La Corte Suprema resolvió la baja del carabinero Patricio Jara Muñoz, quien dio muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío lo que le significó, además, tres años de pena remitida.
Esto, luego de que la justicia recordara que la pérdida del estado militar y la consecuente suspensión del cargo son siempre permanentes e imprescriptibles, de acuerdo al código de la justicia marcial.
El abogado de la familia Mendoza Collío, Lorenzo Morales, junto con pedir a Carabineros hacer esta baja efectiva a la brevedad, explicó los artículos de la Justicia Militar que hicieron posible la determinación.
“Lo que obviaba, de alguna manera, lo recurrente era que el código de justicia militar el año 80 fue reformado y justo con los artículos pertinentes donde aparece la pérdida del Estado militar, se incorporan los incisos finales del 219 y el 227, donde aparece zanjado el tema y la Corte Suprema, por primera vez en un caso donde termina la vida con un mapuche, porque en los dos anteriores no lo había hecho, se impone esta pena accesoria que se llama la pérdida del Estado militar”, explicó.
La defensa se había incorporado a fines de agosto a esta discusión con un “téngase presente” en que se daba a entender que el Código es claro al respecto.
Las penas ya establecidas son las que se pueden acceder a través de la Justicia Militar, lo que para Morales es lamentable, ya que también en otros casos, este código impide que los civiles encuentren respuestas por parte de las instituciones.
“También la Corte Suprema quiere que no se aplique más a los civiles, porque es una cuestión que ya es constante y no solamente al pueblo mapuche, sino en el caso de las personas que perdieron la vida en Juan Fernández, la corte marcial aplica una medida estándar de dejar siempre sin efecto todos los apremios contra uniformados. Entonces, cuando un civil se acerca a la justicia militar no encuentra las respuestas de esa justicia y en realidad se hace inocuo para las personas que no somos militares”, afirma.
La defensa pretende continuar en la justicia civil donde comenzará una petición indemnizatoria, en la que al estar involucrado un agente estatal, será el Consejo de Defensa del Estado quien lo represente.
El director del Obsevatorio Ciudadano, José Aylwin, coincidió en las críticas a la Justicia Militar, lo que a su juicio da cuenta de falta de imparcialidad.
“No es primera vez que Carabineros es condenado. Sin embargo, la policía ha tenido la actitud de encubrir ese tipo de delitos en contra de personas mapuches, en este caso de Mendoza Collío, por un fallo que fue revertido por la Corte Suprema. En primer lugar, da cuenta de una cuestión que ha sido subrayada por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que es la falta de imparcialidad de la justicia militar”, asegura.
Aylwin agregó que, pese a que la noticia es positiva, se debe contextualizar a una situación de “evidente impunidad”.
En cuanto a perseverar en la justicia civil, el director del Observatorio dijo que no permitirá a acceder a la pena que merece un delito de esta naturaleza.
La Corte Suprema resolvió la baja del carabinero Patricio Jara Muñoz, quien dio muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío lo que le significó, además, tres años de pena remitida.
Esto, luego de que la justicia recordara que la pérdida del estado militar y la consecuente suspensión del cargo son siempre permanentes e imprescriptibles, de acuerdo al código de la justicia marcial.
El abogado de la familia Mendoza Collío, Lorenzo Morales, junto con pedir a Carabineros hacer esta baja efectiva a la brevedad, explicó los artículos de la Justicia Militar que hicieron posible la determinación.
“Lo que obviaba, de alguna manera, lo recurrente era que el código de justicia militar el año 80 fue reformado y justo con los artículos pertinentes donde aparece la pérdida del Estado militar, se incorporan los incisos finales del 219 y el 227, donde aparece zanjado el tema y la Corte Suprema, por primera vez en un caso donde termina la vida con un mapuche, porque en los dos anteriores no lo había hecho, se impone esta pena accesoria que se llama la pérdida del Estado militar”, explicó.
La defensa se había incorporado a fines de agosto a esta discusión con un “téngase presente” en que se daba a entender que el Código es claro al respecto.
Las penas ya establecidas son las que se pueden acceder a través de la Justicia Militar, lo que para Morales es lamentable, ya que también en otros casos, este código impide que los civiles encuentren respuestas por parte de las instituciones.
“También la Corte Suprema quiere que no se aplique más a los civiles, porque es una cuestión que ya es constante y no solamente al pueblo mapuche, sino en el caso de las personas que perdieron la vida en Juan Fernández, la corte marcial aplica una medida estándar de dejar siempre sin efecto todos los apremios contra uniformados. Entonces, cuando un civil se acerca a la justicia militar no encuentra las respuestas de esa justicia y en realidad se hace inocuo para las personas que no somos militares”, afirma.
La defensa pretende continuar en la justicia civil donde comenzará una petición indemnizatoria, en la que al estar involucrado un agente estatal, será el Consejo de Defensa del Estado quien lo represente.
El director del Obsevatorio Ciudadano, José Aylwin, coincidió en las críticas a la Justicia Militar, lo que a su juicio da cuenta de falta de imparcialidad.
“No es primera vez que Carabineros es condenado. Sin embargo, la policía ha tenido la actitud de encubrir ese tipo de delitos en contra de personas mapuches, en este caso de Mendoza Collío, por un fallo que fue revertido por la Corte Suprema. En primer lugar, da cuenta de una cuestión que ha sido subrayada por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que es la falta de imparcialidad de la justicia militar”, asegura.
Aylwin agregó que, pese a que la noticia es positiva, se debe contextualizar a una situación de “evidente impunidad”.
En cuanto a perseverar en la justicia civil, el director del Observatorio dijo que no permitirá a acceder a la pena que merece un delito de esta naturaleza.
La Corte Suprema resolvió la baja del carabinero Patricio Jara Muñoz, quien dio muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío lo que le significó, además, tres años de pena remitida.
Esto, luego de que la justicia recordara que la pérdida del estado militar y la consecuente suspensión del cargo son siempre permanentes e imprescriptibles, de acuerdo al código de la justicia marcial.
El abogado de la familia Mendoza Collío, Lorenzo Morales, junto con pedir a Carabineros hacer esta baja efectiva a la brevedad, explicó los artículos de la Justicia Militar que hicieron posible la determinación.
“Lo que obviaba, de alguna manera, lo recurrente era que el código de justicia militar el año 80 fue reformado y justo con los artículos pertinentes donde aparece la pérdida del Estado militar, se incorporan los incisos finales del 219 y el 227, donde aparece zanjado el tema y la Corte Suprema, por primera vez en un caso donde termina la vida con un mapuche, porque en los dos anteriores no lo había hecho, se impone esta pena accesoria que se llama la pérdida del Estado militar”, explicó.
La defensa se había incorporado a fines de agosto a esta discusión con un “téngase presente” en que se daba a entender que el Código es claro al respecto.
Las penas ya establecidas son las que se pueden acceder a través de la Justicia Militar, lo que para Morales es lamentable, ya que también en otros casos, este código impide que los civiles encuentren respuestas por parte de las instituciones.
“También la Corte Suprema quiere que no se aplique más a los civiles, porque es una cuestión que ya es constante y no solamente al pueblo mapuche, sino en el caso de las personas que perdieron la vida en Juan Fernández, la corte marcial aplica una medida estándar de dejar siempre sin efecto todos los apremios contra uniformados. Entonces, cuando un civil se acerca a la justicia militar no encuentra las respuestas de esa justicia y en realidad se hace inocuo para las personas que no somos militares”, afirma.
La defensa pretende continuar en la justicia civil donde comenzará una petición indemnizatoria, en la que al estar involucrado un agente estatal, será el Consejo de Defensa del Estado quien lo represente.
El director del Obsevatorio Ciudadano, José Aylwin, coincidió en las críticas a la Justicia Militar, lo que a su juicio da cuenta de falta de imparcialidad.
“No es primera vez que Carabineros es condenado. Sin embargo, la policía ha tenido la actitud de encubrir ese tipo de delitos en contra de personas mapuches, en este caso de Mendoza Collío, por un fallo que fue revertido por la Corte Suprema. En primer lugar, da cuenta de una cuestión que ha sido subrayada por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que es la falta de imparcialidad de la justicia militar”, asegura.
Aylwin agregó que, pese a que la noticia es positiva, se debe contextualizar a una situación de “evidente impunidad”.
En cuanto a perseverar en la justicia civil, el director del Observatorio dijo que no permitirá a acceder a la pena que merece un delito de esta naturaleza.
