El alcaide, el jefe de operaciones y el encargado de la Guardia Interna de la cárcel concesionada de Valdivia, fueron enviados a otros penales del país, una noticia que quizás, pasó inadvertida ante los medios de comunicación, pero que confirmó el mismo Alejandro Paredes , seremi de Justicia, la tarde de este martes.
Al momento de hacer el anuncio, la autoridad se refirió a las razones, reconociendo lo que ya antes había reconocido el Director Nacional de Gendarmería, coronel Marco Fuentes.
Respecto del traslado de las máximas autoridades del penal el Seremi Paredes, manifestó su intención de que esta medida genere un cambio al interior del recinto: “Que en definitiva permita solucionar los dos temas que nos preocupaban, por un lado los posibles maltratos, que esperemos que no vuelvan a ocurrir en la unidad penal, como también la situación de los traslados, que si bien se ha abordado privilegiando la buena conducta, esperemos que también sea un tema que se vaya aclarando, tranquilizando y que en definitiva exista paz al interior del complejo penitenciario, tanto para gendarmes, como para los internos que están cumpliendo pena allí”.
Esta decisión sienta un importante precedente en la forma en la que se había manejado hasta ahora el problema carcelario. Pero no todos comparten esta visión. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, indicó que no hay una acusación clara en contra de los gendarmes y sus directivos.
En este sentido, el dirigente de los gendarmes explicó que “es una situación que hoy todavía está en tribunales y el tribunal no ha podido establecer ninguna de las acusaciones que han hecho los internos. Hay internos que son más avezados que otros y que son manipuladores. Manipulan la verdad, manipulan a los abogados, manipulan a los organismos de derechos humanos y ellos arman toda una historia con toda una realidad sobre dimensionada”.
El dirigente indicó que este cambio es uno más de los que se están haciendo en todo el país, y que corresponde a los ajustes tradicionales de la institución cada fin de año. Además, afirmó que las cárceles concesionadas tienen “el máximo de comodidades” y que constituyen un adelanto cuando financiar a un interno vale 650 mil contra los 250 mil de un centro estatal.
No obstante, los organismos de Derechos Humanos sostienen que la realidad es completamente distinta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está haciendo constante seguimiento a los penales, y en este caso, presentó dos recursos de amparo y una querella contra los gendarmes acusados de realizar apremios.
Acerca de esto se refirió el asesor de la Unidad Jurídico-Judicial del organismo, Rodrigo Bustos: “Las actuaciones de funcionarios de Gendarmería se han distanciado incluso de los propios protocolos existentes en la institución, no solamente de los estándares internacionales de derechos humanos o de Reglamento Penitenciario, sino incluso de los propios protocolos de Gendarmería, en algunos casos eso ha dado lugar a procedimientos sumarios que ha iniciado la misma institución con lo cual esperamos que se vayan cumpliendo los protocolos y que también se vaya evaluando si es necesario hacer modificaciones a los protocolos existentes”.
Cabe señalar que en esta cárcel también fueron recluidos los mapuche en prisión preventiva por el atentado al fundo Pisu-Pisué, entre los que estaba la Machi Millaray Huichalaf, quienes también denunciaron las malas condiciones del penal. En este mismo momento, uno de los procesados por el caso, el ciudadano argentino Francisco Facundo Jones Huala, realiza una huelga de hambre denunciando malos tratos y exigiendo su traslado.
El alcaide, el jefe de operaciones y el encargado de la Guardia Interna de la cárcel concesionada de Valdivia, fueron enviados a otros penales del país, una noticia que quizás, pasó inadvertida ante los medios de comunicación, pero que confirmó el mismo Alejandro Paredes , seremi de Justicia, la tarde de este martes.
Al momento de hacer el anuncio, la autoridad se refirió a las razones, reconociendo lo que ya antes había reconocido el Director Nacional de Gendarmería, coronel Marco Fuentes.
Respecto del traslado de las máximas autoridades del penal el Seremi Paredes, manifestó su intención de que esta medida genere un cambio al interior del recinto: “Que en definitiva permita solucionar los dos temas que nos preocupaban, por un lado los posibles maltratos, que esperemos que no vuelvan a ocurrir en la unidad penal, como también la situación de los traslados, que si bien se ha abordado privilegiando la buena conducta, esperemos que también sea un tema que se vaya aclarando, tranquilizando y que en definitiva exista paz al interior del complejo penitenciario, tanto para gendarmes, como para los internos que están cumpliendo pena allí”.
Esta decisión sienta un importante precedente en la forma en la que se había manejado hasta ahora el problema carcelario. Pero no todos comparten esta visión. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, indicó que no hay una acusación clara en contra de los gendarmes y sus directivos.
En este sentido, el dirigente de los gendarmes explicó que “es una situación que hoy todavía está en tribunales y el tribunal no ha podido establecer ninguna de las acusaciones que han hecho los internos. Hay internos que son más avezados que otros y que son manipuladores. Manipulan la verdad, manipulan a los abogados, manipulan a los organismos de derechos humanos y ellos arman toda una historia con toda una realidad sobre dimensionada”.
El dirigente indicó que este cambio es uno más de los que se están haciendo en todo el país, y que corresponde a los ajustes tradicionales de la institución cada fin de año. Además, afirmó que las cárceles concesionadas tienen “el máximo de comodidades” y que constituyen un adelanto cuando financiar a un interno vale 650 mil contra los 250 mil de un centro estatal.
No obstante, los organismos de Derechos Humanos sostienen que la realidad es completamente distinta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está haciendo constante seguimiento a los penales, y en este caso, presentó dos recursos de amparo y una querella contra los gendarmes acusados de realizar apremios.
Acerca de esto se refirió el asesor de la Unidad Jurídico-Judicial del organismo, Rodrigo Bustos: “Las actuaciones de funcionarios de Gendarmería se han distanciado incluso de los propios protocolos existentes en la institución, no solamente de los estándares internacionales de derechos humanos o de Reglamento Penitenciario, sino incluso de los propios protocolos de Gendarmería, en algunos casos eso ha dado lugar a procedimientos sumarios que ha iniciado la misma institución con lo cual esperamos que se vayan cumpliendo los protocolos y que también se vaya evaluando si es necesario hacer modificaciones a los protocolos existentes”.
Cabe señalar que en esta cárcel también fueron recluidos los mapuche en prisión preventiva por el atentado al fundo Pisu-Pisué, entre los que estaba la Machi Millaray Huichalaf, quienes también denunciaron las malas condiciones del penal. En este mismo momento, uno de los procesados por el caso, el ciudadano argentino Francisco Facundo Jones Huala, realiza una huelga de hambre denunciando malos tratos y exigiendo su traslado.
El alcaide, el jefe de operaciones y el encargado de la Guardia Interna de la cárcel concesionada de Valdivia, fueron enviados a otros penales del país, una noticia que quizás, pasó inadvertida ante los medios de comunicación, pero que confirmó el mismo Alejandro Paredes , seremi de Justicia, la tarde de este martes.
Al momento de hacer el anuncio, la autoridad se refirió a las razones, reconociendo lo que ya antes había reconocido el Director Nacional de Gendarmería, coronel Marco Fuentes.
Respecto del traslado de las máximas autoridades del penal el Seremi Paredes, manifestó su intención de que esta medida genere un cambio al interior del recinto: “Que en definitiva permita solucionar los dos temas que nos preocupaban, por un lado los posibles maltratos, que esperemos que no vuelvan a ocurrir en la unidad penal, como también la situación de los traslados, que si bien se ha abordado privilegiando la buena conducta, esperemos que también sea un tema que se vaya aclarando, tranquilizando y que en definitiva exista paz al interior del complejo penitenciario, tanto para gendarmes, como para los internos que están cumpliendo pena allí”.
Esta decisión sienta un importante precedente en la forma en la que se había manejado hasta ahora el problema carcelario. Pero no todos comparten esta visión. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, indicó que no hay una acusación clara en contra de los gendarmes y sus directivos.
En este sentido, el dirigente de los gendarmes explicó que “es una situación que hoy todavía está en tribunales y el tribunal no ha podido establecer ninguna de las acusaciones que han hecho los internos. Hay internos que son más avezados que otros y que son manipuladores. Manipulan la verdad, manipulan a los abogados, manipulan a los organismos de derechos humanos y ellos arman toda una historia con toda una realidad sobre dimensionada”.
El dirigente indicó que este cambio es uno más de los que se están haciendo en todo el país, y que corresponde a los ajustes tradicionales de la institución cada fin de año. Además, afirmó que las cárceles concesionadas tienen “el máximo de comodidades” y que constituyen un adelanto cuando financiar a un interno vale 650 mil contra los 250 mil de un centro estatal.
No obstante, los organismos de Derechos Humanos sostienen que la realidad es completamente distinta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está haciendo constante seguimiento a los penales, y en este caso, presentó dos recursos de amparo y una querella contra los gendarmes acusados de realizar apremios.
Acerca de esto se refirió el asesor de la Unidad Jurídico-Judicial del organismo, Rodrigo Bustos: “Las actuaciones de funcionarios de Gendarmería se han distanciado incluso de los propios protocolos existentes en la institución, no solamente de los estándares internacionales de derechos humanos o de Reglamento Penitenciario, sino incluso de los propios protocolos de Gendarmería, en algunos casos eso ha dado lugar a procedimientos sumarios que ha iniciado la misma institución con lo cual esperamos que se vayan cumpliendo los protocolos y que también se vaya evaluando si es necesario hacer modificaciones a los protocolos existentes”.
Cabe señalar que en esta cárcel también fueron recluidos los mapuche en prisión preventiva por el atentado al fundo Pisu-Pisué, entre los que estaba la Machi Millaray Huichalaf, quienes también denunciaron las malas condiciones del penal. En este mismo momento, uno de los procesados por el caso, el ciudadano argentino Francisco Facundo Jones Huala, realiza una huelga de hambre denunciando malos tratos y exigiendo su traslado.
