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Año XIV, 20 de enero de 2022

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Decreto Ley de Amnistía: El escollo de la dictadura para obtener justicia

Distintas agrupaciones se sumaron al llamado de algunos diputados opositores, quienes solicitaron ayer al Gobierno que indique “suma urgencia” a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, que deja sin sanción las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1978. Analistas destacan que su vigencia evidencia un retraso a nivel político y judicial, entre otras herramientas que impiden un juicio a los responsables.

Juan San Cristóbal

  Jueves 12 de septiembre 2013 20:34 hrs. 
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Durante los primeros diez años de la dictadura, ante la justicia se presentaron más de cinco mil 400 recursos de amparo de personas perseguidas por organismos de Estado. De ellos, sólo diez fueron cursados por el Poder Judicial, estas omisiones fueron calificadas como “sentencia de muerte” por los abogados, sumado a la Ley de Amnistía, que luego dejó sin sanción los crímenes cometidos hasta 1978 por las Fuerzas de Orden en el país.

Ante ello, cuatro diputados de partidos de oposición solicitaron nuevamente al Ejecutivo que sume urgencia a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, siendo Chile un caso excepcional donde son pocos los violadores a los derechos humanos que terminaron en la cárcel.

La abogada Carmen Hertz destacó que estos crímenes han sido castigados en todo el mundo, en casos como el Holocausto alemán, o bien en Argentina, donde el Parlamento derogó la Amnistía. La detención de Pinochet en Londres ejemplifica que la jurisdicción universal no permite que estos delitos de lesa humanidad queden sin sanción.

“Este tipo de crímenes no son susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción, no tienen perdón ni olvido. Deben ser castigados por el estado donde se cometieron, y perseguibles en todo el mundo, sujetos a la jurisdicción universal”, indicó.

A juicio de Carmen Hertz, son varios los informes internacionales que exigen al Estado de Chile a cumplir con compromisos a nivel global, por lo que se expone incluso a un juicio en caso de no garantizar el acceso a un juicio justo: “Debe ser anulada, es un deber que Chile tiene ante la comunidad internacional, hay decenas de informes de la CIDH a que este decreto ley no puede ser parte de la normativa de orden interno, porque nos estamos transformando en un estado que no cumple sus compromisos internacionales”.

El diputado Tucapel Jiménez, uno de los firmantes en la petición parlamentaria, destaca que el Decreto Ley de Amnistía es el escollo para obtener justicia, y con ello avanzar a la reconciliación.

Por su parte, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, recalcó que ninguno de los cinco gobiernos posteriores a 1990 ha mostrado voluntad desde La Moneda para esta derogación.

La dirigente indicó que “ningún gobierno se ha enfrentado a resolver la anulación de este decreto ley. Más bien, se ha eludido la responsabilidad política ante un decreto cuyo fin era que los violadores a los DDHH fueran liberados de responsabilidades penales”.

En esta línea, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advierte que la amnistía es uno de varios instrumentos que permiten una evasión a nivel judicial, de las condenas que recaen sobre militares enjuiciados: “Son más de mil causas judiciales, las que terminan tienen condena, pero esas personas no llegan a la cárcel. Eso es resultado no sólo de la amnistía, se utilizan otros elementos como la prescripción gradual, que permiten que las penas sean muy bajas o someterse a un cumplimiento alternativo”.

Los entrevistados destacan distintos casos sin avance por la amnistía, tal como los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte, en algunos casos con hasta 15 años de tramitación, lo que devela un nulo interés por indagaciones.

Otro caso emblemático es el homicidio de Carmelo Soria, en 1976, amnistiado en 1996 y que tuvo que retomar las diligencias por pedido de organismos internacionales, además de obligar al Estado a indemnizar a la familia. Justamente, el juez Lamberto Cisternas pidió localizar y citar a los ex agentes José Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Bernardino Ferrada Retamales y Juan Barría por supuesta implicación en este crimen. Tal como señalaba Ana Piquer, a esto se suma que a 40 años del Golpe Militar, aun son miles las causas que se mantienen en tribunales.