Aún no se presenta en el Congreso el proyecto de ley que establece el acceso de todos los trabajadores a las salas cunas como un Derecho Universal. ¿Qué lo ha detenido?, la falta de consenso respecto del financiamiento, un tema donde ya se maneja una alternativa.
Según se habría dado a conocer desde el Gobierno, el proyecto consideraría un financiamiento, de cargo del empleador, del uno por ciento de la remuneración imponible de cada trabajador. Esto no implicaría una cotización adicional, sino el uso de recursos que hoy se destinan a los fondos de cesantía.
El dinero proveniente de este uno por ciento sería administrado por una entidad privada, vía licitación, que trabajaría con la red de salas cuna privadas que estarán regidas por un estatuto particular.
Sobre esta opción se refirió la investigadora del Programa de Economía del Instituto Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes: “Es una mejoría respecto de lo que hay ahora, que es tremendamente castigador del empleo femenino, esto por lo menos deja ese aspecto de discriminación en contra de las mujeres en términos del financiamiento, pero no nos parece tampoco la mejor fórmula que se podría pensar, porque al hacerlo de esta forma, que todas las mujeres trabajadoras tengan derecho a financiar su Sala Cuna a través de un impuesto, que se cobra a todos los trabajadores, se genera una situación de subsidios cruzados que no es deseable porque lo que se tiene ahí es que trabajadores de bajos ingresos terminan indirectamente financiando la Sala Cuna de mujeres de altos ingresos”.
La especialista indicó que esto es un impuesto al trabajo y que es poco conveniente. El instituto había planteado que existiera un bono de sala cuna financiado por el Estado y cuyo monto dependiera del nivel de ingreso de la familia, que para los primeros quintiles fuera 100% financiado y no así para los quintiles más altos.
Por otro lado, Marcela Pardo, experta en educación preescolar del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, puso la alerta sobre la precariedad que podrían tener los fondos recaudados bajo el seguro de cesantía, apuntando a la necesidad de un financiamiento estatal integrado en la glosa presupuestaria.
En este sentido, la investigadora de nuestra Casa de Estudios indicó que “podría darse una situación en que efectivamente se amenace el financiamiento de las Salas Cuna y que este financiamiento no esté garantizado, no sea estable, no sea permanente de acuerdo con las condiciones en que se encuentren las empresas. Ningún modelo de Sala Cuna supone un alto financiamiento y un financiamiento que es estable, por lo tanto, creo que lo conveniente sería que el ministerio de Educación dentro de las distintas partidas de presupuesto destinara recursos para las Salas Cuna”.
Justamente, existe preocupación por la calidad que tendrán las salas cunas. Francis Valverde, integrante del directorio del Observatorio de Niñez, indicó que la propuesta que se está tanteando es grave, ya que hace colisionar derechos de todo el grupo familiar.
En esa línea, la experta en temas de la infancia explicó que “se coloca en discusión qué derecho es más relevante, si el derecho de los niños a ser cuidados y educados adecuadamente en su primera infancia, sí el derecho de las mujeres a tener una vuelta laboral adecuada estando tranquilas con el cuidado de sus niños o el derecho de los adultos que quedan sin trabajo a tener Seguro de Cesantía, estamos haciendo colisionar derechos que en definitiva el Estado no debe hacer colisionar porque tiene las condiciones, especialmente en el caso de Chile con 20 mil dólares per cápita, que es lo que nos mantiene en la OCDE, es generar una ley de financiamiento autónomo para cada uno de los derechos”.
Cabe señalar que actualmente el Código del Trabajo estipula que las empresas con veinte o más trabajadoras deben tener una sala cuna o financiar una externa, designada por la propia firma, para los hijos menores de dos años de sus trabajadoras. Ahora, con este proyecto se viene a asegurar el beneficio a todos los padres. Eso si se logra antes zanjar el tema del financiamiento y encontrar la mejor opción para proteger a los menores.
Aún no se presenta en el Congreso el proyecto de ley que establece el acceso de todos los trabajadores a las salas cunas como un Derecho Universal. ¿Qué lo ha detenido?, la falta de consenso respecto del financiamiento, un tema donde ya se maneja una alternativa.
Según se habría dado a conocer desde el Gobierno, el proyecto consideraría un financiamiento, de cargo del empleador, del uno por ciento de la remuneración imponible de cada trabajador. Esto no implicaría una cotización adicional, sino el uso de recursos que hoy se destinan a los fondos de cesantía.
El dinero proveniente de este uno por ciento sería administrado por una entidad privada, vía licitación, que trabajaría con la red de salas cuna privadas que estarán regidas por un estatuto particular.
Sobre esta opción se refirió la investigadora del Programa de Economía del Instituto Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes: “Es una mejoría respecto de lo que hay ahora, que es tremendamente castigador del empleo femenino, esto por lo menos deja ese aspecto de discriminación en contra de las mujeres en términos del financiamiento, pero no nos parece tampoco la mejor fórmula que se podría pensar, porque al hacerlo de esta forma, que todas las mujeres trabajadoras tengan derecho a financiar su Sala Cuna a través de un impuesto, que se cobra a todos los trabajadores, se genera una situación de subsidios cruzados que no es deseable porque lo que se tiene ahí es que trabajadores de bajos ingresos terminan indirectamente financiando la Sala Cuna de mujeres de altos ingresos”.
La especialista indicó que esto es un impuesto al trabajo y que es poco conveniente. El instituto había planteado que existiera un bono de sala cuna financiado por el Estado y cuyo monto dependiera del nivel de ingreso de la familia, que para los primeros quintiles fuera 100% financiado y no así para los quintiles más altos.
Por otro lado, Marcela Pardo, experta en educación preescolar del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, puso la alerta sobre la precariedad que podrían tener los fondos recaudados bajo el seguro de cesantía, apuntando a la necesidad de un financiamiento estatal integrado en la glosa presupuestaria.
En este sentido, la investigadora de nuestra Casa de Estudios indicó que “podría darse una situación en que efectivamente se amenace el financiamiento de las Salas Cuna y que este financiamiento no esté garantizado, no sea estable, no sea permanente de acuerdo con las condiciones en que se encuentren las empresas. Ningún modelo de Sala Cuna supone un alto financiamiento y un financiamiento que es estable, por lo tanto, creo que lo conveniente sería que el ministerio de Educación dentro de las distintas partidas de presupuesto destinara recursos para las Salas Cuna”.
Justamente, existe preocupación por la calidad que tendrán las salas cunas. Francis Valverde, integrante del directorio del Observatorio de Niñez, indicó que la propuesta que se está tanteando es grave, ya que hace colisionar derechos de todo el grupo familiar.
En esa línea, la experta en temas de la infancia explicó que “se coloca en discusión qué derecho es más relevante, si el derecho de los niños a ser cuidados y educados adecuadamente en su primera infancia, sí el derecho de las mujeres a tener una vuelta laboral adecuada estando tranquilas con el cuidado de sus niños o el derecho de los adultos que quedan sin trabajo a tener Seguro de Cesantía, estamos haciendo colisionar derechos que en definitiva el Estado no debe hacer colisionar porque tiene las condiciones, especialmente en el caso de Chile con 20 mil dólares per cápita, que es lo que nos mantiene en la OCDE, es generar una ley de financiamiento autónomo para cada uno de los derechos”.
Cabe señalar que actualmente el Código del Trabajo estipula que las empresas con veinte o más trabajadoras deben tener una sala cuna o financiar una externa, designada por la propia firma, para los hijos menores de dos años de sus trabajadoras. Ahora, con este proyecto se viene a asegurar el beneficio a todos los padres. Eso si se logra antes zanjar el tema del financiamiento y encontrar la mejor opción para proteger a los menores.
Aún no se presenta en el Congreso el proyecto de ley que establece el acceso de todos los trabajadores a las salas cunas como un Derecho Universal. ¿Qué lo ha detenido?, la falta de consenso respecto del financiamiento, un tema donde ya se maneja una alternativa.
Según se habría dado a conocer desde el Gobierno, el proyecto consideraría un financiamiento, de cargo del empleador, del uno por ciento de la remuneración imponible de cada trabajador. Esto no implicaría una cotización adicional, sino el uso de recursos que hoy se destinan a los fondos de cesantía.
El dinero proveniente de este uno por ciento sería administrado por una entidad privada, vía licitación, que trabajaría con la red de salas cuna privadas que estarán regidas por un estatuto particular.
Sobre esta opción se refirió la investigadora del Programa de Economía del Instituto Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes: “Es una mejoría respecto de lo que hay ahora, que es tremendamente castigador del empleo femenino, esto por lo menos deja ese aspecto de discriminación en contra de las mujeres en términos del financiamiento, pero no nos parece tampoco la mejor fórmula que se podría pensar, porque al hacerlo de esta forma, que todas las mujeres trabajadoras tengan derecho a financiar su Sala Cuna a través de un impuesto, que se cobra a todos los trabajadores, se genera una situación de subsidios cruzados que no es deseable porque lo que se tiene ahí es que trabajadores de bajos ingresos terminan indirectamente financiando la Sala Cuna de mujeres de altos ingresos”.
La especialista indicó que esto es un impuesto al trabajo y que es poco conveniente. El instituto había planteado que existiera un bono de sala cuna financiado por el Estado y cuyo monto dependiera del nivel de ingreso de la familia, que para los primeros quintiles fuera 100% financiado y no así para los quintiles más altos.
Por otro lado, Marcela Pardo, experta en educación preescolar del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, puso la alerta sobre la precariedad que podrían tener los fondos recaudados bajo el seguro de cesantía, apuntando a la necesidad de un financiamiento estatal integrado en la glosa presupuestaria.
En este sentido, la investigadora de nuestra Casa de Estudios indicó que “podría darse una situación en que efectivamente se amenace el financiamiento de las Salas Cuna y que este financiamiento no esté garantizado, no sea estable, no sea permanente de acuerdo con las condiciones en que se encuentren las empresas. Ningún modelo de Sala Cuna supone un alto financiamiento y un financiamiento que es estable, por lo tanto, creo que lo conveniente sería que el ministerio de Educación dentro de las distintas partidas de presupuesto destinara recursos para las Salas Cuna”.
Justamente, existe preocupación por la calidad que tendrán las salas cunas. Francis Valverde, integrante del directorio del Observatorio de Niñez, indicó que la propuesta que se está tanteando es grave, ya que hace colisionar derechos de todo el grupo familiar.
En esa línea, la experta en temas de la infancia explicó que “se coloca en discusión qué derecho es más relevante, si el derecho de los niños a ser cuidados y educados adecuadamente en su primera infancia, sí el derecho de las mujeres a tener una vuelta laboral adecuada estando tranquilas con el cuidado de sus niños o el derecho de los adultos que quedan sin trabajo a tener Seguro de Cesantía, estamos haciendo colisionar derechos que en definitiva el Estado no debe hacer colisionar porque tiene las condiciones, especialmente en el caso de Chile con 20 mil dólares per cápita, que es lo que nos mantiene en la OCDE, es generar una ley de financiamiento autónomo para cada uno de los derechos”.
Cabe señalar que actualmente el Código del Trabajo estipula que las empresas con veinte o más trabajadoras deben tener una sala cuna o financiar una externa, designada por la propia firma, para los hijos menores de dos años de sus trabajadoras. Ahora, con este proyecto se viene a asegurar el beneficio a todos los padres. Eso si se logra antes zanjar el tema del financiamiento y encontrar la mejor opción para proteger a los menores.
