelar qué tipos de medidas se han solicitado para los jueces, sin embargo aclara que las medidas cautelares se aplican en situaciones de gravedad y urgencia ‘para prevenir daños irreparables a las personas’.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo pasado a 80 años de prisión por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la etnia maya Ixil, durante su gobierno de facto de tan sólo 12 meses. El 20 de mayo, diez días después de dictada la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó el fallo alegando ‘errores en el proceso’.
Esa es la decisión que ahora pide revisar la Federación Internacional de Derechos Humanos, organismo no gubernamental que solicitó ‘reconsiderar y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria’. Piden así validar la sentencia por genocidio contra Ríos Montt por la mencionada matanza, en donde se calcula murieron unos 1771 indígenas, agregando que de no ser así el proceso tendrá que repetirse, obligando a las víctimas testificar nuevamente, con todo el traumatismo que esto puede ocasionar.
La petición de la FIDH se suma a otra solicitud emanada a fines de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se insta al gobierno guatemalteco a aplicar medidas cautelares para la protección de los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, que dictaran la sentencia contra el ex dictador.
El pedido de la CIDH volvió a salir a la luz pública esta semana ya que el organismo regional habría recibido nuevas informaciones que hablan de falencias en la protección de dichos magistrados. RFI habló con Yassmín Barrios, blanco de amenazas que valieron estas medidas, la jueza dice que ‘el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por la vida e integridad de los tres jueces que integran el tribunal que condenó a Ríos Montt’.
A lo anterior agrega: ‘las medidas cautelares las solicitamos por las amenazas y el riesgo que tuvimos a raíz del debate en el que juzgamos el delito de genocidio’. Precisamente durante el proceso los jueces recibieron presiones y hasta amenazas. No sólo eso, los abogados defensores del ex dictador pusieron en tela de juicio la independencia e imparcialidad de los magistrados. Para Jaime Hernández, uno de los abogados de Ríos Montt, la jueza Barríos ‘debería estar tras las rejas, a cuánta gente ha condenado por presiones políticas, por presiones de activistas indígenas. Pretendemos seguir un juicio en su contra para que ella vea que no es superior a la ley’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha querido revelar qué tipos de medidas se han solicitado para los jueces, sin embargo aclara que las medidas cautelares se aplican en situaciones de gravedad y urgencia ‘para prevenir daños irreparables a las personas’.
