Preocupados están los habitantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, por los efectos que las represas tengan sobre la región.
En una asamblea ciudadana se reunieron las asociaciones de la sociedad civil y representantes de la zona, para analizar los problemas que hoy enfrentan ante las instalaciones hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de los poblados más habitados en la parte alta de la ribera del río Biobío.
En la actualidad son dos los embalses (Pangue – Ralco) que funcionan, un tercero (Angostura) que estaría a meses de entrar en operación, mientras otro (Remanso) estaría en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se descarta un quinto, por lo que en la región podrían quedar ubicados hasta cinco mega proyectos hidroeléctricos.
Las organizaciones plantean la inequidad en el sistema tarifario de la energía domiciliaria, la que denuncian es más cara que en zonas del norte del país. Argumentan que en la zona se producen mil 157 MW entre Pangue y Ralco lo que en los próximos días aumentará a mil 473 MW con la entrada en operación de Angostura, además de los problemas de seguridad de la zona.
Freddy Pérez, vocero de la organización Aguas Libres y representante ambientalista de las comunas afectadas por la política energética, insistió en el temor de los ciudadanos que viven entre grandes centrales mal construidas: “Estamos generando una propuesta que tiene que ver con el riesgo que significa vivir aguas abajo de estas centrales, con la pérdida de espacios naturales y el daño sicológico que significa vivir acá. Esperamos presentar estas propuestas en los próximos días”.
Si bien los vecinos son enfáticos en señalar que quieren regular las centrales existentes y detener los nuevos proyectos de este tipo, desde el municipio de Santa Bárbara insisten en que no se está en contra del desarrollo de las centrales, sino más bien se exigen mayores estándares de calificación.
Así lo señaló Viviana Pulgar, encargada de medio ambiente del municipio, quien indicó que “no queremos detener los proyectos, es parte del desarrollo económico no sólo de las comunas afectadas sino también del país. Queremos que se regule, y lo que más nos afecta son los temas económicos como la tarifa eléctrica y la inexistencia de un plan de evacuación en caso de que alguna de las centrales hidroeléctricas que están en el río Biobío colapsen”.
El secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, puso en antecedente los problemas de seguridad que ya han afectado a la zona por el desborde de centrales, además criticó la política energética a nivel país, donde se hace necesario un ordenamiento territorial en el marco de las políticas sectoriales.
“Es muy difícil para la gente del Biobío vivir con esas amenazas. Recordemos que en 2007 o 2008 hubo muertes al abrir las compuertas de los embalses. Se hacen las cosas mal, y se paga un costo muy alto para los habitantes, en beneficio del lucro del monopolio eléctrico para que entregue energía a la minería. Faltan acuerdos sociales y políticos para que los proyectos tengan consenso, y que se tomen los resguardos para evitar esos impactos ambientales y sociales”, indicó el dirigente.
En cuanto a los proyectos, los ciudadanos de la región del Biobío, vecinos de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, no descartan presentar un recurso de protección por la nula existencia de planes de evacuación y de emergencia en la zona.
Preocupados están los habitantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, por los efectos que las represas tengan sobre la región.
En una asamblea ciudadana se reunieron las asociaciones de la sociedad civil y representantes de la zona, para analizar los problemas que hoy enfrentan ante las instalaciones hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de los poblados más habitados en la parte alta de la ribera del río Biobío.
En la actualidad son dos los embalses (Pangue – Ralco) que funcionan, un tercero (Angostura) que estaría a meses de entrar en operación, mientras otro (Remanso) estaría en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se descarta un quinto, por lo que en la región podrían quedar ubicados hasta cinco mega proyectos hidroeléctricos.
Las organizaciones plantean la inequidad en el sistema tarifario de la energía domiciliaria, la que denuncian es más cara que en zonas del norte del país. Argumentan que en la zona se producen mil 157 MW entre Pangue y Ralco lo que en los próximos días aumentará a mil 473 MW con la entrada en operación de Angostura, además de los problemas de seguridad de la zona.
Freddy Pérez, vocero de la organización Aguas Libres y representante ambientalista de las comunas afectadas por la política energética, insistió en el temor de los ciudadanos que viven entre grandes centrales mal construidas: “Estamos generando una propuesta que tiene que ver con el riesgo que significa vivir aguas abajo de estas centrales, con la pérdida de espacios naturales y el daño sicológico que significa vivir acá. Esperamos presentar estas propuestas en los próximos días”.
Si bien los vecinos son enfáticos en señalar que quieren regular las centrales existentes y detener los nuevos proyectos de este tipo, desde el municipio de Santa Bárbara insisten en que no se está en contra del desarrollo de las centrales, sino más bien se exigen mayores estándares de calificación.
Así lo señaló Viviana Pulgar, encargada de medio ambiente del municipio, quien indicó que “no queremos detener los proyectos, es parte del desarrollo económico no sólo de las comunas afectadas sino también del país. Queremos que se regule, y lo que más nos afecta son los temas económicos como la tarifa eléctrica y la inexistencia de un plan de evacuación en caso de que alguna de las centrales hidroeléctricas que están en el río Biobío colapsen”.
El secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, puso en antecedente los problemas de seguridad que ya han afectado a la zona por el desborde de centrales, además criticó la política energética a nivel país, donde se hace necesario un ordenamiento territorial en el marco de las políticas sectoriales.
“Es muy difícil para la gente del Biobío vivir con esas amenazas. Recordemos que en 2007 o 2008 hubo muertes al abrir las compuertas de los embalses. Se hacen las cosas mal, y se paga un costo muy alto para los habitantes, en beneficio del lucro del monopolio eléctrico para que entregue energía a la minería. Faltan acuerdos sociales y políticos para que los proyectos tengan consenso, y que se tomen los resguardos para evitar esos impactos ambientales y sociales”, indicó el dirigente.
En cuanto a los proyectos, los ciudadanos de la región del Biobío, vecinos de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, no descartan presentar un recurso de protección por la nula existencia de planes de evacuación y de emergencia en la zona.
Preocupados están los habitantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, por los efectos que las represas tengan sobre la región.
En una asamblea ciudadana se reunieron las asociaciones de la sociedad civil y representantes de la zona, para analizar los problemas que hoy enfrentan ante las instalaciones hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de los poblados más habitados en la parte alta de la ribera del río Biobío.
En la actualidad son dos los embalses (Pangue – Ralco) que funcionan, un tercero (Angostura) que estaría a meses de entrar en operación, mientras otro (Remanso) estaría en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se descarta un quinto, por lo que en la región podrían quedar ubicados hasta cinco mega proyectos hidroeléctricos.
Las organizaciones plantean la inequidad en el sistema tarifario de la energía domiciliaria, la que denuncian es más cara que en zonas del norte del país. Argumentan que en la zona se producen mil 157 MW entre Pangue y Ralco lo que en los próximos días aumentará a mil 473 MW con la entrada en operación de Angostura, además de los problemas de seguridad de la zona.
Freddy Pérez, vocero de la organización Aguas Libres y representante ambientalista de las comunas afectadas por la política energética, insistió en el temor de los ciudadanos que viven entre grandes centrales mal construidas: “Estamos generando una propuesta que tiene que ver con el riesgo que significa vivir aguas abajo de estas centrales, con la pérdida de espacios naturales y el daño sicológico que significa vivir acá. Esperamos presentar estas propuestas en los próximos días”.
Si bien los vecinos son enfáticos en señalar que quieren regular las centrales existentes y detener los nuevos proyectos de este tipo, desde el municipio de Santa Bárbara insisten en que no se está en contra del desarrollo de las centrales, sino más bien se exigen mayores estándares de calificación.
Así lo señaló Viviana Pulgar, encargada de medio ambiente del municipio, quien indicó que “no queremos detener los proyectos, es parte del desarrollo económico no sólo de las comunas afectadas sino también del país. Queremos que se regule, y lo que más nos afecta son los temas económicos como la tarifa eléctrica y la inexistencia de un plan de evacuación en caso de que alguna de las centrales hidroeléctricas que están en el río Biobío colapsen”.
El secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, puso en antecedente los problemas de seguridad que ya han afectado a la zona por el desborde de centrales, además criticó la política energética a nivel país, donde se hace necesario un ordenamiento territorial en el marco de las políticas sectoriales.
“Es muy difícil para la gente del Biobío vivir con esas amenazas. Recordemos que en 2007 o 2008 hubo muertes al abrir las compuertas de los embalses. Se hacen las cosas mal, y se paga un costo muy alto para los habitantes, en beneficio del lucro del monopolio eléctrico para que entregue energía a la minería. Faltan acuerdos sociales y políticos para que los proyectos tengan consenso, y que se tomen los resguardos para evitar esos impactos ambientales y sociales”, indicó el dirigente.
En cuanto a los proyectos, los ciudadanos de la región del Biobío, vecinos de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, no descartan presentar un recurso de protección por la nula existencia de planes de evacuación y de emergencia en la zona.
