“No es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de Parques Nacionales”, señala el pronunciamiento del Contralor, Ramiro Mendoza, y añade que ésta medida está en línea con la Convención de Washington, “en virtud de la cual nuestro país se obligó a no explotar las riquezas existentes en esa categoría de protección con fines comerciales”.
Con esto se cierra la puerta a los salmonicultores en la región de Magallanes, que junto con Aysén, eran las áreas elegidas para la proyección de la Industria, que habría realizado la solicitud de más de cien concesiones en la zona. Incluso, José Miguel Burgos, jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, manifestó al Diario Financiero la intención de entregar cerca de 130 este año.
El sector privado aduce que esta medida limita el crecimiento acuícola a futuro y afecta incluso a los pescadores artesanales. Sobre esto se refirió Cosme Caracciolo uno de los voceros del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero y pescador artesanal.
En este sentido, el dirigente de un sector de los pescadores artesanales indicó que “los efectos del cierre de esta zona sobre la Pesca Artesanal son positivos porque cuando no hay explotación pesquera permite la recuperación de las especies pesqueras que son objeto de captura por la Pesca Artesanal. Nosotros dependemos de las especies pesqueras, dependemos de que ellos existan, no así la gran industria pesquera, porque los empresarios lo que hacen es explotar hasta el máximo, hasta no dejar un pez en el agua para producir capital e invertir en otra área de la producción”.
Entre los argumentos de los empresarios destaca también que es necesario extender las concesiones para evitar hacinamiento, que implica un mayor riesgo sanitario. Tampoco coincidió con esta visión el coordinador de la sede sur del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (Olach), Patricio Peñaloza.
En esa línea, el experto del Observatorio de Chiloé señaló que “la industria siempre ha tenido una idea muy incorporada de que el crecimiento está ligado a la sustentabilidad o al desarrollo de este proceso productivo y eso significa la cantidad de concesiones que han pedido las regiones de Aysén y Magallanes, pero la verdad que esto no es tan así porque tiene que ver con el manejo sanitario que tengan los centros, de los volúmenes y con la calidad de los peces, a disminuir la mortalidad en los centros”.
Con este dictamen, la Contraloría reafirmó la posición de Conaf, organismo que aún mantiene la administración y supervisión de este tipo de áreas, ya que aún no se ha creado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto de ley está en pleno trámite en el Congreso Nacional.
Además, en la resolución se incorporan las disposiciones de diversas normativas y leyes, como los Tratados Internacionales que buscan la conservación del ecosistema en los distintos espacios protegidos, tema al que también se refirió el especialista.
En esa perspectiva, Patricio Peñaloza explicó que “el Contralor cuando emite esta reglamentación es porque efectivamente incorpora eso, es decir, la idea de un parque nacional en la protección de un sistema completo, la incorporación de una industria productiva, como la industria salmonera, que son especies exóticas, efectivamente afecta el sistema”.
Cabe señalar que diversos gremios y organizaciones han mostrado su preocupación sobre la situación sanitaria del salmón y los riesgos de que esta se extienda. Incluso, en conversación con nuestra emisora, Héctor Kol, biólogo marino de la Universidad de Chile e investigador acuícola de la Fundación Parque Pumalín sostuvo que una expansión de la magnitud que proyecta la industria podría desestabilizar aún más el precario equilibro sanitario en el rubro.
“No es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de Parques Nacionales”, señala el pronunciamiento del Contralor, Ramiro Mendoza, y añade que ésta medida está en línea con la Convención de Washington, “en virtud de la cual nuestro país se obligó a no explotar las riquezas existentes en esa categoría de protección con fines comerciales”.
Con esto se cierra la puerta a los salmonicultores en la región de Magallanes, que junto con Aysén, eran las áreas elegidas para la proyección de la Industria, que habría realizado la solicitud de más de cien concesiones en la zona. Incluso, José Miguel Burgos, jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, manifestó al Diario Financiero la intención de entregar cerca de 130 este año.
El sector privado aduce que esta medida limita el crecimiento acuícola a futuro y afecta incluso a los pescadores artesanales. Sobre esto se refirió Cosme Caracciolo uno de los voceros del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero y pescador artesanal.
En este sentido, el dirigente de un sector de los pescadores artesanales indicó que “los efectos del cierre de esta zona sobre la Pesca Artesanal son positivos porque cuando no hay explotación pesquera permite la recuperación de las especies pesqueras que son objeto de captura por la Pesca Artesanal. Nosotros dependemos de las especies pesqueras, dependemos de que ellos existan, no así la gran industria pesquera, porque los empresarios lo que hacen es explotar hasta el máximo, hasta no dejar un pez en el agua para producir capital e invertir en otra área de la producción”.
Entre los argumentos de los empresarios destaca también que es necesario extender las concesiones para evitar hacinamiento, que implica un mayor riesgo sanitario. Tampoco coincidió con esta visión el coordinador de la sede sur del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (Olach), Patricio Peñaloza.
En esa línea, el experto del Observatorio de Chiloé señaló que “la industria siempre ha tenido una idea muy incorporada de que el crecimiento está ligado a la sustentabilidad o al desarrollo de este proceso productivo y eso significa la cantidad de concesiones que han pedido las regiones de Aysén y Magallanes, pero la verdad que esto no es tan así porque tiene que ver con el manejo sanitario que tengan los centros, de los volúmenes y con la calidad de los peces, a disminuir la mortalidad en los centros”.
Con este dictamen, la Contraloría reafirmó la posición de Conaf, organismo que aún mantiene la administración y supervisión de este tipo de áreas, ya que aún no se ha creado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto de ley está en pleno trámite en el Congreso Nacional.
Además, en la resolución se incorporan las disposiciones de diversas normativas y leyes, como los Tratados Internacionales que buscan la conservación del ecosistema en los distintos espacios protegidos, tema al que también se refirió el especialista.
En esa perspectiva, Patricio Peñaloza explicó que “el Contralor cuando emite esta reglamentación es porque efectivamente incorpora eso, es decir, la idea de un parque nacional en la protección de un sistema completo, la incorporación de una industria productiva, como la industria salmonera, que son especies exóticas, efectivamente afecta el sistema”.
Cabe señalar que diversos gremios y organizaciones han mostrado su preocupación sobre la situación sanitaria del salmón y los riesgos de que esta se extienda. Incluso, en conversación con nuestra emisora, Héctor Kol, biólogo marino de la Universidad de Chile e investigador acuícola de la Fundación Parque Pumalín sostuvo que una expansión de la magnitud que proyecta la industria podría desestabilizar aún más el precario equilibro sanitario en el rubro.
“No es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de Parques Nacionales”, señala el pronunciamiento del Contralor, Ramiro Mendoza, y añade que ésta medida está en línea con la Convención de Washington, “en virtud de la cual nuestro país se obligó a no explotar las riquezas existentes en esa categoría de protección con fines comerciales”.
Con esto se cierra la puerta a los salmonicultores en la región de Magallanes, que junto con Aysén, eran las áreas elegidas para la proyección de la Industria, que habría realizado la solicitud de más de cien concesiones en la zona. Incluso, José Miguel Burgos, jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, manifestó al Diario Financiero la intención de entregar cerca de 130 este año.
El sector privado aduce que esta medida limita el crecimiento acuícola a futuro y afecta incluso a los pescadores artesanales. Sobre esto se refirió Cosme Caracciolo uno de los voceros del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero y pescador artesanal.
En este sentido, el dirigente de un sector de los pescadores artesanales indicó que “los efectos del cierre de esta zona sobre la Pesca Artesanal son positivos porque cuando no hay explotación pesquera permite la recuperación de las especies pesqueras que son objeto de captura por la Pesca Artesanal. Nosotros dependemos de las especies pesqueras, dependemos de que ellos existan, no así la gran industria pesquera, porque los empresarios lo que hacen es explotar hasta el máximo, hasta no dejar un pez en el agua para producir capital e invertir en otra área de la producción”.
Entre los argumentos de los empresarios destaca también que es necesario extender las concesiones para evitar hacinamiento, que implica un mayor riesgo sanitario. Tampoco coincidió con esta visión el coordinador de la sede sur del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (Olach), Patricio Peñaloza.
En esa línea, el experto del Observatorio de Chiloé señaló que “la industria siempre ha tenido una idea muy incorporada de que el crecimiento está ligado a la sustentabilidad o al desarrollo de este proceso productivo y eso significa la cantidad de concesiones que han pedido las regiones de Aysén y Magallanes, pero la verdad que esto no es tan así porque tiene que ver con el manejo sanitario que tengan los centros, de los volúmenes y con la calidad de los peces, a disminuir la mortalidad en los centros”.
Con este dictamen, la Contraloría reafirmó la posición de Conaf, organismo que aún mantiene la administración y supervisión de este tipo de áreas, ya que aún no se ha creado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto de ley está en pleno trámite en el Congreso Nacional.
Además, en la resolución se incorporan las disposiciones de diversas normativas y leyes, como los Tratados Internacionales que buscan la conservación del ecosistema en los distintos espacios protegidos, tema al que también se refirió el especialista.
En esa perspectiva, Patricio Peñaloza explicó que “el Contralor cuando emite esta reglamentación es porque efectivamente incorpora eso, es decir, la idea de un parque nacional en la protección de un sistema completo, la incorporación de una industria productiva, como la industria salmonera, que son especies exóticas, efectivamente afecta el sistema”.
Cabe señalar que diversos gremios y organizaciones han mostrado su preocupación sobre la situación sanitaria del salmón y los riesgos de que esta se extienda. Incluso, en conversación con nuestra emisora, Héctor Kol, biólogo marino de la Universidad de Chile e investigador acuícola de la Fundación Parque Pumalín sostuvo que una expansión de la magnitud que proyecta la industria podría desestabilizar aún más el precario equilibro sanitario en el rubro.
