Si bien la ministra del Medioambiente había señalado hace unos días que la revisión de las distintas reclamaciones del proyecto HidroAysén iban bastante avanzadas, el Gobierno decidió posponer la votación del Consejo de Ministros para después de las elecciones para impedir que se politizara una medida de carácter técnico y porque aún faltarían algunas materias complejas por revisar.
Cabe señalar que HidroAysén tiene más de mil observaciones, que fueron presentadas por sus opositores y la propia empresa, y que el análisis de éstas se ha extendido por cerca de dos años, cuando la ley establece un plazo de 60 días. Este retraso ha generado molestia en las firmas controladoras, Endesa y Colbún, quienes han solicitado a las autoridades revisar lo antes posible las observaciones para seguir adelante con las centrales. La ministra María Ignacia Benítez se refirió al desarrollo del proceso y los plazos estipulados.
Respecto del proceso de revisión de las reclamaciones al proyecto, la titular de Medio Ambiente señaló que “está en evaluación todavía, hay temas técnicos por resolver que es lo que se está resolviendo en estos momentos. Los plazos que establece la Ley de Medioambiente no son fatales para la administración, por lo tanto, dependiendo del proyecto, de la complejidad del mismo, de la complejidad de las observaciones que se hayan recibido y de los requerimientos debe tomar el tiempo que corresponda evaluarlo”.
Desde el mundo político, parlamentarios de la Alianza dieron su respaldo a la autoridad. El diputado UDI y líder del gremialismo, Patricio Melero, en conversación con nuestra emisora afirmó que estimaba la carta como una medida de prudencia política. “Son decisiones técnicas que deben regirse más por ese tipo de parámetros, lo que no es dilatarla, sino verla en la mejor de las oportunidades”, afirmó.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, indicó que la tramitación de HidroAysén siempre ha estado cruzada por criterios políticos y advirtió que lo que aquí se busca es liberar a la candidata oficialista del peso de una eventual luz verde al polémico proyecto.
En esa línea, el parlamentario del MAS indicó que “el argumento de la autoridad es absurdo, retrasan la revisión para no politizarlo, esa decisión es intensa y extremadamente política, al no realizarlo ahora se busca evitar costos políticos y por tanto se ha politizado desde el inicio. Todo el proceso de HidroAysén ha estado profundamente politizado porque los gobiernos han ido interviniendo para proteger y hacer avanzar ese proyecto y en época de elecciones nadie quiere cargar el muerto”.
Por otro lado, los ambientalistas manifestaron inquietud frente a la noticia y reafirmaron que el Consejo de Ministros es una autoridad política, no técnica, al estar compuesta, además de la titular de Medio Ambiente, por los jefes de Energía, Minería, Agricultura, Salud y Economía. En ese sentido afirmaron que “no importan los tiempos”.
Así lo indicó Patricio Segura, representante del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena: “Sea hoy, sea mañana, sea en noviembre, sea después de marzo, para quienes sabemos que este proyecto es nefasto para los ecosistemas de la Patagonia, para las comunidades de Aysén, incluso para el Sistema Nacional Eléctrico, las reclamaciones siguen vigentes e independiente del proyecto, nosotros vamos a recurrir a instancias pertinentes que pueden ser los tribunales ambientales, que pueden ser las cortes nacionales a través de recursos de protección, que pueden ser las presentaciones administrativas e incluso las cortes internacionales”.
Entre las reclamaciones están temas que han generado debate en la comisión como la exigencia de reducir el valor de las cuentas de luz a los ayseninos o la tala de árboles cerca de los ríos Baker y Pascua. A esto se suman otros asuntos relevantes como la eventual inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael, el impacto a los glaciares de río, a especies protegidas como el Huemul y el ecosistema patagónico en general que dejaría la construcción de estas siete centrales.
De acuerdo a lo informado por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, los equipos técnicos han revisado gran parte de las reclamaciones, pero aún no se ha decidido la fecha para que sesione.
El Comité de Ministros tiene la obligación de revisar las reclamaciones en un período máximo de 60 días desde que fueron ingresadas las observaciones, sin embargo, en este caso han transcurrido cerca de dos años sin una decisión.
Si bien la ministra del Medioambiente había señalado hace unos días que la revisión de las distintas reclamaciones del proyecto HidroAysén iban bastante avanzadas, el Gobierno decidió posponer la votación del Consejo de Ministros para después de las elecciones para impedir que se politizara una medida de carácter técnico y porque aún faltarían algunas materias complejas por revisar.
Cabe señalar que HidroAysén tiene más de mil observaciones, que fueron presentadas por sus opositores y la propia empresa, y que el análisis de éstas se ha extendido por cerca de dos años, cuando la ley establece un plazo de 60 días. Este retraso ha generado molestia en las firmas controladoras, Endesa y Colbún, quienes han solicitado a las autoridades revisar lo antes posible las observaciones para seguir adelante con las centrales. La ministra María Ignacia Benítez se refirió al desarrollo del proceso y los plazos estipulados.
Respecto del proceso de revisión de las reclamaciones al proyecto, la titular de Medio Ambiente señaló que “está en evaluación todavía, hay temas técnicos por resolver que es lo que se está resolviendo en estos momentos. Los plazos que establece la Ley de Medioambiente no son fatales para la administración, por lo tanto, dependiendo del proyecto, de la complejidad del mismo, de la complejidad de las observaciones que se hayan recibido y de los requerimientos debe tomar el tiempo que corresponda evaluarlo”.
Desde el mundo político, parlamentarios de la Alianza dieron su respaldo a la autoridad. El diputado UDI y líder del gremialismo, Patricio Melero, en conversación con nuestra emisora afirmó que estimaba la carta como una medida de prudencia política. “Son decisiones técnicas que deben regirse más por ese tipo de parámetros, lo que no es dilatarla, sino verla en la mejor de las oportunidades”, afirmó.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, indicó que la tramitación de HidroAysén siempre ha estado cruzada por criterios políticos y advirtió que lo que aquí se busca es liberar a la candidata oficialista del peso de una eventual luz verde al polémico proyecto.
En esa línea, el parlamentario del MAS indicó que “el argumento de la autoridad es absurdo, retrasan la revisión para no politizarlo, esa decisión es intensa y extremadamente política, al no realizarlo ahora se busca evitar costos políticos y por tanto se ha politizado desde el inicio. Todo el proceso de HidroAysén ha estado profundamente politizado porque los gobiernos han ido interviniendo para proteger y hacer avanzar ese proyecto y en época de elecciones nadie quiere cargar el muerto”.
Por otro lado, los ambientalistas manifestaron inquietud frente a la noticia y reafirmaron que el Consejo de Ministros es una autoridad política, no técnica, al estar compuesta, además de la titular de Medio Ambiente, por los jefes de Energía, Minería, Agricultura, Salud y Economía. En ese sentido afirmaron que “no importan los tiempos”.
Así lo indicó Patricio Segura, representante del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena: “Sea hoy, sea mañana, sea en noviembre, sea después de marzo, para quienes sabemos que este proyecto es nefasto para los ecosistemas de la Patagonia, para las comunidades de Aysén, incluso para el Sistema Nacional Eléctrico, las reclamaciones siguen vigentes e independiente del proyecto, nosotros vamos a recurrir a instancias pertinentes que pueden ser los tribunales ambientales, que pueden ser las cortes nacionales a través de recursos de protección, que pueden ser las presentaciones administrativas e incluso las cortes internacionales”.
Entre las reclamaciones están temas que han generado debate en la comisión como la exigencia de reducir el valor de las cuentas de luz a los ayseninos o la tala de árboles cerca de los ríos Baker y Pascua. A esto se suman otros asuntos relevantes como la eventual inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael, el impacto a los glaciares de río, a especies protegidas como el Huemul y el ecosistema patagónico en general que dejaría la construcción de estas siete centrales.
De acuerdo a lo informado por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, los equipos técnicos han revisado gran parte de las reclamaciones, pero aún no se ha decidido la fecha para que sesione.
El Comité de Ministros tiene la obligación de revisar las reclamaciones en un período máximo de 60 días desde que fueron ingresadas las observaciones, sin embargo, en este caso han transcurrido cerca de dos años sin una decisión.
Si bien la ministra del Medioambiente había señalado hace unos días que la revisión de las distintas reclamaciones del proyecto HidroAysén iban bastante avanzadas, el Gobierno decidió posponer la votación del Consejo de Ministros para después de las elecciones para impedir que se politizara una medida de carácter técnico y porque aún faltarían algunas materias complejas por revisar.
Cabe señalar que HidroAysén tiene más de mil observaciones, que fueron presentadas por sus opositores y la propia empresa, y que el análisis de éstas se ha extendido por cerca de dos años, cuando la ley establece un plazo de 60 días. Este retraso ha generado molestia en las firmas controladoras, Endesa y Colbún, quienes han solicitado a las autoridades revisar lo antes posible las observaciones para seguir adelante con las centrales. La ministra María Ignacia Benítez se refirió al desarrollo del proceso y los plazos estipulados.
Respecto del proceso de revisión de las reclamaciones al proyecto, la titular de Medio Ambiente señaló que “está en evaluación todavía, hay temas técnicos por resolver que es lo que se está resolviendo en estos momentos. Los plazos que establece la Ley de Medioambiente no son fatales para la administración, por lo tanto, dependiendo del proyecto, de la complejidad del mismo, de la complejidad de las observaciones que se hayan recibido y de los requerimientos debe tomar el tiempo que corresponda evaluarlo”.
Desde el mundo político, parlamentarios de la Alianza dieron su respaldo a la autoridad. El diputado UDI y líder del gremialismo, Patricio Melero, en conversación con nuestra emisora afirmó que estimaba la carta como una medida de prudencia política. “Son decisiones técnicas que deben regirse más por ese tipo de parámetros, lo que no es dilatarla, sino verla en la mejor de las oportunidades”, afirmó.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, indicó que la tramitación de HidroAysén siempre ha estado cruzada por criterios políticos y advirtió que lo que aquí se busca es liberar a la candidata oficialista del peso de una eventual luz verde al polémico proyecto.
En esa línea, el parlamentario del MAS indicó que “el argumento de la autoridad es absurdo, retrasan la revisión para no politizarlo, esa decisión es intensa y extremadamente política, al no realizarlo ahora se busca evitar costos políticos y por tanto se ha politizado desde el inicio. Todo el proceso de HidroAysén ha estado profundamente politizado porque los gobiernos han ido interviniendo para proteger y hacer avanzar ese proyecto y en época de elecciones nadie quiere cargar el muerto”.
Por otro lado, los ambientalistas manifestaron inquietud frente a la noticia y reafirmaron que el Consejo de Ministros es una autoridad política, no técnica, al estar compuesta, además de la titular de Medio Ambiente, por los jefes de Energía, Minería, Agricultura, Salud y Economía. En ese sentido afirmaron que “no importan los tiempos”.
Así lo indicó Patricio Segura, representante del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena: “Sea hoy, sea mañana, sea en noviembre, sea después de marzo, para quienes sabemos que este proyecto es nefasto para los ecosistemas de la Patagonia, para las comunidades de Aysén, incluso para el Sistema Nacional Eléctrico, las reclamaciones siguen vigentes e independiente del proyecto, nosotros vamos a recurrir a instancias pertinentes que pueden ser los tribunales ambientales, que pueden ser las cortes nacionales a través de recursos de protección, que pueden ser las presentaciones administrativas e incluso las cortes internacionales”.
Entre las reclamaciones están temas que han generado debate en la comisión como la exigencia de reducir el valor de las cuentas de luz a los ayseninos o la tala de árboles cerca de los ríos Baker y Pascua. A esto se suman otros asuntos relevantes como la eventual inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael, el impacto a los glaciares de río, a especies protegidas como el Huemul y el ecosistema patagónico en general que dejaría la construcción de estas siete centrales.
De acuerdo a lo informado por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, los equipos técnicos han revisado gran parte de las reclamaciones, pero aún no se ha decidido la fecha para que sesione.
El Comité de Ministros tiene la obligación de revisar las reclamaciones en un período máximo de 60 días desde que fueron ingresadas las observaciones, sin embargo, en este caso han transcurrido cerca de dos años sin una decisión.
