Desde su inicio el proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos generó un gran conflicto entre las comunidades y líderes activistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en Bolivia y el gobierno de Evo Morales. La construcción del segundo tramo que vincularía el departamento de Cochabamba y Beni desató una serie de protestas caracterizadas por la violencia y agresión de la policía estatal hacia líderes de las comunidades indígenas, aumentando, de este modo la tensión y controversia rodeando el tema.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos forma parte de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA), un proyecto internacional que busca conectar 12 países sudamericanos. Culminar este segundo tramo, que atravesaría el corazón del TIPNIS, según el presidente Evo Morales, “no sólo facilitaría el comercio entre los países más cercanos a Bolivia, sino que también fomentaría la integración social entre los pueblos originarios del TIPNIS y las demás comunidades que lo rodean”. Los beneficios económicos que generaría la carretera afirma el gobierno, permitiría mantener y aumentar todos los programas sociales y beneficios que se han ido implementando hasta ahora. Por otro lado, en un reportaje publicado recientemente por la BBC, el máximo mandatario boliviano asegura que se tomaran las medidas necesarias para causar el menor daño posible al medioambiente, una de las grandes preocupaciones de los pueblos originarios.
Pero a pesar de sus declaraciones optimistas las comunidades del TIPNIS se niegan a la construcción de la carretera, declarando que la construcción del segundo tramo quebranta la “ley corta 180 del TIPINS”, promulgada por el mismo Evo Morales en el año 2011. La ley declara al TIPNIS intangible y prohíbe la construcción de cualquier ámbito vial en el parque. Más aun el informe elaborado por el Centro de Documentación Bolivia (CEDIB) indica que la construcción de la carretera alteraría y dañaría el ecosistema y la biodiversidad de la región. Como resultado, este hecho afectaría directamente la sostenibilidad de las comunidades indígenas Chiman, Yurucare y Moxos. Elizabeth Lopez asesora del CONAMAQ afirma que “si el trazo original de la carretera se mantiene y atraviesa el corazón del TIPNIS, el impacto sobre las poblaciones que habitan la región, primero alterando directamente su forma de vida (hasta ahora muy adaptada al ecosistema), lo que supone cambiar su base económica basada en la agricultura de subsistencia, caza, pesca, recolección, además de actividades complementarias como la artesanía y la venta de cuero de saurios o el cacao”. Igualmente, los líderes indígenas de la CIDOB, CIPB, COB, entre otras organizaciones, temen que las corporaciones transnacionales, como la brasileña Petrobras y otras, contaminen el medio ambiente mediante la explotación de gas y petróleo.
Hasta el momento los esfuerzos de las comunidades y organizaciones indígenas han logrado aplazar la medida y forzar al presidente a sentarse a dialogar con los movimientos sociales. Sin embargo, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo. Varios reportajes publicados por la revista North American Congress on Latin America (NACLA) aseguran que el problema no se resolverá hasta después de las elecciones del 2014, ya que intensificar el conflicto pondría en peligro la reelección de Evo Morales.
En su revisión crítica del conflicto, la analista de política latinoamericana, Isabel Rauber, indica que el problema de la carretera refleja más que un conflicto de intereses económicos. “No son los discursos, ni los programas, ni las metodologías, ni los “buenos” gobernantes, ni los propósitos, los que hacen viable los procesos revolucionarios o revolucionarios a los procesos. Son los sujetos, los hombres y las mujeres del pueblo que sueñan y anhelan un mundo mejor y crean las alternativas para ello en sus prácticas cotidianas, proyectándolas desde ahí hacia la dinámica social toda. En tal sentido, lo acontecido puede fortalecer –recuperación crítica y autocrítica mediante, el proceso de construcción del Estado plurinacional, intercultural y descolonizado de Bolivia. He aquí otra significación de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo: el conflicto abre oportunidades para conocer lo que en momentos “normales” (de predominio de la engañosa homogeneidad capitalista) de la vida social permanece sumergido, oculto al conocimiento, al pensamiento y a la acción política”. Es evidente que llegar a un acuerdo será difícil, dado que los afectados serian muchos.
Ciertamente, sea cuál sea la decisión final el gobierno y los movimientos sociales se encuentran en un impasse que afecta de manera similar a otro países latinoamericanos con economías extractivistas: si la carretera no se construye algunos de los proyectos sociales que benefician a la mayoría boliviana se verían afectados, pero si Evo Morales construye la carretera ignorando las demandas del movimiento indígena su reputación internacional como defensor de los derechos de los pueblos originarios podría verse afectada.
Desde su inicio el proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos generó un gran conflicto entre las comunidades y líderes activistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en Bolivia y el gobierno de Evo Morales. La construcción del segundo tramo que vincularía el departamento de Cochabamba y Beni desató una serie de protestas caracterizadas por la violencia y agresión de la policía estatal hacia líderes de las comunidades indígenas, aumentando, de este modo la tensión y controversia rodeando el tema.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos forma parte de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA), un proyecto internacional que busca conectar 12 países sudamericanos. Culminar este segundo tramo, que atravesaría el corazón del TIPNIS, según el presidente Evo Morales, “no sólo facilitaría el comercio entre los países más cercanos a Bolivia, sino que también fomentaría la integración social entre los pueblos originarios del TIPNIS y las demás comunidades que lo rodean”. Los beneficios económicos que generaría la carretera afirma el gobierno, permitiría mantener y aumentar todos los programas sociales y beneficios que se han ido implementando hasta ahora. Por otro lado, en un reportaje publicado recientemente por la BBC, el máximo mandatario boliviano asegura que se tomaran las medidas necesarias para causar el menor daño posible al medioambiente, una de las grandes preocupaciones de los pueblos originarios.
Pero a pesar de sus declaraciones optimistas las comunidades del TIPNIS se niegan a la construcción de la carretera, declarando que la construcción del segundo tramo quebranta la “ley corta 180 del TIPINS”, promulgada por el mismo Evo Morales en el año 2011. La ley declara al TIPNIS intangible y prohíbe la construcción de cualquier ámbito vial en el parque. Más aun el informe elaborado por el Centro de Documentación Bolivia (CEDIB) indica que la construcción de la carretera alteraría y dañaría el ecosistema y la biodiversidad de la región. Como resultado, este hecho afectaría directamente la sostenibilidad de las comunidades indígenas Chiman, Yurucare y Moxos. Elizabeth Lopez asesora del CONAMAQ afirma que “si el trazo original de la carretera se mantiene y atraviesa el corazón del TIPNIS, el impacto sobre las poblaciones que habitan la región, primero alterando directamente su forma de vida (hasta ahora muy adaptada al ecosistema), lo que supone cambiar su base económica basada en la agricultura de subsistencia, caza, pesca, recolección, además de actividades complementarias como la artesanía y la venta de cuero de saurios o el cacao”. Igualmente, los líderes indígenas de la CIDOB, CIPB, COB, entre otras organizaciones, temen que las corporaciones transnacionales, como la brasileña Petrobras y otras, contaminen el medio ambiente mediante la explotación de gas y petróleo.
Hasta el momento los esfuerzos de las comunidades y organizaciones indígenas han logrado aplazar la medida y forzar al presidente a sentarse a dialogar con los movimientos sociales. Sin embargo, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo. Varios reportajes publicados por la revista North American Congress on Latin America (NACLA) aseguran que el problema no se resolverá hasta después de las elecciones del 2014, ya que intensificar el conflicto pondría en peligro la reelección de Evo Morales.
En su revisión crítica del conflicto, la analista de política latinoamericana, Isabel Rauber, indica que el problema de la carretera refleja más que un conflicto de intereses económicos. “No son los discursos, ni los programas, ni las metodologías, ni los “buenos” gobernantes, ni los propósitos, los que hacen viable los procesos revolucionarios o revolucionarios a los procesos. Son los sujetos, los hombres y las mujeres del pueblo que sueñan y anhelan un mundo mejor y crean las alternativas para ello en sus prácticas cotidianas, proyectándolas desde ahí hacia la dinámica social toda. En tal sentido, lo acontecido puede fortalecer –recuperación crítica y autocrítica mediante, el proceso de construcción del Estado plurinacional, intercultural y descolonizado de Bolivia. He aquí otra significación de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo: el conflicto abre oportunidades para conocer lo que en momentos “normales” (de predominio de la engañosa homogeneidad capitalista) de la vida social permanece sumergido, oculto al conocimiento, al pensamiento y a la acción política”. Es evidente que llegar a un acuerdo será difícil, dado que los afectados serian muchos.
Ciertamente, sea cuál sea la decisión final el gobierno y los movimientos sociales se encuentran en un impasse que afecta de manera similar a otro países latinoamericanos con economías extractivistas: si la carretera no se construye algunos de los proyectos sociales que benefician a la mayoría boliviana se verían afectados, pero si Evo Morales construye la carretera ignorando las demandas del movimiento indígena su reputación internacional como defensor de los derechos de los pueblos originarios podría verse afectada.
Desde su inicio el proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos generó un gran conflicto entre las comunidades y líderes activistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en Bolivia y el gobierno de Evo Morales. La construcción del segundo tramo que vincularía el departamento de Cochabamba y Beni desató una serie de protestas caracterizadas por la violencia y agresión de la policía estatal hacia líderes de las comunidades indígenas, aumentando, de este modo la tensión y controversia rodeando el tema.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos forma parte de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA), un proyecto internacional que busca conectar 12 países sudamericanos. Culminar este segundo tramo, que atravesaría el corazón del TIPNIS, según el presidente Evo Morales, “no sólo facilitaría el comercio entre los países más cercanos a Bolivia, sino que también fomentaría la integración social entre los pueblos originarios del TIPNIS y las demás comunidades que lo rodean”. Los beneficios económicos que generaría la carretera afirma el gobierno, permitiría mantener y aumentar todos los programas sociales y beneficios que se han ido implementando hasta ahora. Por otro lado, en un reportaje publicado recientemente por la BBC, el máximo mandatario boliviano asegura que se tomaran las medidas necesarias para causar el menor daño posible al medioambiente, una de las grandes preocupaciones de los pueblos originarios.
Pero a pesar de sus declaraciones optimistas las comunidades del TIPNIS se niegan a la construcción de la carretera, declarando que la construcción del segundo tramo quebranta la “ley corta 180 del TIPINS”, promulgada por el mismo Evo Morales en el año 2011. La ley declara al TIPNIS intangible y prohíbe la construcción de cualquier ámbito vial en el parque. Más aun el informe elaborado por el Centro de Documentación Bolivia (CEDIB) indica que la construcción de la carretera alteraría y dañaría el ecosistema y la biodiversidad de la región. Como resultado, este hecho afectaría directamente la sostenibilidad de las comunidades indígenas Chiman, Yurucare y Moxos. Elizabeth Lopez asesora del CONAMAQ afirma que “si el trazo original de la carretera se mantiene y atraviesa el corazón del TIPNIS, el impacto sobre las poblaciones que habitan la región, primero alterando directamente su forma de vida (hasta ahora muy adaptada al ecosistema), lo que supone cambiar su base económica basada en la agricultura de subsistencia, caza, pesca, recolección, además de actividades complementarias como la artesanía y la venta de cuero de saurios o el cacao”. Igualmente, los líderes indígenas de la CIDOB, CIPB, COB, entre otras organizaciones, temen que las corporaciones transnacionales, como la brasileña Petrobras y otras, contaminen el medio ambiente mediante la explotación de gas y petróleo.
Hasta el momento los esfuerzos de las comunidades y organizaciones indígenas han logrado aplazar la medida y forzar al presidente a sentarse a dialogar con los movimientos sociales. Sin embargo, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo. Varios reportajes publicados por la revista North American Congress on Latin America (NACLA) aseguran que el problema no se resolverá hasta después de las elecciones del 2014, ya que intensificar el conflicto pondría en peligro la reelección de Evo Morales.
En su revisión crítica del conflicto, la analista de política latinoamericana, Isabel Rauber, indica que el problema de la carretera refleja más que un conflicto de intereses económicos. “No son los discursos, ni los programas, ni las metodologías, ni los “buenos” gobernantes, ni los propósitos, los que hacen viable los procesos revolucionarios o revolucionarios a los procesos. Son los sujetos, los hombres y las mujeres del pueblo que sueñan y anhelan un mundo mejor y crean las alternativas para ello en sus prácticas cotidianas, proyectándolas desde ahí hacia la dinámica social toda. En tal sentido, lo acontecido puede fortalecer –recuperación crítica y autocrítica mediante, el proceso de construcción del Estado plurinacional, intercultural y descolonizado de Bolivia. He aquí otra significación de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo: el conflicto abre oportunidades para conocer lo que en momentos “normales” (de predominio de la engañosa homogeneidad capitalista) de la vida social permanece sumergido, oculto al conocimiento, al pensamiento y a la acción política”. Es evidente que llegar a un acuerdo será difícil, dado que los afectados serian muchos.
Ciertamente, sea cuál sea la decisión final el gobierno y los movimientos sociales se encuentran en un impasse que afecta de manera similar a otro países latinoamericanos con economías extractivistas: si la carretera no se construye algunos de los proyectos sociales que benefician a la mayoría boliviana se verían afectados, pero si Evo Morales construye la carretera ignorando las demandas del movimiento indígena su reputación internacional como defensor de los derechos de los pueblos originarios podría verse afectada.
