La jornada de la Comisión de Familia de la Cámara Baja –convertida en investigadora del caso Sename- estuvo marcada por la ausencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Carreño, quien estaba invitado con el fin de recabar información y determinar las responsabilidades al Interior del Servicio Nacional de Menores por los presuntos abusos sexuales cometidos al interior de la institución dados a conocer durante los últimos meses, entre otros temas.
El pleno del máximo tribunal no autorizó al juez para declarar ante la instancia fiscalizadora del Parlamento, por lo que el ministro remitió antecedentes que fueron presentados en la sesión.
La diputada Karla Rubilar (RN) dio cuenta de una reunión entre el juez Carreño y personeros de Unicef, en la que se habría decidido no tomar acciones, por el momento, en cuanto al informe.
En este sentido, la parlamentaria oficialista indicó que “lo que aquí se dijo, es que ella la comisión, quería entregar los informes para que se tomarán las medidas a tiempo y fue la Corte Suprema a través de la nueva coordinadora, y al parecer el juez Carreño los que tomaron una decisión diferente, yo he leído textual no estoy diciendo que eso sea así, lo que estoy preguntando, es si eso es verdad o no y cuáles serían las razones de cada una de las apreciaciones que se dijeron”.
Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia, inmediatamente señaló que no existió tal acuerdo: “Quiero señalar que tengo un mail que me envió Soledad Larraín el 22 de marzo, luego de la reunión del 14 donde ella señala cuáles son los acuerdos que ella entendió de esa reunón. Creo que la importancia de este mail es vital porque en ninguna parte señala ella hacer entendido lo que señaló la diputada Rubiliar, por supuesto que ante los resultados de unos cuestionarios todos estábamos preocupados y por eso es que en esa reunión hubo una primera parte donde se hace toda la presentación de que los proyectos continúan y se sigue trabajando”.
La magistrado descartó la responsabilidad del Poder Judicial en la falencias de la encuesta que reveló los presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes residentes en hogares de la red Sename.
“Las encuestas fueron aplicadas en un periodo indeterminado, antes del convenio, y no estaba visado ni aprobado por la Corte Suprema, en residencias en que siquiera el Sename tuviera conocimiento o consentimiento”, dijo la jueza, quien fue categórica al señalar lo grave que es encuestar a “menores”.
En tanto el diputado (PS) Marcelo Schilling, integrante de la comisión, volvió a plantear su disconformidad en torno a cómo la instancia ha llevado el tema Sename. Para el parlamentario lo importante no es detenerse en la falla de las encuestas, sino más bien en resguardar el interés superior de los niños residentes en la red.
Por esto, el diputado socialista afirmó que “reiteró que nosotros sólo podemos hacer aquí, es lo que nos mandató la Cámara de Diputados a través de una sesión de la sala que formalizó la constitución de la Comisión de Familia en investigadora de los sucesos que ocurren en los hogares del Sename y hasta aquí lo que se está haciendo es investigar las contradicciones que hay en el estudio Unicef-Poder Judicial que no conducen necesariamente a aclarar la situación de lo que está ocurriendo en los hogares del Sename”.
Cabe señalar que la metodología en torno al proceso de realización y el manejo de los resultados utilizada por Unicef y el Poder Judicial que determinó los abusos fue criticada en su método desde el Sename, por no estar al tanto de la realización de la encuesta que preguntaba a los propios niños sobre su condición de abuso.
En cuanto a las próximas reuniones, el miércoles 28 nuevamente sesionará la Comisión. Esta vez los invitados serán Rodrigo Vidal Sánchez, director ejecutivo del Hogar de Cristo, María Cristina Opazo González, directora del Hogar del Buen Pastor, la general de Carabineros Mireya Pérez Videla, gerente general de la Fundación Niño y Patria, entre otros nombres ligados a hogares de resguardo social para menores en situación vulnerable, reunión que se desarrollará en la sede del Parlamento en Valparaíso.
La jornada de la Comisión de Familia de la Cámara Baja –convertida en investigadora del caso Sename- estuvo marcada por la ausencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Carreño, quien estaba invitado con el fin de recabar información y determinar las responsabilidades al Interior del Servicio Nacional de Menores por los presuntos abusos sexuales cometidos al interior de la institución dados a conocer durante los últimos meses, entre otros temas.
El pleno del máximo tribunal no autorizó al juez para declarar ante la instancia fiscalizadora del Parlamento, por lo que el ministro remitió antecedentes que fueron presentados en la sesión.
La diputada Karla Rubilar (RN) dio cuenta de una reunión entre el juez Carreño y personeros de Unicef, en la que se habría decidido no tomar acciones, por el momento, en cuanto al informe.
En este sentido, la parlamentaria oficialista indicó que “lo que aquí se dijo, es que ella la comisión, quería entregar los informes para que se tomarán las medidas a tiempo y fue la Corte Suprema a través de la nueva coordinadora, y al parecer el juez Carreño los que tomaron una decisión diferente, yo he leído textual no estoy diciendo que eso sea así, lo que estoy preguntando, es si eso es verdad o no y cuáles serían las razones de cada una de las apreciaciones que se dijeron”.
Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia, inmediatamente señaló que no existió tal acuerdo: “Quiero señalar que tengo un mail que me envió Soledad Larraín el 22 de marzo, luego de la reunión del 14 donde ella señala cuáles son los acuerdos que ella entendió de esa reunón. Creo que la importancia de este mail es vital porque en ninguna parte señala ella hacer entendido lo que señaló la diputada Rubiliar, por supuesto que ante los resultados de unos cuestionarios todos estábamos preocupados y por eso es que en esa reunión hubo una primera parte donde se hace toda la presentación de que los proyectos continúan y se sigue trabajando”.
La magistrado descartó la responsabilidad del Poder Judicial en la falencias de la encuesta que reveló los presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes residentes en hogares de la red Sename.
“Las encuestas fueron aplicadas en un periodo indeterminado, antes del convenio, y no estaba visado ni aprobado por la Corte Suprema, en residencias en que siquiera el Sename tuviera conocimiento o consentimiento”, dijo la jueza, quien fue categórica al señalar lo grave que es encuestar a “menores”.
En tanto el diputado (PS) Marcelo Schilling, integrante de la comisión, volvió a plantear su disconformidad en torno a cómo la instancia ha llevado el tema Sename. Para el parlamentario lo importante no es detenerse en la falla de las encuestas, sino más bien en resguardar el interés superior de los niños residentes en la red.
Por esto, el diputado socialista afirmó que “reiteró que nosotros sólo podemos hacer aquí, es lo que nos mandató la Cámara de Diputados a través de una sesión de la sala que formalizó la constitución de la Comisión de Familia en investigadora de los sucesos que ocurren en los hogares del Sename y hasta aquí lo que se está haciendo es investigar las contradicciones que hay en el estudio Unicef-Poder Judicial que no conducen necesariamente a aclarar la situación de lo que está ocurriendo en los hogares del Sename”.
Cabe señalar que la metodología en torno al proceso de realización y el manejo de los resultados utilizada por Unicef y el Poder Judicial que determinó los abusos fue criticada en su método desde el Sename, por no estar al tanto de la realización de la encuesta que preguntaba a los propios niños sobre su condición de abuso.
En cuanto a las próximas reuniones, el miércoles 28 nuevamente sesionará la Comisión. Esta vez los invitados serán Rodrigo Vidal Sánchez, director ejecutivo del Hogar de Cristo, María Cristina Opazo González, directora del Hogar del Buen Pastor, la general de Carabineros Mireya Pérez Videla, gerente general de la Fundación Niño y Patria, entre otros nombres ligados a hogares de resguardo social para menores en situación vulnerable, reunión que se desarrollará en la sede del Parlamento en Valparaíso.
La jornada de la Comisión de Familia de la Cámara Baja –convertida en investigadora del caso Sename- estuvo marcada por la ausencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Carreño, quien estaba invitado con el fin de recabar información y determinar las responsabilidades al Interior del Servicio Nacional de Menores por los presuntos abusos sexuales cometidos al interior de la institución dados a conocer durante los últimos meses, entre otros temas.
El pleno del máximo tribunal no autorizó al juez para declarar ante la instancia fiscalizadora del Parlamento, por lo que el ministro remitió antecedentes que fueron presentados en la sesión.
La diputada Karla Rubilar (RN) dio cuenta de una reunión entre el juez Carreño y personeros de Unicef, en la que se habría decidido no tomar acciones, por el momento, en cuanto al informe.
En este sentido, la parlamentaria oficialista indicó que “lo que aquí se dijo, es que ella la comisión, quería entregar los informes para que se tomarán las medidas a tiempo y fue la Corte Suprema a través de la nueva coordinadora, y al parecer el juez Carreño los que tomaron una decisión diferente, yo he leído textual no estoy diciendo que eso sea así, lo que estoy preguntando, es si eso es verdad o no y cuáles serían las razones de cada una de las apreciaciones que se dijeron”.
Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia, inmediatamente señaló que no existió tal acuerdo: “Quiero señalar que tengo un mail que me envió Soledad Larraín el 22 de marzo, luego de la reunión del 14 donde ella señala cuáles son los acuerdos que ella entendió de esa reunón. Creo que la importancia de este mail es vital porque en ninguna parte señala ella hacer entendido lo que señaló la diputada Rubiliar, por supuesto que ante los resultados de unos cuestionarios todos estábamos preocupados y por eso es que en esa reunión hubo una primera parte donde se hace toda la presentación de que los proyectos continúan y se sigue trabajando”.
La magistrado descartó la responsabilidad del Poder Judicial en la falencias de la encuesta que reveló los presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes residentes en hogares de la red Sename.
“Las encuestas fueron aplicadas en un periodo indeterminado, antes del convenio, y no estaba visado ni aprobado por la Corte Suprema, en residencias en que siquiera el Sename tuviera conocimiento o consentimiento”, dijo la jueza, quien fue categórica al señalar lo grave que es encuestar a “menores”.
En tanto el diputado (PS) Marcelo Schilling, integrante de la comisión, volvió a plantear su disconformidad en torno a cómo la instancia ha llevado el tema Sename. Para el parlamentario lo importante no es detenerse en la falla de las encuestas, sino más bien en resguardar el interés superior de los niños residentes en la red.
Por esto, el diputado socialista afirmó que “reiteró que nosotros sólo podemos hacer aquí, es lo que nos mandató la Cámara de Diputados a través de una sesión de la sala que formalizó la constitución de la Comisión de Familia en investigadora de los sucesos que ocurren en los hogares del Sename y hasta aquí lo que se está haciendo es investigar las contradicciones que hay en el estudio Unicef-Poder Judicial que no conducen necesariamente a aclarar la situación de lo que está ocurriendo en los hogares del Sename”.
Cabe señalar que la metodología en torno al proceso de realización y el manejo de los resultados utilizada por Unicef y el Poder Judicial que determinó los abusos fue criticada en su método desde el Sename, por no estar al tanto de la realización de la encuesta que preguntaba a los propios niños sobre su condición de abuso.
En cuanto a las próximas reuniones, el miércoles 28 nuevamente sesionará la Comisión. Esta vez los invitados serán Rodrigo Vidal Sánchez, director ejecutivo del Hogar de Cristo, María Cristina Opazo González, directora del Hogar del Buen Pastor, la general de Carabineros Mireya Pérez Videla, gerente general de la Fundación Niño y Patria, entre otros nombres ligados a hogares de resguardo social para menores en situación vulnerable, reunión que se desarrollará en la sede del Parlamento en Valparaíso.
