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Nuevo accidente con minas antipersonales reabre debate por reparación a las víctimas

Un joven de 21 años perdió su pie debido a la explosión de una mina antipersonal en la frontera de Chile y Perú. Esto reactivó el debate sobre los avances en el proceso de desminado en el norte y sur del país, así como la reparación a las víctimas y la educación sobre un tema que acumula cientos de estos casos.

Paula Correa

  Viernes 4 de octubre 2013 20:12 hrs. 
minas


Este jueves un joven colombiano perdió su pie derecho intentando llegar hasta Arica desde Perú  a través de un paso no habilitado, cuando piso un explosivo. Pese al daño sufrido, el hombre llegó por sus propios medios hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, desde donde luego fue trasladado al Hospital Regional.

Este sería el tercer caso en lo que va del año por la acción de las minas antipersonales. Por parte del Perú, un grave incumplimiento a la convención de Ottawa, ya que no se está informando los riesgos a los ciudadanos que transitan desde su país a Chile. Aun así, hace pocos  días la ministra de Relaciones Exteriores Eda Rivas, en su exposición al Congreso señaló que luego “de haberse superado el tema del desminado en la frontera sur, Perú espera con Chile una relación civilizada, madura, respetuosa”.

Eso irritó a los migrantes del vecino país. Rodolfo Noriega del Comité de Refugiados Peruanos, afirmó que los intereses de Perú no pasan por hacerse cargo de situaciones humanitarias tan serias como estas.

“El desminado es un tema que no les interesa resolver hoy en día. En este momento lo que les interesa es el fallo de La Haya, eso es su prioridad internacional y no la van a poner en juego por la situación de la seguridad de los inmigrantes ni por tener una línea de concordia que realmente sea de concordia, sino una línea de conflicto. Es una inmoralidad, los costos humanos del tema de la migración irregular son altísimos”, expresó.

Para Noriega se debe hacer un trabajo real para avanzar hacia establecer de forma segura el derecho de libre tránsito, un asunto que ambos países no están cumpliendo.

En el caso de Chile incluso fue necesario pedir una prórroga a los diez años de la Convención de Ottawa ya que nuestro país registraba sólo un 20 o 25 por ciento de avance en el retiro de las minas, lo que es preocupante considerando que la Comisión Nacional de Desminado cuenta con un presupuesto de cinco mil millones de pesos para estos fines, administrados únicamente por el Ejército.

En cuanto a la reparación de las víctimas, después de meses desde su primer anuncio en febrero del año 2012, ingresó al Congreso un proyecto de ley que se hace cargo de indemnizarlas. El director del Centro Zona minada, Elir Rojas, si bien valoró la entrega del bono de reparación y la entrega de atención médica, señaló que sigue siendo insuficiente ante los daños que causan los explosivos.

“Sobrevivientes especialmente han pedido, esto es un proyecto que viene desde el año 2006, para ellos es fundamental tener una atención, algo que los sustente económicamente en el tiempo. No compensan las bajas pensiones, aquí hay personas que perdieron sus piernas o están ciegos desde los tres años de edad y tienen una pensión de 80 mil pesos”, denunció.

Rojas añadió también que se debe trabajar en Educación sobre el riesgo de vida para prevenir incidentes, e informar constantemente. Además, indicó que el sur constituye un desafío ya que allí existen numerosos residuos de explosivos de guerra. Si bien hace pocos días los gobiernos chileno y argentino planificaron un trabajo conjunto de desminado en Punta Arenas y Magallanes, las organizaciones están incrédulas de los avances, dado que no hay control y las autoridades sólo “auto-certifican sus procesos”.

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