La actual legislación laboral obliga a todas las empresas, con más de 20 mujeres, a tener salas cunas para sus empleadas. El Gobierno busca eliminar ese número del código del trabajo, para que todas las mujeres tengan ese derecho.
Según el Ejecutivo, aproximadamente un millón y medio de mujeres serían beneficiadas.
Sin embargo, la falta de detalles sobre la medida hace que surjan dudas sobre el mecanismo de financiamiento y a quienes realmente favorecerá.
El economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, recordó que las mujeres chilenas tienen en su mayoría empleos precarios y las empresas aluden a lo caro que puede resultar dar estos derechos sociales para no contratarlas. Por lo mismo, a su juicio es el Estado quien debe financiar las salas cunas.
“Pensemos que en Chile el 50% de las mujeres trabajadoras con hijos gana menos de 205 mil pesos al mes. Son salarios muy bajos que, por lo tanto, que se les sigan encareciendo los descuentos para financiar esto de las salas cuna haría todavía más precarias, en el sentido materia, las condiciones laborales de las mujeres”, explica.
Desde la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA), señalan que el gobierno no los ha involucrado en este debate, pese a que son directamente afectados por la medida.
Mónica Lagos, encargada de la mujer de CONUPIA, dijo a Radio Universidad de Chile que la única forma de hacer viable este proyecto es con financiamiento estatal.
“La pequeña empresa, de acuerdo a las condiciones en que hoy día opera el comercio en general, la economía en general, donde no hay ninguna regulación y el mercado regula al mercado simplemente y, por tanto, competir es sumamente difícil, hace aún más complicado que nosotras podamos dar garantías a nuestros trabajadores y trabajadoras en general. Y especialmente en el tema de las mujeres. Uno de los conflictos que hay para contratar mujeres es justamente el tema de las salas cuna”, advierte.
Victoria Hurtado, subdirectora ejecutiva de Corporación Humanas, señaló que esta ley debe tomar en cuenta, como punto fundamental, el fomento y protección de la crianza de los niños y niñas y, por lo tanto, ese criterio debe predominar sobre el económico.
Por lo anterior, la especialista indicó que las salas cuna deben ser un derecho para hombres y mujeres.
“Se debe incorporar a trabajadores y trabajadoras y es una responsabilidad que debe asumir el Estado y el empresariado. O sea, parte del costo del trabajo es que se debe solucionar los problemas que ocurren al interior del hogar y en eso el cuidado es fundamental. Y el cuidado es una responsabilidad social, es de interés público. Necesitamos que nuestros niños y niñas tengan los cuidados que requieren y eso es una responsabilidad de todo el país”, enfatiza.
Todos quienes fueron consultados por Radio Universidad de Chile, coinciden en pedir que sea el Estado quien se haga cargo de financiar la universalización de las salas cunas y esperan que este proyecto se defina participativamente y sin letra chica.
La actual legislación laboral obliga a todas las empresas, con más de 20 mujeres, a tener salas cunas para sus empleadas. El Gobierno busca eliminar ese número del código del trabajo, para que todas las mujeres tengan ese derecho.
Según el Ejecutivo, aproximadamente un millón y medio de mujeres serían beneficiadas.
Sin embargo, la falta de detalles sobre la medida hace que surjan dudas sobre el mecanismo de financiamiento y a quienes realmente favorecerá.
El economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, recordó que las mujeres chilenas tienen en su mayoría empleos precarios y las empresas aluden a lo caro que puede resultar dar estos derechos sociales para no contratarlas. Por lo mismo, a su juicio es el Estado quien debe financiar las salas cunas.
“Pensemos que en Chile el 50% de las mujeres trabajadoras con hijos gana menos de 205 mil pesos al mes. Son salarios muy bajos que, por lo tanto, que se les sigan encareciendo los descuentos para financiar esto de las salas cuna haría todavía más precarias, en el sentido materia, las condiciones laborales de las mujeres”, explica.
Desde la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA), señalan que el gobierno no los ha involucrado en este debate, pese a que son directamente afectados por la medida.
Mónica Lagos, encargada de la mujer de CONUPIA, dijo a Radio Universidad de Chile que la única forma de hacer viable este proyecto es con financiamiento estatal.
“La pequeña empresa, de acuerdo a las condiciones en que hoy día opera el comercio en general, la economía en general, donde no hay ninguna regulación y el mercado regula al mercado simplemente y, por tanto, competir es sumamente difícil, hace aún más complicado que nosotras podamos dar garantías a nuestros trabajadores y trabajadoras en general. Y especialmente en el tema de las mujeres. Uno de los conflictos que hay para contratar mujeres es justamente el tema de las salas cuna”, advierte.
Victoria Hurtado, subdirectora ejecutiva de Corporación Humanas, señaló que esta ley debe tomar en cuenta, como punto fundamental, el fomento y protección de la crianza de los niños y niñas y, por lo tanto, ese criterio debe predominar sobre el económico.
Por lo anterior, la especialista indicó que las salas cuna deben ser un derecho para hombres y mujeres.
“Se debe incorporar a trabajadores y trabajadoras y es una responsabilidad que debe asumir el Estado y el empresariado. O sea, parte del costo del trabajo es que se debe solucionar los problemas que ocurren al interior del hogar y en eso el cuidado es fundamental. Y el cuidado es una responsabilidad social, es de interés público. Necesitamos que nuestros niños y niñas tengan los cuidados que requieren y eso es una responsabilidad de todo el país”, enfatiza.
Todos quienes fueron consultados por Radio Universidad de Chile, coinciden en pedir que sea el Estado quien se haga cargo de financiar la universalización de las salas cunas y esperan que este proyecto se defina participativamente y sin letra chica.
La actual legislación laboral obliga a todas las empresas, con más de 20 mujeres, a tener salas cunas para sus empleadas. El Gobierno busca eliminar ese número del código del trabajo, para que todas las mujeres tengan ese derecho.
Según el Ejecutivo, aproximadamente un millón y medio de mujeres serían beneficiadas.
Sin embargo, la falta de detalles sobre la medida hace que surjan dudas sobre el mecanismo de financiamiento y a quienes realmente favorecerá.
El economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, recordó que las mujeres chilenas tienen en su mayoría empleos precarios y las empresas aluden a lo caro que puede resultar dar estos derechos sociales para no contratarlas. Por lo mismo, a su juicio es el Estado quien debe financiar las salas cunas.
“Pensemos que en Chile el 50% de las mujeres trabajadoras con hijos gana menos de 205 mil pesos al mes. Son salarios muy bajos que, por lo tanto, que se les sigan encareciendo los descuentos para financiar esto de las salas cuna haría todavía más precarias, en el sentido materia, las condiciones laborales de las mujeres”, explica.
Desde la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA), señalan que el gobierno no los ha involucrado en este debate, pese a que son directamente afectados por la medida.
Mónica Lagos, encargada de la mujer de CONUPIA, dijo a Radio Universidad de Chile que la única forma de hacer viable este proyecto es con financiamiento estatal.
“La pequeña empresa, de acuerdo a las condiciones en que hoy día opera el comercio en general, la economía en general, donde no hay ninguna regulación y el mercado regula al mercado simplemente y, por tanto, competir es sumamente difícil, hace aún más complicado que nosotras podamos dar garantías a nuestros trabajadores y trabajadoras en general. Y especialmente en el tema de las mujeres. Uno de los conflictos que hay para contratar mujeres es justamente el tema de las salas cuna”, advierte.
Victoria Hurtado, subdirectora ejecutiva de Corporación Humanas, señaló que esta ley debe tomar en cuenta, como punto fundamental, el fomento y protección de la crianza de los niños y niñas y, por lo tanto, ese criterio debe predominar sobre el económico.
Por lo anterior, la especialista indicó que las salas cuna deben ser un derecho para hombres y mujeres.
“Se debe incorporar a trabajadores y trabajadoras y es una responsabilidad que debe asumir el Estado y el empresariado. O sea, parte del costo del trabajo es que se debe solucionar los problemas que ocurren al interior del hogar y en eso el cuidado es fundamental. Y el cuidado es una responsabilidad social, es de interés público. Necesitamos que nuestros niños y niñas tengan los cuidados que requieren y eso es una responsabilidad de todo el país”, enfatiza.
Todos quienes fueron consultados por Radio Universidad de Chile, coinciden en pedir que sea el Estado quien se haga cargo de financiar la universalización de las salas cunas y esperan que este proyecto se defina participativamente y sin letra chica.
