Siete mil millones de pesos para financiar becas a estudiantes de la Universidad del Mar, en proceso de cierre, incluye la Ley de Presupuesto para 2014.
Los estudiantes se mostraron preocupados por la situación de quienes no han sido trasladados aún, así como de que sólo existen recursos para el próximo año.
Los dirigentes estudiantiles hicieron ver su incertidumbre a la ministra Carolina Schmidt, quien asistió a la Comisión Investigadora sobre el Lucro, espacio en el que parlamentarios de todos los sectores se comprometieron a velar porque se mantengan las glosas presupuestarias para esta materia en los próximos años.
Marta Molina, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, sede San Fernando, señaló a Radio Universidad de Chile, que el Mineduc dio recién un buen primer paso, pero que el Estado tiene una gran deuda de la cual debe hacerse cargo quien llegue a La Moneda.
“Este ministerio ha dado el primer paso en la solución de algunos alumnos, pero quedan más de tres mil que están matriculados en la Universidad del Mar y todavía no tienen solución y hay más de siete mil alumnos, entre desertores y reubicados, que tampoco tienen solución y que necesitan una respuesta tanto del gobierno de turno como del Estado de Chile ante la problemática que se generó con la Universidad del Mar. Nosotros no solamente pedimos que se mantengan los presupuestos, sino que se les dé una solución integral a todos los alumnos de la Universidad y no solamente a la sede centro sur, que es la única que tiene convenio”, expresó.
Cabe recordar que la situación de la Universidad del Mar, sobre la cual recayó un decreto de cierre, es sólo el caso más emblemático de una serie de denuncias, acerca de vulneración de la ley por parte de instituciones privadas, lo que incluso llevó a cuestionar a la Comisión Nacional de Acreditación, instancia sobre la que además pesan acusaciones de corrupción, teniendo incluso a su ex presidente Luis Eugenio Díaz procesado por la justicia.
Es por esto que el diputado UDI, Romilio Gutiérrez, destacó la aprobación por parte de la sala del informe de la comisión que investigó a la CNA.
“La Comisión Investigadora propone reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones y carreras de educación superior. Dada la urgencia de legislar en esta materia en el presente año, resulta indispensable explorar algunos contenidos básicos para formular un proyecto de ley corta. En ese orden, esta comisión propone, por ejemplo, reducir los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación a siete miembros, elegidos por el sistema de alta dirección pública y con dedicación exclusiva. Asegurar que este organismo cuente con los recursos necesarios para tener los equipos técnicos y humanos que le permitan ejercer de manera correcta sus funciones”, aseguró.
La aprobación de este informe que propone hacer obligatoria la acreditación, estableciendo sanciones a quienes no cumplan con los parámetros fijados por ley, coincide con la votación favorable este miércoles, en su primer trámite en el Senado, del proyecto gubernamental de Agencia Nacional de Acreditación.
La Cámara Alta fijó como plazo el 10 de diciembre para presentar indicaciones, lo que abre la posibilidad de conciliar en el debate legislativo la iniciativa del Ejecutivo con el informe de los diputados.