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Año XII, 27 de septiembre de 2020

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Proyecto legal busca indemnizar a víctimas de minas antipersonales

El Ministerio de Defensa ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre reparación económica para víctimas de explosión de minas antipersonal u otros artefactos explosivos militares que están abandonados en al menos 6 regiones de Chile. Ante la falta de transparencia sobre el proceso de desminado denunciada por organizaciones ciudadanas que realizan seguimiento a este tema, el Ejército defendió que las instituciones castrenses se autocertifiquen en esta labor, porque “la mayor capacitación y calificación las tienen las Fuerzas Armadas”.

Helmuth Huerta

  Miércoles 25 de septiembre 2013 12:43 hrs. 
Minas





900 unidades de fomento (UF), equivalentes a unos 21 millones de pesos, recibirían los herederos directos de una víctima fallecida y las personas que queden con 67% de discapacidad (o sea, que no puedan trabajar) a causa del estallido de una mina antipersonal. Si tienen hasta 66% de discapacidad, entonces recibirían 660 UF (unos 15 millones de pesos).

Otros beneficios como derecho a prótesis, reembolso de gastos médicos y cuota mortuoria también están contenidos en el proyecto legal de reparación presentado al Congreso por el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter: “Este proyecto tiene un costo inicial de aproximadamente 2 mil millones de pesos, ingresó a trámite legislativo la semana pasada, y ahora, después de reunirnos con los afectados y sus los familiares, vamos a reunirnos con las comisiones de Defensa y de Derechos Humanos del Congreso, eso va a pasar la próxima semana cuando haya funcionamiento de las cámaras, y ojalá podamos llegar a un acuerdo transversal para que demos tramitación inmediata a este proyecto de ley y también lo podamos aprobar a más tardar en diciembre”, dijo la autoridad luego de reunirse en el Ministerio de Defensa, en Santiago, con 20 afectados por minas antipersonal y antitanques, como se ve en la fotografía.

Desde 1970 a la fecha han muerto 28 personas y 112 han sobrevivientes. Son mayoritariamente civiles inocentes, como Víctor Varas, quien quedó con discapacidad visual a causa de la mina que detonó cuando tenía 3 años “Yo quedé ciego en Los Ángeles el año 1959, perdí a mi padre, mi madre era muy joven, tenía 19 años. Para mí es un sueño que le estén dando prioridad a esto, y ahora depende del Gobierno y de nuestros parlamentarios que este proyecto se tramite con urgencia”, dijo el sobreviviente.

Faltas a la transparencia por parte de las Fuerzas Armadas

Respecto del proyecto legal, el Centro Zona Minada, organización no gubernamental que realiza seguimiento a este tema, agradeció el proyecto a través de su director, Elir Rojas, pero cuestionó las limitaciones de la propuesta y la falta de participación en el mismo: No participamos en el diseño de este proyecto, lo cual nos hubiera gustado como ciudadanía organizada respecto de este tema, porque de ese modo hubiéramos tenido un proyecto muchísimo mejor. Hemos manifestado al menos tres situaciones que faltan en este proyecto de ley. La pensión vitalicia para ellos, porque el 90% de estas personas viven en línea de pobreza, becas de estudio, y por supuesto la atención médica permanente y proyectada en el tiempo. Esa es una gran falencia del proyecto, porque no considera el contexto familiar. Las personas no están aisladas. Tienen un grupo familiar, hijos, padre, madre, y para ellos no hay atención psicológica. Eso es algo que se debe mejorar vía indicaciones en el Congreso, porque lamentablemente el Gobierno optó por no hacer participativa la arquitectura de este proyecto”, dijo el experto, quien asume que “es imposible que Chile destruya o desactive al 100% de las minas instaladas en el territorio”.

El Centro Zona Minada, entre otras organizaciones, ha criticado que Chile haya conseguido una prórroga al plazo de su obligación sobre desminado ante la Convención de Otawa, pero sobre todo que las Fuerzas Armadas respondan con evasivas o de modo incompleto a solicitudes de acceso a información pública (Ley 20.285 de Transparencia), además de que las tres ramas castrenses se “autocertifiquen” en el proceso de desminado, sin participación de entes independientes, observadores ciudadanos o universitarios y que se insista en mantener “una actitud cerrada, añeja y nada moderna, que no atiende a parámetros internacionales básicos de participación ciudadana”.

Esto fue respondido por el director de la Comisión Nacional de Desminado del Ejército, coronel Juan Mendoza, quien expresó que “la mayor preparación y capacitación las tienen las instituciones de las Fuerzas Armadas. Todas las áreas en que se está trabajando hoy, son áreas identificadas desde la década de 1970 por las Fuerzas Armadas. Que este trabajo sólo lo haga el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se debe a dos elementos fundamentales. Uno es el conocimiento y otro es el entrenamiento y capacidad técnica que tienen las Fuerzas Armadas. A nosotros nos deja muy tranquilos que hayamos sido visitados por la Comisión de Desminado de Ginebra, que ha destacado nuestra transparencia. Indudablemente que pueden haber perspectivas distintas”, adujo el uniformado para descartar la inclusión de observadores independientes.

De un total de 181.824 minas sembradas en Chile, se han destruido 67.371 (37.05%). Para completar esta tarea, el Estado debe gastar entre 4 y 5 millones de dólares anuales hasta el año 2020, en las tareas que realizan 300 militares. La desactivación una sola mina antipersonal o antitanque cuesta de 30 a 60 dólares.-