Entre los principales descargos presentados por Rolando Melo, director del Sename, se cuenta que este servicio no habría trabajado en la metodología ni en la elaboración del Informe Jeldres-Unicef, con el cual se dieron a conocer las denuncias sobre maltratos y delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y adolescentes albergados en residencias del servicio o en centros privados que reciben financiamiento público. En efecto, el primero de los descargos de Melo fue que Sename administra directamente apenas a 10 de estos hogares de menores.
En este sentido, el director del organismo público detalló que “en primer lugar señalar que los centros residenciales de Sename actualmente son 294 de los cuales 284 son ejecutados por fundaciones, por terceros, que de acuerdo a la ley se denominan Organismos Colaboradores Acreditados y 10 de ellos son centros de administración directa, es decir, con funcionarios públicos del Sename”.
Rolando Melo -quien ya ha testificado ante el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, quien lleva a cabo esta investigación- adujo una serie de razones administrativas para referirse a cada una de las denuncias del informe que encargó la Corte Suprema para conocer la situación de los 294 centros.
El funcionario de Gobierno dijo que puede probar, mediante correos electrónicos que sí reaccionó oportunamente a las denuncias, a pesar de la dificultad que –según dijo- implicó realizar seguimiento a un informe que no incluyó los nombres de las víctimas.
Por esto, el jefé máximo del Sename explicó que “se ha dicho que el Sename no ha reaccionado de la manera inmediata, pero lo cierto es que nosotros tomamos conocimiento como da cuenta ese correo electrónico de recibir la tabulación de la información, de esos cuestionarios respecto de los cuales -vuelvo a insistir- nosotros no teníamos conocimiento del contenido, tampoco diseñamos ninguna metodología, ni tampoco la aplicación de una tabulación”.
La Comisión de Familia sesionó en la sede del ex Congreso en Santiago, bajo la presidencia de la diputada María Angélica Cristi, y con la presencia de sus colegas Eugenio Bauer, Karla Rubilar, Marcelo Shiling, María Antonieta Saa y Mónica Zalaquet.
A esta sesión también asistieron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Este es el caso de la ONG llamada Asociación Chile Puede, cuya presidenta Flor Bastidas, cuestionó que el Servicio Nacional de Menores no asuma su responsabilidad, particularmente en el caso que la afecta a ella, pues dos de sus sobrinos fueron vejados en un centro de las Aldeas SOS de la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.
En esa línea, la presidenta de la ONG Asociación Chile Puede indicó que “el Sename se lavó las manos respecto de lo que le paso a mis niños, que son mis sobrinos de 9 y 13 años de edad. El más pequeño fue violado en reiteradas ocasiones y el grande fue abusado y vio también que abusaban de los otros compañeros. No fueron solamente ellos. En las Aldeas SOS de Padre Las Casas. Mi opinión es que se tiran la pelota unos con otros, echándose la culpa, y se cuestiona el Informe Jeldres, las platas que se pagaron a las personas que trabajaron”.
Además de los delitos mencionados, el citado informe detectó irregularidades tales como que hay 600 niños invisibilizados en la estadística oficial; se registra una excesiva cantidad de niños con rezago escolar; el 15% de todos los niños del Sename permanece con familias de acogida, y los demás en residencias y, finalmente, que las resoluciones de los Tribunales de Familia no tienen plazos de permanencia, objetivos ni fundamentos.
Importa señalar que durante la campaña del año 2009, Sebastián Piñera comprometió que el Servicio Nacional de Menores sería “modernizado”, entre otras cosas para segregar a los niños y adolescentes según compromiso delictual. Sin embargo, el servicio continúa –según encuestas de la Secretaría General de la Presidencia– entre los 10 organismos peor evaluados por la población entre los 340 que componen al Gobierno.
Entre los principales descargos presentados por Rolando Melo, director del Sename, se cuenta que este servicio no habría trabajado en la metodología ni en la elaboración del Informe Jeldres-Unicef, con el cual se dieron a conocer las denuncias sobre maltratos y delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y adolescentes albergados en residencias del servicio o en centros privados que reciben financiamiento público. En efecto, el primero de los descargos de Melo fue que Sename administra directamente apenas a 10 de estos hogares de menores.
En este sentido, el director del organismo público detalló que “en primer lugar señalar que los centros residenciales de Sename actualmente son 294 de los cuales 284 son ejecutados por fundaciones, por terceros, que de acuerdo a la ley se denominan Organismos Colaboradores Acreditados y 10 de ellos son centros de administración directa, es decir, con funcionarios públicos del Sename”.
Rolando Melo -quien ya ha testificado ante el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, quien lleva a cabo esta investigación- adujo una serie de razones administrativas para referirse a cada una de las denuncias del informe que encargó la Corte Suprema para conocer la situación de los 294 centros.
El funcionario de Gobierno dijo que puede probar, mediante correos electrónicos que sí reaccionó oportunamente a las denuncias, a pesar de la dificultad que –según dijo- implicó realizar seguimiento a un informe que no incluyó los nombres de las víctimas.
Por esto, el jefé máximo del Sename explicó que “se ha dicho que el Sename no ha reaccionado de la manera inmediata, pero lo cierto es que nosotros tomamos conocimiento como da cuenta ese correo electrónico de recibir la tabulación de la información, de esos cuestionarios respecto de los cuales -vuelvo a insistir- nosotros no teníamos conocimiento del contenido, tampoco diseñamos ninguna metodología, ni tampoco la aplicación de una tabulación”.
La Comisión de Familia sesionó en la sede del ex Congreso en Santiago, bajo la presidencia de la diputada María Angélica Cristi, y con la presencia de sus colegas Eugenio Bauer, Karla Rubilar, Marcelo Shiling, María Antonieta Saa y Mónica Zalaquet.
A esta sesión también asistieron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Este es el caso de la ONG llamada Asociación Chile Puede, cuya presidenta Flor Bastidas, cuestionó que el Servicio Nacional de Menores no asuma su responsabilidad, particularmente en el caso que la afecta a ella, pues dos de sus sobrinos fueron vejados en un centro de las Aldeas SOS de la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.
En esa línea, la presidenta de la ONG Asociación Chile Puede indicó que “el Sename se lavó las manos respecto de lo que le paso a mis niños, que son mis sobrinos de 9 y 13 años de edad. El más pequeño fue violado en reiteradas ocasiones y el grande fue abusado y vio también que abusaban de los otros compañeros. No fueron solamente ellos. En las Aldeas SOS de Padre Las Casas. Mi opinión es que se tiran la pelota unos con otros, echándose la culpa, y se cuestiona el Informe Jeldres, las platas que se pagaron a las personas que trabajaron”.
Además de los delitos mencionados, el citado informe detectó irregularidades tales como que hay 600 niños invisibilizados en la estadística oficial; se registra una excesiva cantidad de niños con rezago escolar; el 15% de todos los niños del Sename permanece con familias de acogida, y los demás en residencias y, finalmente, que las resoluciones de los Tribunales de Familia no tienen plazos de permanencia, objetivos ni fundamentos.
Importa señalar que durante la campaña del año 2009, Sebastián Piñera comprometió que el Servicio Nacional de Menores sería “modernizado”, entre otras cosas para segregar a los niños y adolescentes según compromiso delictual. Sin embargo, el servicio continúa –según encuestas de la Secretaría General de la Presidencia– entre los 10 organismos peor evaluados por la población entre los 340 que componen al Gobierno.
Entre los principales descargos presentados por Rolando Melo, director del Sename, se cuenta que este servicio no habría trabajado en la metodología ni en la elaboración del Informe Jeldres-Unicef, con el cual se dieron a conocer las denuncias sobre maltratos y delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y adolescentes albergados en residencias del servicio o en centros privados que reciben financiamiento público. En efecto, el primero de los descargos de Melo fue que Sename administra directamente apenas a 10 de estos hogares de menores.
En este sentido, el director del organismo público detalló que “en primer lugar señalar que los centros residenciales de Sename actualmente son 294 de los cuales 284 son ejecutados por fundaciones, por terceros, que de acuerdo a la ley se denominan Organismos Colaboradores Acreditados y 10 de ellos son centros de administración directa, es decir, con funcionarios públicos del Sename”.
Rolando Melo -quien ya ha testificado ante el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, quien lleva a cabo esta investigación- adujo una serie de razones administrativas para referirse a cada una de las denuncias del informe que encargó la Corte Suprema para conocer la situación de los 294 centros.
El funcionario de Gobierno dijo que puede probar, mediante correos electrónicos que sí reaccionó oportunamente a las denuncias, a pesar de la dificultad que –según dijo- implicó realizar seguimiento a un informe que no incluyó los nombres de las víctimas.
Por esto, el jefé máximo del Sename explicó que “se ha dicho que el Sename no ha reaccionado de la manera inmediata, pero lo cierto es que nosotros tomamos conocimiento como da cuenta ese correo electrónico de recibir la tabulación de la información, de esos cuestionarios respecto de los cuales -vuelvo a insistir- nosotros no teníamos conocimiento del contenido, tampoco diseñamos ninguna metodología, ni tampoco la aplicación de una tabulación”.
La Comisión de Familia sesionó en la sede del ex Congreso en Santiago, bajo la presidencia de la diputada María Angélica Cristi, y con la presencia de sus colegas Eugenio Bauer, Karla Rubilar, Marcelo Shiling, María Antonieta Saa y Mónica Zalaquet.
A esta sesión también asistieron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Este es el caso de la ONG llamada Asociación Chile Puede, cuya presidenta Flor Bastidas, cuestionó que el Servicio Nacional de Menores no asuma su responsabilidad, particularmente en el caso que la afecta a ella, pues dos de sus sobrinos fueron vejados en un centro de las Aldeas SOS de la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.
En esa línea, la presidenta de la ONG Asociación Chile Puede indicó que “el Sename se lavó las manos respecto de lo que le paso a mis niños, que son mis sobrinos de 9 y 13 años de edad. El más pequeño fue violado en reiteradas ocasiones y el grande fue abusado y vio también que abusaban de los otros compañeros. No fueron solamente ellos. En las Aldeas SOS de Padre Las Casas. Mi opinión es que se tiran la pelota unos con otros, echándose la culpa, y se cuestiona el Informe Jeldres, las platas que se pagaron a las personas que trabajaron”.
Además de los delitos mencionados, el citado informe detectó irregularidades tales como que hay 600 niños invisibilizados en la estadística oficial; se registra una excesiva cantidad de niños con rezago escolar; el 15% de todos los niños del Sename permanece con familias de acogida, y los demás en residencias y, finalmente, que las resoluciones de los Tribunales de Familia no tienen plazos de permanencia, objetivos ni fundamentos.
Importa señalar que durante la campaña del año 2009, Sebastián Piñera comprometió que el Servicio Nacional de Menores sería “modernizado”, entre otras cosas para segregar a los niños y adolescentes según compromiso delictual. Sin embargo, el servicio continúa –según encuestas de la Secretaría General de la Presidencia– entre los 10 organismos peor evaluados por la población entre los 340 que componen al Gobierno.
